La Fiscalía se opone a la petición de indulto de Griñán por los ERE pues cometió delitos muy graves

La Fiscalía ha remitido diferentes escritos a la Audiencia de Sevilla, en los que se opone finalmente a las peticiones de indulto formuladas por el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y siete ex responsables más de la Administración regional condenados a penas de cárcel por malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, de cara al pronunciamiento que dicha instancia judicial debe emitir sobre tales peticiones de indulto ante el Ministerio de Justicia, que ha de adoptar una decisión al respecto.

Según la Fiscalía, "el examen detenido de los argumentos esgrimidos en cada uno de los apartados para justificar la solicitud de indulto parcial de las penas impuestas en sentencia, petición sustentada en razones de justicia y equidad previstas en el artículo 11 de la ley del indulto, revela que ninguna de ellas guarda relación con la naturaleza y finalidad del instituto del indulto y su norma reguladora".

"La conducta enjuiciada no puede quedar sin respuesta punitiva mediante la conmutación parcial de la pena privativa de libertad impuesta, pretensión que excede del carácter excepcional que configura la gracia de indulto. En este escenario, los fines retributivos, de prevención y rehabilitación de las penas no justifican, ni permiten la concesión de un indulto parcial", determina el Ministerio Público.

Además, la Fiscalía señala que las razones de justicia y equidad presentadas por su defensa no guardan relación con la normativa que fundamenta el indulto. Durante el mandato de Griñán (2009-2013) «se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones de euros», recalca Anticorrupción.

Los fiscales señalan que los delitos por los que fue condenado -prevaricación y malversación- «no requieren un enriquecimiento económico propio», y citan la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las condenas del caso ERE: «No se exige el lucro personal del sustractor, sino su actuación con ánimo de cualquier beneficio, incluso no patrimonial, que existirá, aunque la intención de lucrar se refiera al beneficio de un tercero».