El Gobierno miente a Bruselas al asegurar que la subida del salario mínimo se “acordó con los agentes sociales”

Así figura textualmente en el plan presupuestario que acaba de remitir el Ministerio de Hacienda a la Comisión Europea pese a que la CEOE rechazó el pacto Gobierno-sindicatos

Pedro Sánchez se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Pedro Sánchez se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

El Gobierno remitió la semana pasada a la Comisión Europea la última edición de su Plan Presupuestario. Uno en el que adelanta sus planes para 2022, pero en el que también resume sus acciones de los últimos meses, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para lo que resta de 2021 a 965 euros al mes.

En la documentación oficial que el Ministerio de Hacienda remitió a Bruselas destacó que la subida de 15 euros del SMI, decretada no sin polémica para este año, es fruto del “acuerdo con los agentes sociales”. Sin embargo, La CEOE, es decir, la patronal, no se adhirió a dicho acuerdo, solo los sindicatos UGT y CCOO.

Hay que recordar que los empresarios rechazaron entrar en la negociación sobre la subida del salario mínimo en 2021 desde el primer momento. Su argumento partía de que no se podía pactar un incremento salarial de este tipo en medio de la recuperación económica y en un escenario de incertidumbre.

Por si fuera poco, el acuerdo con los sindicatos tampoco fue sencillo. Tanto CCOO como UGT reclamaron un calendario de subidas del SMI, aunque finalmente cedieron para que hubiera una subida inmediata de 15 euros en el mes de septiembre, que se ha aplicado de manera retroactiva.

Fuentes del Gobierno consultadas por ECD desconocen las causas por las que el Ministerio de Hacienda ha optado por esta redacción en este punto, el relativo al SMI, en el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea.

Hay que recordar que para compromisos como la reforma laboral o la de las pensiones, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido con Bruselas a que los cambios legislativos se acuerden con los agentes sociales. Es decir, tanto con la patronal CEOE, como con los sindicatos CCOO y UGT.

 

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