Fractura en el Consejo de Ministros por el impuesto al diésel

El Gobierno no ha encontrado todavía la fórmula para articular el impuesto al diésel. Y el debate sobre su defensa ha roto la unidad del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Se ha desatado el choque entre los partidarios de la nueva “fiscalidad ambiental” y los críticos con elevar la tasa que grava el gasóleo hasta igualarlo con el de la gasolina.

Pedro Sánchez anunció, a principios del mes de septiembre, que el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 contemplará un impuesto al diésel. En aquel momento, presumió de liderar un Gobierno “ecologista” y “comprometido con la transición ecológica”.

Sólo una hora después de la confirmación del presidente, la ministra de Industria, Reyes Maroto, no se mostraba tan categórica a la hora de hablar del tributo. “Se habla mucho del impuesto del diésel pero el Gobierno ni siquiera lo ha anunciado. Lo que se ha hecho es un globo sonda”, afirmó sin matices.

Estas palabras entraban en conflicto directo con las declaraciones de Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER, en la que había asegurado que “todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país, como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto”.

Dos bandos y cinco ministerios implicados

Este cruce de declaraciones fue el más llamativo en una serie de contradicciones desde que la medida fuera anunciada a finales de junio y comenzó a visualizar públicamente que no existía unanimidad en el Ejecutivo, en relación a la aprobación del polémico impuesto al diésel.

Pues bien. Fuentes cercanas al Gobierno confirman a Confidencial Digital que la fiscalidad ambiental ha provocado el primer choque destacado en el seno del Consejo de Ministros entre “dos bloques”. María Jesús Montero y Reyes Maroto aglutinan a su alrededor afines y detractores.

Ambos bandos han entrado en disputa sobre si el Gobierno debe seguir adelante con este impuesto y las diferencias mantienen hasta a cinco ministerios implicados.

Montero y Ribera y la “fiscalidad ambiental”

Por un lado, según las fuentes consultadas por ECD, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende con vehemencia el aumento de la “fiscalidad medioambiental” con el objetivo de que las empresas eviten comportamientos agresivos con el medio ambiente.

Ha trasladado a sus compañeros críticos con este gravamen que lo que debe explicarse a la opinión pública es que el afán de la política fiscal no tiene porqué ser siempre recaudatorio y que, en casos como la fiscalidad medioambiental, tiene más que ver con comportamientos disuasorios de agresión al medio ambiente.

Un argumento que también comparte la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien presiona a Hacienda para que concluya cuanto antes los estudios de fiscalidad relativa a esta materia, después de declarar este verano la guerra al diésel, sentenciando que “tiene los días contados”.

La recaudación, fijada por el Gobierno en 600 millones de euros, superaría los 2.000 millones después del tercer año, al aplicarse de forma progresiva.

Las duras presiones de Industria y Agricultura

De otro lado, dos ministerios han comenzado a recibir fuertes presiones en sus respectivos sectores para que el Gobierno se replantee este impuesto. Es el caso de Industria, dirigido por Reyes Maroto, y explica que la ministra hablase de “globo sonda” tras el anuncio del propio Sánchez, y se viera obligada después a rectificar.

Pero en ámbitos del Ministerio de Industria se han recibido “mensajes alarmantes” por parte de las compañías fabricantes con plantas de producción en España y otros actores del sector del automóvil como Anfac, que advierten del cierre de factorías ante la falta de pedidos y la amenaza que eso supone para decenas de miles de puestos de trabajo.

Por el momento, la alemana Volkswagen ha sido la primera que ha decidido hacer un parón de 8 días en su planta española de Pamplona ante el cambio drástico de pedidos de diésel a gasolina en las últimas semanas.

Otro de los ministros que, por ahora, se ha posicionado en contra del impuesto al diésel es el de Agricultura. En su caso, Luis Planas quiere garantizarse que la subida excluirá a transportistas y agricultores, como ha prometido Hacienda. Pero dado que la medida no está perfilada del todo por el Gobierno, ambos sectores mantienen la incertidumbre.

En cualquier caso, se tiene en cuenta que una huelga de transportistas y trabajadores del campo “lograría paralizar el país” y pondría en peligro el abastecimiento de alimentos y productos frescos en los supermercados. Una imagen que se quiere evitar a toda costa.

Carmen Calvo apoya a Planas contra Montero

La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Agricultura, las dos personas que han sido especialmente críticos en el pasado con Susana Díaz, han protagonizado en los últimos años una “guerra soterrada” contra ella que ahora, con la coincidencia de ambos en el Consejo de Ministros, tiene a la ex mano derecha de la presidenta andaluza, María Jesús Montero como principal objetivo.

Por ello, ahora Carmen Calvo también se posiciona contra el impuesto al diésel que propugnan las ministras de Hacienda y de Transición Ecológica, sobre todo si afecta a profesionales y a autónomos. La línea roja que no está dispuesto a traspasar Luis Planas.

La vicepresidenta defiende el discurso de protección del medio ambiente, que también lanza el presidente, pero considera que se debe valorar todavía como aplicarlo por el elevado coste político que acarrea.

Bloques de ministros en el Gobierno de Rajoy

Durante el mandato de Rajoy, el Gobierno ya estuvo dividido en dos bloques: el de los “sorayos”, afines a la vicepresidenta, y el llamado G-8, liderado por José Manuel García-Margallo e integrado por José Manuel Soria, Jorge Fernández Díaz, Ana Pastor, José Ignacio Wert, Miguel Arias Cañete, Rafael Catalá e Isabel García Tejerina.

La salida del Ejecutivo de todos ellos, a excepción de los dos últimos, parecía confirmar el final de la oposición interna a Soraya Sáenz de Santamaría dentro del Gabinete.

Sin embargo, la llegada de María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa derivó en la creación de un nuevo bloque, integrado por afines a la secretaria general del PP, con José Ignacio Zoido, Dolors Montserrat y los ya citados Tejerina y Catalá.