Dinero

Una guerra civil en el Supremo, trasfondo del escándalo de las hipotecas

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso se la han jugado al presidente porque lo consideran “un enchufado” de Carlos Lesmes

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y Tribunal Supremo junto a un grupo de magistrados y jueces.
photo_cameraCarlos Lesmes, presidente del CGPJ y Tribunal Supremo junto a un grupo de magistrados y jueces.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre los impuestos de las hipotecas ha levantado una auténtica polvareda en el sector bancario. El fallo enmienda el artículo 68.2 del reglamento del tributo sobre los actos jurídicos documentados, esto es, los firmados ante notario mediante escritura pública.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo han establecido que, a partir de ahora, serán los bancos y no los clientes de las hipotecas quienes deberán pagar este gravamen. Nada más hacerse pública la sentencia, las entidades se desplomaron en Bolsa y con ellas, todo el Ibex 35, alarmados por las consecuencias de esta decisión.

Y es que el fallo no especifica si tiene carácter retroactivo o simplemente afecta a las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años. En cualquier caso, se trata de un duro varapalo: aunque el impuesto supone un porcentaje de entre el 0,5% y el 1,5% del total del préstamo, dependiendo de cada comunidad autónoma, se trata de una cantidad de dinero considerable, de centenares de euros. Una importante carga para las entidades.

De hecho, numerosos bufetes de abogados, avisados por sus contactos en el Alto Tribunal, llevaban semanas preparando reclamaciones a Hacienda e incluso demandas a los bancos.

Caos en notarías, sucursales, juzgados y bufetes

En estos momentos, tanto los juzgados de primera instancia como las entidades e incluso algunos despachos y notarías han paralizado los trámites relacionados con las hipotecas, a la espera de que el TS se pronuncie de manera definitiva, ya que, a la vista del revuelo causado, el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Díez-Picazo, publicó el pasado viernes una insólita nota de prensa.

En ella, anunció algo que el Supremo no había hecho nunca antes: paralizar la decisión de la Sala y convocar una reunión para debatir si se debe aplicar o no la sentencia. Esa reunión tuvo lugar el lunes y, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se ha decidido celebrar un pleno el próximo 5 de noviembre en el que se adoptará una conclusión definitiva. Los profesionales califican la situación de “caos”.

Guerra civil judicial

Pese a que la sentencia ha hecho saltar todas las alarmas en el sector bancario, donde también ha provocado un serio escándalo ha sido en el propio Tribunal Supremo. Más aún: en todo el poder judicial, ya que el asunto afecta directamente al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

Según ha podido saber Confidencial Digital, el fallo del Supremo, que supone una auténtica revolución en la jurisprudencia y en el sector bancario, esconde una “guerra civil” en el CGPJ que se ha desarrollado en un singular campo de batalla: la Sala Tercera del Alto Tribunal.

El controvertido Luis Díez-Picazo

Su presidente, el citado Díez-Picazo, fue nombrado por Lesmes en septiembre de 2015 y su acceso al cargo fue acompañado de cierta polémica. Las fuentes consultadas por ECD aseguran que varios magistrados de la Sala y de otros juzgados de lo Contencioso-Administrativo consideraron “inapropiado” ese nombramiento.

Argumentaban que Díez-Picazo no era apto para el cargo tanto por su trayectoria como por antigüedad en el Supremo. Letrado del Ministerio de Justicia desde 1983, el magistrado se acogió a una excedencia un año después de obtener la plaza y ha desarrollado una carrera profesional muy vinculada a la docencia, tal y como se puede comprobar en su currículum.

Fue nombrado encargado de curso de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga en 1984. Allí, ascendió a profesor titular en 1986 y obtuvo la cátedra de Derecho Constitucional en 1999. En 2002, se colegió como abogado en Madrid, donde ejerció hasta su llegada al Supremo, en 2008.

Sus vinculaciones con la academia y a los despachos de abogados le valieron el rechazo de varios vocales del CGPJ cuando accedió al TS, pero se recrudeció, según las fuentes consultadas, cuando Lesmes optó por él para presidir la Sala Tercera “sin ser ni siquiera juez”.

Díez-Picazo forma parte del coloquialmente llamado “GAL” (Grupo de Amigos de Lesmes), que es como se denomina en entornos judiciales a los “protegidos” del presidente del CGPJ y del Supremo. También pertenece a él el presidente de la Sala Segunda del TS, Manuel Marchena. Jueces y magistrados consideran “enchufados” a los pertenecientes a este grupo.

Un presidente desinformado

Las mismas fuentes explican que la Sección Segunda de la Sala nunca ha sido “complaciente” con su presidente, a excepción de uno de sus miembros, Dimitry Berberoff, cercano a Lesmes y al “GAL”. Emitió un voto particular a la sentencia del impuesto sobre las hipotecas.

El resto de sus compañeros, Nicolás Maurandi (presidente), José Díaz, Ángel Aguallo, Francisco José Navarro y Jesús Cudero (ponente), no comparten que Díez-Picazo esté al frente de la Sala “sólo por ser amigo de Lesmes”, explican estas fuentes.

Hay quien asegura que durante el estudio y la redacción de la sentencia habrían estado filtrando parte de su contenido a abogados para que estuvieran sobre aviso. De hecho, algunos bufetes contaban con varios clientes dispuestos a reclamar antes de hacerse pública la polémica sentencia.

En cualquier caso, los magistrados no informaron a Díez-Picazo del contenido de sus trabajos, ni siquiera del sentido del fallo. Según ha sabido ECD, Berberoff sí informó a Lesmes, alertándole de la trascendencia de la decisión. Éste, sin embargo, no se preocupó “porque dio por hecho que Luis estaba al tanto, y si él lo ve bien, será porque está bien fundamentado”, explicó a su entorno.

Rectificación a toda prisa

Díez-Picazo se enteró de la sentencia por compañeros de carrera y por la prensa. Se puso en contacto con Lesmes, quien le tranquilizó. Pero las noticias que recibía a lo largo de la mañana le fueron inquietando cada vez más, especialmente las caídas en picado de los bancos en Bolsa.

Cuando altos ejecutivos de la banca, alarmados, empezaron a ponerse en contacto con él y con Lesmes, decidió publicar una nota de prensa anunciando que se paralizaba la decisión. El presidente del CGPJ lo vio bien, y sólo entonces, Díez-Picazo decidió hablar con los magistrados de la Sección Segunda de la Sala.

Les informó de la nota de prensa que iba a difundir y les convocó a una reunión a primera hora del lunes para “solucionar el escándalo”. El encuentro no ha logrado calmar la tempestad y todos han quedado citados para dentro de dos semanas: el próximo lunes 5 de noviembre.

Los magistrados recibieron la noticia sobre la suspensión del fallo con “estupefacción”, ya que se trata de una decisión completamente insólita y sin precedentes. Al no haber jurisprudencia en este asunto, han decidido no acudir a la comisión permanente del CGPJ por el riesgo de que no tengan una solución. Alegan sentirse “desprotegidos” por el “presidencialismo” de Lesmes.

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