Suiza cede ante la presión y se ve atrapada con el F-35: el coste extra que no esperaba
El programa de compra de cazas F-35 en Suiza se ha convertido en un problema inesperado. El Consejo Federal mantiene el acuerdo con Lockheed Martin, pero la presión de Estados Unidos para asumir sobrecostes amenaza la estabilidad presupuestaria del país alpino.
El contrato, firmado en 2022 tras una ajustada votación popular, fijaba un precio máximo. Sin embargo, Washington exige que Suiza asuma la inflación y otros costes añadidos, colocando al gobierno federal en una situación comprometida que puede alterar toda su estrategia de defensa.
Un contrato blindado que se resquebraja
El acuerdo para adquirir 36 F-35A contemplaba un precio fijo que debía garantizar la seguridad presupuestaria de Suiza. No obstante, el gobierno estadounidense exige ahora que el país alpino asuma los incrementos derivados de la inflación y del encarecimiento de materias primas. Este cambio implica un sobrecoste que oscila entre 650 y 1.300 millones de francos suizos.
El Ministerio de Defensa suizo, encabezado por Martin Pfister, enfrenta el dilema de cómo financiar este gasto adicional sin sobrepasar el límite de 6.000 millones de francos aprobado en referéndum en 2020. Esta cifra, convertida en mandato popular, está hoy en entredicho debido a la evolución económica internacional.
Opciones limitadas para el gobierno suizo
El Ejecutivo ha planteado tres posibles vías de actuación: reducir el número de aeronaves, ampliar los acuerdos de compensación industrial o solicitar un crédito parlamentario extraordinario. La primera opción se percibe como inviable, dado que los 36 aparatos ya se consideraban el mínimo indispensable para mantener una capacidad aérea operativa permanente.
Los analistas en defensa subrayan que cualquier reducción comprometería la seguridad nacional, más aún en un contexto europeo marcado por el conflicto en Ucrania y la creciente tensión geopolítica con Rusia.
Impacto económico y comercial
El problema no se limita al gasto en defensa. Desde el 7 de agosto, Estados Unidos aplica un arancel del 39% a productos clave de exportación suizos como el chocolate o la relojería, lo que agrava la presión financiera. Además, Suiza se ha visto obligada a aplazar la compra de cinco sistemas antimisiles Patriot, ya comprometidos con las necesidades de Ucrania.
Según cifras de la Administración Federal Suiza, estas medidas complican la modernización de su sistema de defensa y pueden tener efectos colaterales en sectores productivos estratégicos.
El relevo urgente de la flota
El calendario de entrega de los F-35A prevé que los primeros aviones lleguen en 2027. Este plazo coincide con la retirada obligada de los F-5 Tiger, aeronaves diseñadas en los años 50 y ya consideradas obsoletas. Actualmente, Suiza mantiene en servicio 18 de estos aparatos, cuya vida útil expira ese mismo año.
La sustitución resulta ineludible: los F/A-18 Hornet también afrontan un envejecimiento acelerado y no podrán sostener la defensa aérea en solitario. De ahí que el Consejo Federal se encuentre atrapado entre la urgencia de renovar la flota y la dificultad de financiar el programa.
Una presión sin salida aparente
El escenario deja a Suiza en una encrucijada: ceder a las exigencias de Washington para garantizar su defensa o replantear un acuerdo aprobado democráticamente. El tiempo apremia, pues cada retraso amenaza con dejar al país sin capacidad aérea suficiente a partir de 2027.
El futuro de la defensa suiza depende ahora de la gestión de estos sobrecostes, que no solo condicionan la compra del F-35, sino también la política exterior y económica del país. Para muchos analistas, la operación simboliza cómo una nación tradicionalmente neutral puede verse atrapada por la presión internacional y las dinámicas del mercado armamentístico global.
