El Gobierno admite que no habrá multas en los primeros días del decreto-ley de ahorro energético

“No se pretende sancionar”, apunta Teresa Ribera, que a la vez avisa a los gobiernos autonómicos de que podría acudir al TC si no aplican la norma

El Gobierno de España abre la mano con la aplicación inicial del decreto-ley de medidas de ahorro de energía, que entra en vigor este miércoles 10 de agosto en lo que se refiere a los límites en los termostatos y la obligación de apagar escaparates y edificios públicos desde las diez de la noche.

Como ya se contó en estas páginas, varios gobiernos autonómicos se resistían a imponer a comercios, bares, hoteles y otros establecimientos las sanciones previstas por incumplir ese decreto-ley. Sobre todo, no tenían claro que el decreto-ley pueda decaer, por no conseguir los apoyos para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

Ante esta situación, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado flexible sobre la aplicación de las sanciones a quienes incumplan las medidas de ahorro energético.

Si bien el Gobierno se ha negado a retrasar la entrada en vigor de la norma, Ribera ha admitido este martes que las multas no se impondrán de forma inmediata. Así lo ha indicado en una entrevista para la Cadena SER, recogida por Europa Press.

“No se pretende sancionar, se pretende encauzar, por lo tanto tenemos que darnos un margen, claro que debemos estar todos vigilantes y reforzar la idea de que las normas están para cumplirlas. No creo que nadie vaya a imponer multas rápidamente, sino al revés, tendrá que haber un procedimiento previo y sobre esa base, de forma proporcionada, ir adoptando medidas”, ha declarado Ribera en esa entrevista, quien ha insistido varias veces que “lo importante no es sancionar, sino encauzar esa voluntad de aportar al esfuerzo colectivo”.

Al mismo tiempo se ha mostrado convencida de que “no hay una voluntad constatada y generalizada de incumplir las normas”, ni de “insumisión generalizada”.

De acuerdo con lo planteado con Ribera, la idea del Gobierno de España es dar ese margen para ver cómo se van aplicando las medidas de ahorro energético. Pero también ha lanzado un aviso a las comunidades autónomas.

“Creo que cualquier gobierno responsable sabe que las normas están para aplicarlas y se evitará la insumisión”, pero “si pasa el tiempo y aquí no pasa nada”, es decir, que las comunidades autónomas no imponen ninguna sanción pero tampoco se cumple el decreto-ley, el Gobierno podría acudir al Tribunal Constitucional.

De acuerdo con la ley orgánica de dicho tribunal, primero podría haber un apercibimiento a los gobiernos autonómicos que no se encarguen de hacer cumplir las medidas de ahorro energético. A continuación, si el apercibimiento no tiene efecto, el Ejecutivo central podría plantear un conflicto negativo de competencias, para que el TC ordene a una comunidad autónoma ejercer las que le corresponden y por ello vigilar y sancionar a quienes incumplan las restricciones en el consumo de energía.

 

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