El Tribunal de Cuentas decidirá antes de Navidad si suspende el juicio del 1-O
La tramitación de la ley de amnistía puede parar el procedimiento. La Fiscalía y Societat Civil Catalana ya han notificado su oposición
La consejera del Tribunal de Cuentas (TCu) a cargo del procedimiento que juzga a una treintena de exaltos cargos catalanes por el presunto desvío de dinero público para organizar el referendum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern puede pronunciarse sobre la suspensión del juicio antes de las vacaciones de Navidad.
Así lo ha confirmado el abogado de Societat Civil Catalana, Juan Chapapría, a Confidencial Digital que ha explicado que el TCu le trasladó hace una semana que podrían tener una respuesta antes del viernes 22 de diciembre.
Asimismo, Chapapría, que representa a la acusación particular, ha asegurado que según su valoración jurídica y "siguiendo los plazos por los que siempre se ha movido el Tribunal en este procedimiento", considera que antes de fin de año tendrían la resolución.
De esta manera, ha apuntado, podrían emplazar a las partes a la vuelta de las vacaciones para presentar las conclusiones.
Tanto la Fiscalía como SCC ya han anunciado que se oponen a la suspensión, mientras que las defensas se han manifestado a favor.
El tiempo corre
El abogado Fransec Homs, que representa a distintos afectados de este procedimiento -como Artur Mas o Jordi Turull-, ha avisado de que hay precedentes de otros casos en los que, por ejemplo, al tramitarse una reforma del código penal, se han suspendido. Pero el letrado señala que también se puede argumentar lo contrario al considerar que se trata de algo “prematuro”, como han argumentado las acusaciones.
En todo caso, el tiempo corre. Homs recuerda que el día del juicio, el pasado 17 de noviembre, la proposición de la ley de amnistía aparecía en el registro del Congreso. A día de hoy, no solamente ya está cualificada por la mesa del Congreso sino que ya se ha tomado en consideración una votación y “no hay duda de la voluntad" de la cámara baja.
El TCu ya rechazó la petición de suspensión
La sesión del pasado 17 de noviembre, que duró menos de dos horas, se celebró después de que la consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, rechazara la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y del resto de encausados de ERC de suspenderla por la proposición de ley de la amnistía.
Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí también solicitaron antes incluso que los de ERC que no se celebrara la vista porque consideraban que primero debía haber una resolución penal firme, pero el TCu desestimó la petición.
35 excargos del Govern
Según explica Europa Press, en esta causa la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 excargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.
Entre los 35 nombres consta --además de Puigdemont-- el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están encausados nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
