El TS investiga a Puigdemont por terrorismo y pone en peligro la amnistía
Avala los argumentos del juez García-Castellón y rechaza la posición de la teniente fiscal, que no vio indicios suficientes contra el ex presidente del Govern de Cataluña
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, actual eurodiputado, y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso 'Tsunami Democràtic'.
Según ha informado el alto tribunal, se ha designado instructora conforme al turno establecido a la magistrada Susana Polo.
Los magistrados concluyen que respecto a estos dos aforados es "necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Diligencia de investigación que no puede realizar el instructor, sino solo esta Sala Segunda por tratarse de aforados".
El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados.
En un auto, notificado este jueves, también declara la falta de competencia de la Sala para instruir y, en su caso, juzgar a las otras 10 personas investigadas que no son aforadas al no advertirse la unidad inescindible de comportamiento que exige la propia Sala para aceptar la competencia respecto a no aforados.
Amnistía
Esta decisión del Supremo complica que la Ley de Amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, después de que Junts frenara su aprobación, libre a Puigdemont de todas las investigaciones que pesan sobre él.
El PSOE admitió incluir entre los delitos a amnistiar los de terrorismo, salvo aquellos que hubieran supuesto “violaciones graves de derechos humanos”.
La inclusión de los delitos de terrorismo en el listado de tipos penales que dejará impune esa ley era necesaria para beneficiar a Carles Puigdemont, a Marta Rovira (ERC), al diputado autonómico Rubén Wagensberg y a otros señalados en la investigación de la Audiencia Nacional sobre el movimiento 'Tsunami Democràtic', que dirigió las protestas, cortes de carretera, y el asalto al Aeropuerto de El Prat después de que se conociera la condena del Supremo a los cabecillas de la intentona secesionista de 2017.
Miembros del Gobierno de Sánchez se han pronunciado públicamente sobre el asunto, asegurando que no hubo terrorismo en el procés.
Los fiscales
El Supremo ha abierto causa penal por terrorismo contra Puigdemont con la posición en contra de la teniente fiscal del tribunal.
María Ángeles Sánchez-Conde presentó el informe final en el que se opuso a que en la causa de 'Tsunami Democràtic' se investigara por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont por su presunta implicación en los disturbios atribuidos a la plataforma independentista en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del 'procés'.
Pidió que se devolviera a la Audiencia Nacional la causa de 'Tsunami Democràtic' al considerar que no había indicios suficientes contra Puigdemont y Wagensberg.
Sánchez-Conde se alineó con el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo --quien ha estado a cargo de la causa-- y del fiscal del Supremo Álvaro Redondo --quien presentó un primer informe ante la junta de fiscales de la sección primera de la Sala de lo Penal del TS que fue desestimado por mayoría--.
Fue el pasado 6 de febrero, cuando 15 miembros de dicha junta apreciaron, por 11 votos frente a 4, que había indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg --ambos aforados-- y, por 12 a 3, que puede haber delitos de terrorismo.
De esta forma, tumbaron el informe redactado por Redondo, que por contra entendió que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont y Wagensberg, y tampoco apreció delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños.
Sin embargo, los dos presidentes de la sección primera, Fidel Cadena --uno de los cuatro fiscales del juicio del 'procés'-- y Joaquín Sánchez-Covisa, mostraron posturas enfrentadas: el primero en contra del informe de Redondo y el segundo a favor, lo que propició que fuese su superior jerárquica, Sánchez-Conde, quien tuviese que resolver el conflicto unificando el criterio de la Fiscalía en este asunto.
Para redactar su informe, Sánchez-Conde reclamó a los fiscales del Supremo que se mostraron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo que le facilitaran un documento que recogiese sus conclusiones. Cadena ha presentado el informe de 14 folios en el que defiende la necesidad de imputar al expresidente catalán toda vez que la exposición razonada del juez le señala como líder "absoluto" de 'Tsunami Democrátic' por su "patrocinio intelectual y ético".
