Defensa

Greenpeace recurre al Supremo para que el Gobierno informe de las ventas de armas a Arabia Saudí

El TSJ de Madrid desestimó el primer recurso, alegando que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 contempla la seguridad y la defensa del Estado como límites a la información pública

Pedro Sánchez, rueda de prensa 7 de junio de 2020
photo_camera Pedro Sánchez, rueda de prensa 7 de junio de 2020

El Tribunal Supremo tendrá que decidir si el Gobierno de España debe informar sobre la exportación de armamento militar a países que se encuentran inmersos en conflictos bélicos. La organización pacifista Greenpeace ha recurrido ante el Alto Tribunal, por la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En agosto de 2020 Eldiario.es y Greenpeace revelaron que había localizado “sistemas de mortero españoles Alakran (cuya titularidad pertenece a la empresa NTGS – ahora denominada Ventura Defence-, que es parte del grupo Everis) en manos de miembros de la militarizada guardia de fronteras saudí, que los operaban en la frontera con Yemen”. Ese armamento “fue vendido con autorización del Gobierno español en 2018”.

Por ello, la ONG pacifista pidió al Gobierno de España conocer cómo y por qué se autorizaron las exportaciones de morteros Alakran a Arabia Saudí.

El Ejecutivo denegó la petición, alegando que la información tiene la calificación de “Clasificado”, según la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968 por el régimen de Franco y que aún está en vigor.

Ante esa negativa, Greenpeace presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitando que obligara al Gobierno a facilitarle la información. El recurso fue denegado: el TSJM señaló en su sentencia que “el derecho a obtener información de la Administración tiene como límite la seguridad y defensa del Estado”.

La ONG pacifista lamenta también que el tribunal “mete en el mismo saco de ese límite los intereses comerciales privados de la filial de Everis, poniéndolos por encima del derecho fundamental a la información y del propio derecho a la vida de las personas potencialmente afectadas por este armamento en Yemen”.

Así que Greenpeace continúa la batalla y ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo. La asociación critica que “el Gobierno progresista de 2021 está muy cómodo con una ley franquista de 1968 porque pueden ocultar información a la ciudadanía y evitar rendir cuentas ante plausibles evidencias del incumplimiento de la legislación sobre control de comercio de armas”, y lamenta que “el TSJM ha optado por mantener unos privilegios antidemocráticos de impunidad para el Gobierno frente a la libertad de expresión”.

En apoyo de su recurso, Greenpeace señala que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno “ha afirmado en casos similares que no es la seguridad nacional lo que se pone en juego con la desclasificación de este tipo de información secreta, sino, en este caso, los intereses económicos particulares de la empresa exportadora de armas”.

 

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