La intención del Gobierno de retrasar la jura de la princesa Leonor provoca discrepancias entre los constitucionalistas
Algunos expertos consideran que el acatamiento de Felipe de Borbón sentó precedente y obliga a que el acto se celebre el día en que la heredera alcance la mayoría de edad
- El precedente de Felipe obliga a que sea el 31 de octubre
- No vinculante
- "Fuente de derecho"
- La flexibilidad del artículo 61.2 permite retrasar la jura
- Retrasar o adelantar las elecciones
- Jurar ante la diputación permanente
La fecha de la jura de la Constitución por la Princesa Leonor con motivo de la mayoría de edad, que alcanzará el próximo 31 de octubre, al cumplir 18 años, provoca diversidad de opiniones entre los juristas expertos en Derecho Constitucional.
El artículo 61.2 a Carta Magna expresa que la jura debe producirse "al alcanzar la mayoría de edad".
La princesa cumplirá 18 años en un día en que, en principio, las Cortes deberían estar disueltas por la convocatoria de elecciones generales, y la intención del Gobierno, según han publicado distintos medios, es retrasar la jura hasta después de los comicios.
Sin embargo, la interpretación no está clara y los constitucionalistas consultados por Confidencia Digital difieren en cuanto al criterio a seguir: unos consideran que la Constitución obliga a que la jura se produzca el mismo día en que se alcance la mayoría de edad, es decir, el 31 de octubre, pero otros opinan que la redacción del artículo permite una interpretación laxa y cabría celebrar el acto después de la cita electoral.
El precedente de Felipe obliga a que sea el 31 de octubre
El letrado del Congreso de los Diputados Manuel Delgado Iribarren considera que la Constitución establece que la princesa debe jurar la Carta Magna el día de su cumpleaños.
En un escrito del pasado septiembre, elaborado a petición de algunos diputados, afirma: "Conforme a los precedentes existentes, debería producirse en sesión solemne conjunta de las Cámaras el mismo 31 de octubre de 2023".
La jura de Felipe de Borbón se produjo el día de su cumpleaños, el 30 de enero de 1986, y ese precedente obliga -en opinión de Delgado- a que el acto de la princesa Leonor tenga que celebrarse el mismo día en el que cumplirá la mayoría de edad.
No vinculante
Fuentes de la presidencia del Congreso de los Diputados, consultadas por Confidencial Digital, matizan que el dictamen elaborado por ese letrado "no es un informe", "ni es oficial, ni lo pidió la presidenta", por lo que tampoco es vinculante de ningún modo.
Uno de los principales problemas que destacan los constitucionalistas reside en que la Constitución es la única norma que regula la institución de la Corona. Si los artículos son ambiguos, no existe ley orgánica que pueda desarrollarla, porque queda en manos de la interpretación que se haga de la Carta Magna.
"Fuente de derecho"
En esta línea, el ex letrado de Las Cortes, y doctor en Derecho, Luis Cazorla Prieto considera que, ante lo escueto del mandato constitucional, la jura del actual rey sentó un precedente fundamental y válido jurídicamente.
Es decir. El artículo 61.2, en opinión de Cazorla, requiere un "complemento" que determine aspectos protocolarios del juramento. Esto se materializó con la jura de Felipe de Borbón, donde todo se "analizó y concretó" para determinar el proceder de la ceremonia y, por ello, "debe respetarse". Esto incluye la propia fecha en que se produjo: el mismo día en que alcanzó los 18 años
Así lo explicó en la apertura del Curso Académico 2021-2022 de la Real Academia de Jurisprudencia: "Los actos gracias a los cuales tuvo lugar el juramento del entonces Príncipe heredero don Felipe de Borbón y Grecia, y que culminaron en la sesión de los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado reunidos en Cortes Generales celebrada el 30 de enero de 1986, han conformado una costumbre constitucional y parlamentaria, fuente no escrita de Derecho".
La flexibilidad del artículo 61.2 permite retrasar la jura
En contraposición, hay expertos que no están de acuerdo con lo afirmado por Delgado y Cazorla. Joaquín Urías, ex letrado del Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, considera que "no es obligatorio" que la princesa Leonor jure el mismo 31 de octubre. "Debe firmar con la mayoría de edad, pero no exige que sea exactamente el mismo día", añade.
Del mismo modo, María Garrote, doctora en Derecho Constitucional y profesora en esta materia en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), considera que el articulado de la Constitución permite una interpretación amplia, y que, por tanto, cabe entender que el acto puede celebrarse después del cumpleaños de la Princesa de Asturias. La doctora señala que el acto de Felipe VI "es un precedente", pero "no obligatorio".
José María Codes, doctor en Derecho y letrado de Las Cortes, se inclina también por la posibilidad de retrasar la fecha de la jura. No obstante, en un artículo titulado "El juramento de la princesa doña Leonor de Borbón y Ortiz: aspectos constitucionales y parlamentarios", en el que responde al discurso de Cazorla, Codes coincide en que la jura que realizó en su día el actual monarca sentó un precedente jurídico, si bien se inclina por considerar que la norma sí permite que la Princesa Leonor jure la Constitución después, una vez terminado el periodo electoral.
Retrasar o adelantar las elecciones
La solución que propone Cazorla va más allá. Dado que considera obligatorio que la Princesa Leonor jure la Carta Magna el día que cumple la mayoría de edad, da prioridad al juramento de la Constitución frente a la convocatoria electoral. Es decir, considera que las elecciones deberían retrasarse lo máximo posible para hacerlo posible, o bien adelantarse al 31 de octubre.
Garrote, por su parte, lo considera una "solución forzada", porque "obliga al presidente del Gobierno a someter la disolución de las Cortes (una decisión exclusiva del jefe del Ejecutivo) a una eventualidad ajena a la mera oportunidad política, que es lo que marca la disolución de las Cámaras por los Presidentes", argumenta la profesora.
Jurar ante la diputación permanente
En caso de que el juramento se realizase el 31 de octubre, en principio el Congreso de los Diputados y el Senado estarían disueltos, porque las cámaras deben cesar, como tarde, 25 días antes de que termine su mandato, que finaliza el 10 de noviembre, pues las últimas elecciones generales se celebraron en esa fecha del año 2019. Por lo que se disolverían a mitad de octubre y no se constituirían de nuevo que se celebren las elecciones y se conforme el nuevo Parlamento.
En consecuencia, y con toda probabilidad, la Cámara Alta y la Cámara Baja estarán disueltas. La Diputación Permanente es el órgano encargado del funcionamiento de ambas mientras se encuentran cerradas, y celebrar el acto de jura podría suponer un problema, según María Garrote. "De realizarse el juramento ante la Diputación Permanente, un órgano coyuntural, el acto perdería solemnidad", afirma la profesora de la UCM.
Pero, además, vislumbra otro conflicto. "La Constitución prevé que todo lo que tiene que ver con la Corona ha de realizarse en una sesión conjunta del Congreso y el Senado. Sin embargo, ningún reglamento prevé esa sesión conjunta cuando ambas cámaras están bajo el control de la Diputación Permanente. Podría tacharse de ilegítimo y sería algo totalmente de nuevas", advierte Garrote.
El ex letrado del TC Joaquín Urías no comparte dicha observación. Considera que sí podría celebrarse el acto ante la Diputación Permanente, si bien puntualiza: "Lo ideal sería una sesión extraordinaria", a la que asistiesen los parlamentarios. "Y se puede convocar", añade Urías.
