El general de la Brigada ‘Guadarrama’ XII no denunció que un soldado tuvo un accidente con un TOA una noche en El Goloso y la juez propone imputarle
La titular del Juzgado Togado Militar Territorial nº 11 considera que el jefe de la unidad podría haber infringido el Código Penal Militar por no informar a la justicia sobre el incidente. La fiscalía se opone a esa acusación
- La Fiscalía, en contra
- Daños en material de guerra
- Qué hicieron los mandos
- Un mimeta con sangre en la camareta
- Consulta a la asesoría jurídica de Aragón
- Objetivo: minimizar el caso
- Sin imágenes de las cámaras de seguridad
- Los mandos perjudicaron la investigación
- Delito del Código Penal Militar
- Quién es competente para instruir
- Sorpresa y enfado entre jurídicos
La titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11, de Madrid, ha propuesto dar cuenta de la presunta infracción del Código Penal Militar por parte del general jefe de la Brigada ‘Guadarrama’ XII del Ejército de Tierra.
La juez togado considera que el general de Brigada Javier Miragaya Prieto no denunció de inmediato ante la justicia un incidente sucedido en la base de El Goloso (Madrid), por el que se investiga si un soldado condujo un vehículo TOA (Transporte Oruga Acorazado) por el interior de la base, sin permiso y de noche, y colisionó accidentalmente contra una arqueta.
Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital, que ha podido saber que la comandante auditor Patricia Moncada, titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11, abrió un sumario por ese incidente hace unos meses y recientemente dictó una providencia en la que señala a ese general de Brigada y a varios oficiales del Ejército de Tierra y del Cuerpo Jurídico Militar.
La Fiscalía, en contra
Antes de tomar una decisión definitiva, la juez togado pidió a la Fiscalía Jurídico Militar que se pronunciara sobre a quién le correspondería la competencia para investigar al general de Brigada jefe de la Brigada ‘Guadarrama’ XII del Ejército de Tierra y a un teniente coronel de la misma brigada, así como a varios oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, pertenecientes a la Sección Jurídica de Aragón del Ejército de Tierra.
Según ha podido saber ECD, la Fiscalía Jurídico Militar informó en contra de deducir testimonio y de citar como investigados al general de Brigada jefe de la Brigada ‘Guadarrama’ XII y al resto de oficiales señalados en la declaración del capitán.
Ahora, la comandante auditor titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11, de Madrid, tiene que tomar una decisión definitiva sobre si continúa adelante o no en su intención de dar cuenta de la presunta infracción del Código Penal Militar por parte de un general y varios oficiales que podrían haber dejado de promover la persecución de delitos de la competencia de la Jurisdicción Militar o que teniendo conocimiento de su comisión no lo denunciaron a la autoridad competente.
ECD se puso en contacto con el Cuartel General del Ejército y con la Brigada ‘Guadarrama’ XII, para saber si al general ya se le había notificado la providencia del Juzgado Togado Militar Territorial número 11 que le señala como posible investigado en este caso.
Desde el Cuartel General del Ejército aseguraron que no tienen constancia de que el general jefe de la Brigada ‘Guadarrama’ XII del Ejército de Tierra haya recibido ninguna notificación.
Daños en material de guerra
La juez togado comenzó hace unos meses a investigar a un soldado de la Brigada ‘Guadarrama’ XII por un presunto delito de daños del artículo 82, en los puntos 1 y 3 del Código Penal Militar:
-- “1. El militar que cometiere los delitos de hurto, robo, apropiación indebida o daños previstos en el Código Penal en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos que tenga bajo su custodia o responsabilidad por razón de su cargo o destino, será castigado con las penas establecidas en el Código Penal para tales delitos impuestas en su mitad superior”.
-- “3. Si se tratare de material de guerra o armamento, cualquiera que fueran su valor y el autor, incluso cuando éste no tenga la condición de militar, se impondrá la pena incrementada en un quinto de su límite máximo”.
Se ha valorado en más de 1.300 euros la arqueta que reventó el vehículo, mientras que el TOA (Transporte Oruga Acorazado), considerado material de guerra, no presenta daños más que en la pintura. Los daños del TOA no han sido cuantificados económicamente.
Qué hicieron los mandos
En el marco del sumario por este suceso, hace unas semanas la juez tomó declaración al capitán jefe de la compañía en la que está destinado el soldado investigado por coger el TOA, circular por la base sin permiso y de noche, y finalmente colisionar, provocándose dos brechas que requirieron atención médica.
Durante la declaración como testigo, el capitán reveló detalles sobre qué hicieron los mandos de la unidad en los primeros momentos tras descubrirse el TOA accidentado, y antes de que se abriera un procedimiento judicial.
Un mimeta con sangre en la camareta
El capitán declaró ante la juez que el teniente coronel jefe del batallón conminó al soldado investigado a que les mostrara su camareta, en la que habitaban más soldados (que no prestaron el consentimiento para tal registro), y le advirtió que si no accedía al registro, se abriría un procedimiento judicial contra él, llegando a utilizar expresiones como que iba a “avisar a la judicial”.
El soldado cedió y los dos oficiales (el teniente coronel y el capitán) entraron a inspeccionar la camareta, en la que no se encontraban todos los moradores de la misma. Hallaron un mimeta (la parte superior del uniforme pixelado) y un gorro con sangre, pero sólo tras un segundo registro y tras presionar nuevamente al soldado, quien no entregó el uniforme al primer requerimiento sino sólo cuando se vio acorralado.
Ante estos hallazgos, cuando le interrogaron directamente por la autoría del siniestro, los oficiales advirtieron al soldado de que con esos restos de sangre, y con los hallados en el vehículo accidentado, podrían confirmar si había sido él el responsable del incidente.
En ese momento, el soldado reconoció ante los dos oficiales y su compañero de camareta que había sido él quien había cogido el TOA.
El teniente coronel jefe del batallón se llevó las prendas con sangre encontradas en la camareta del soldado, sin que éste prestara consentimiento expreso, y las guardó en su despacho.
Durante esta declaración, el capitán también contó que no fue hasta el día anterior a la comparecencia ante la juez cuando el teniente coronel devolvió al soldado el mimeta y el gorro ensangrentados.
Consulta a la asesoría jurídica de Aragón
El capitán desveló otros detalles de interés en su declaración como testigo ante la juez togado.
Contó que el teniente coronel habló con el general jefe de la base de El Goloso, y jefe de la Brigada ‘Guadarrama’ XII. Según su versión, el general de Brigada y el teniente coronel decidieron no dar cuenta del incidente al juzgado o a la Fiscalía Jurídico Militar.
Lo que hicieron fue consultar con la Sección Jurídica del Ejército de Tierra en Aragón. Cabe suponer que acudieron a esa asesoría jurídica debido a que la Brigada ‘Guadarrama’ XII, aunque tiene base en Madrid, se encuadra en la División ‘Castillejos’, cuyo cuartel general se encuentra en Huesca.
Los mandos de la Brigada ‘Guadarrama’ XII que gestionaron el asunto trataron con un comandante auditor y un teniente auditor de la Sección Jurídica del Ejército de Tierra en Aragón.
El capitán declaró que los mandos de la brigada y los oficiales jurídicos acordaron que el caso se tramitara como una infracción disciplinaria. Se comenzaría a investigar cuando el soldado regresara de un permiso que se le había concedido.
Objetivo: minimizar el caso
El capitán que desveló todos estos movimientos de los responsables de la Brigada ‘Guadarrama’ XII explicó que el objetivo era “minimizar” el asunto, ya que no se quería perjudicar demasiado al soldado, que estaba bien considerado en su unidad.
Pero como el expediente disciplinario se inició por una posible falta grave, eso obligó a informar a la Fiscalía Jurídica Militar.
Entonces, el fiscal jefe del Tribunal Militar Territorial Primero decidió dar cuenta del caso al Juzgado Togado Militar Territorial número 11, lo que llevó a paralizar el expediente disciplinario.
Sin imágenes de las cámaras de seguridad
La juez togado que instruye el caso llegó a la conclusión de que el capitán había revelado ciertos detalles de los que hasta entonces la brigada no le había informado. Esa información confirmaría, según la juez, que los mandos trataron de “minimizar” el incidente con el TOA.
Hay que tener en cuenta que el suceso puso al descubierto toda una sucesión de posibles fallos de seguridad, que podrían comprometer a distintas autoridades y servicios de la brigada.
Nadie observó salir de su hangar un vehículo acorazado de 19 toneladas, circular durante aproximadamente medio kilómetro y colisionar con una arqueta del acuartelamiento. Tampoco vio nadie a un soldado herido y sangrando que abandonó la base para ir a urgencias.
Hay que añadir que el vehículo no fue descubierto hasta siete horas después del choque, pese a que se encontraba con el motor arrancado y las luces puestas, sin que lo percibieran las unidades que patrullan y vigilan 24 horas el cuartel.
La juez constató además ciertas circunstancias sobre la actuación de los responsables de la Brigada ‘Guadarrama’ XII. Por ejemplo, destacó que, aunque se grabaron imágenes del suceso por las cámaras de seguridad del interior de la base, esas grabaciones no se habían conservado, perdiéndose así un elemento de prueba relevante.
Durante la instrucción judicial, la juez togado pudo saber que la guardia de seguridad de El Goloso no activó ningún dispositivo cuando las cámaras mostraron un TOA circulando de noche por el interior de la base. Según las investigaciones de la juez, la brigada no abrió ninguna investigación para aclarar por qué no hubo una reacción rápida de los militares de guardia en la base en la noche del incidente.
Los mandos perjudicaron la investigación
Según ha sabido Confidencial Digital, en la providencia en la que recoge las revelaciones del capitán de la compañía a la que pertenecía el soldado, la juez togado dirige reproches muy duros a los mandos de la Brigada ‘Guadarrama’ XII.
Les acusa de no haber informado al juzgado o a la policía judicial del incidente con el Transporte Oruga Acorazado, pese a que -según considera la juez- sabían que lo procedente era dar cuenta de ello, pues se hubieran preservado judicialmente las pruebas y se hubieran evitado los interrogatorios y registros que realizaron en el marco del expediente disciplinario.
Además, apunta que la actuación de los mandos ya ha perjudicado la investigación de forma grave. Sugiere que las prendas manchadas de sangre ya no podrán ser utilizadas como pruebas en el proceso judicial, por la forma en la que fueron intervenidas y guardadas en el despacho del teniente coronel.
Para la juez togado, todo eso muestra que los mandos podrían haber infringido la ley con la idea de “minimizar” el suceso, según su propia decisión “arbitraria”.
Como ya se ha indicado, al no dar cuenta del suceso a la justicia, se evitaba también que se advirtieran los múltiples errores de seguridad acaecidos.
Delito del Código Penal Militar
A la vista de esas conclusiones, la comandante auditor del Juzgado Togado Militar Territorial número 11 pidió un informe al fiscal para deducir testimonio de particulares y acusar al general de Brigada, jefe de la Brigada ‘Guadarrama’ XII del Ejército de Tierra por presuntamente haber cometido una infracción del artículo 80 del Código Penal Militar.
Ese artículo castiga con pena de tres meses y un día a un año de prisión al “militar que, obligado a ello, dejase de promover la persecución de delitos de la competencia de la Jurisdicción Militar o que teniendo conocimiento de su comisión no lo pusiere en inmediato conocimiento de sus superiores, o no lo denunciase a autoridad competente”.
Por la misma infracción acusa al teniente coronel, jefe del batallón, que intervino en la camareta del soldado e informó al general; y a los asesores jurídicos del Ejército de Tierra a los que el general consultó y que, según el capitán, apoyaron que la investigación fuera sólo interna y no se elevara a la justicia militar.
Quién es competente para instruir
La Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar establece en su artículo 141 que, en el marco de las diligencias previas, “si de lo actuado resultaren méritos para proceder a la formación de causa contra persona cuyo fuero impida conocer al Tribunal de quien dependa, el Juez Togado dará inmediata cuenta al mismo”.
De acuerdo con el artículo 34 la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, el conocimiento de delitos cometidos por militares con empleo igual o superior a comandante o capitán de corbeta corresponde a la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central.
En la sede del Tribunal Militar Central existen dos Juzgados Togados Militares Centrales, y según la misma ley, les corresponde la instrucción de los procedimientos penales militares cuyo conocimiento corresponda al Tribunal Militar Central.
Como en esta investigación la juez instructora ha implicado a un general de Brigada, a un teniente coronel y a un comandante, además de a un teniente, se da esa circunstancia de que sean delitos presuntamente cometidos por militares con empleo igual o superior a comandante.
Por tanto, la competencia para instruir el caso podría corresponder a uno de los dos Juzgados Togados Militares Centrales, y no al Juzgado Togado Militar Territorial número 11, que es el que está investigando el incidente con el TOA en la base de El Goloso.
Sorpresa y enfado entre jurídicos
Como ya se ha indicado, en su informe el fiscal jurídico militar se opuso a imputar al general y a los oficiales señalados por la juez togado, quien ahora tiene que tomar una decisión final.
La intención de deducir testimonio contra un general de Brigada por parte de la comandante auditor Patricia Moncada ha resultado sorprendente por el alto empleo del oficial general.
Pero mayor impacto y revuelo entre miembros del Cuerpo Jurídico Militar ha generado que pretenda también imputar a dos asesores jurídicos del Ejército de Tierra.
Fuentes consultadas por Confidencial Digital explican que la actuación de la juez togado ha generado un malestar notable dentro del Cuerpo Jurídico Militar, al que ella misma pertenece.
Dichas fuentes no recuerdan muchos casos de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar que hayan sido imputados en un procedimiento judicial militar, como puede pasar en esta investigación.
