Moncloa maniobra con su ‘socio’ Deutsche Bank para frenar la salida de Ferrovial de España
Lleva semanas recabando apoyos entre los accionistas para que se opongan en la junta. El banco alemán ya respaldó al Gobierno en el asalto a Indra
- Apoyos para frenar la fuga
- Maniobra con Deutsche Bank
- Socio del Gobierno en Indra
- Un inversor afín a Moncloa
El Gobierno va a intentar dar un golpe de mano en la próxima Junta general de Ferrovial, que se celebrará este jueves, con el fin de dinamitar desde dentro el cambio de su sede a Países Bajos. Moncloa ha identificado a los accionistas que más fuerza tendrían para votar en contra de la estrategia comunicada por la empresa, donde destaca Deutsche Bank.
El plan de traslado sigue su curso para cumplir el calendario previsto, a pesar del fuerte rechazo que ha generado en el Gobierno, que ha reclamado a la empresa que dé marcha atrás en su decisión, mientras le ha advertido de que está analizando con detalle “la letra pequeña” de ese movimiento.
El Ejecutivo cuenta con una vía más factible que cualquier acrobacia regulatoria de las que se han planteado hasta ahora, como recurrir al “escudo antiopas” para derribar el plan de fuga de la compañía que preside Rafael del Pino.
Según distintas fuentes financieras cercanas a la empresa, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, a Moncloa le bastaría con aunar el respaldo de una parte suficiente del capital del grupo para que la compañía se vea obligada a frenar el traslado, de acuerdo con los términos del propio proyecto de fusión que la empresa presentó hace unas semanas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Apoyos para frenar la fuga
Ferrovial espera culminar la mudanza a Ámsterdam y su posterior salto a Wall Street antes de que acabe este año, pero primero debe lograr que los accionistas ratifiquen la operación en la junta general, convocada para el próximo jueves.
La operación pasa por la absorción de la cabecera del grupo, Ferrovial S.A., por su filial neerlandesa, Ferrovial Internacional. Hasta un mes después de la junta, los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de separación, esto es, de irse de Ferrovial, percibiendo 26 euros por cada acción que ostenten.
El dato clave es que, si el 2,67% del capital hace uso de dicha opción, la mudanza a Países Bajos quedaría paralizada.
La idea es que la transacción no provoque cambios, de facto, en el accionariado del grupo, pero no se descarta que algunos de sus actuales accionistas opten por quedarse al margen, como es el caso de los bancos españoles CaixaBank, Santander y BBVA.
Si el Gobierno consigue que una porción del accionariado de la constructora, igual o superior a ese tope del 2,67%, respalde su cruzada de retener la sede de Ferrovial en Madrid, haría descarrilar la operación.
Maniobra con Deutsche Bank
Con ese objetivo, Moncloa ha identificado a los accionistas que más fuerza tendrían para votar en contra de la estrategia comunicada por la empresa, entre los que destacan fondos internacionales como el gigante Vanguardia -con un 1,96%- y otras entidades bancarias con sede fuera de España.
Se cita al Banco de Noruega, que ostenta un 1,55% de participación. Sin embargo, según revelan a ECD en el equipo económico de Pedro Sánchez, el Gobierno lleva semanas volcado en convencer al alemán Deutsche Bank, con alrededor de un 1% del capital de la compañía, para que actúe como “socio del Ejecutivo” en el objetivo de frenar la fuga de España de Ferrovial, con su voto en la junta general del próximo jueves.
Socio del Gobierno en Indra
En ámbitos empresariales recuerdan ahora a ECD que la historia del asalto a Indra por parte del Gobierno, hace unos meses, tiene origen en la compañía vasca SAPA Placencia Holding SL. A finales de 2021, SAPA adquirió un paquete del 5% de Indra a la Corporación Financiera Alba, S.A (vehículo inversor de los March).
SAPA pagó 10,28 euros por acción y consiguió 8.833.000 acciones de Indra, desembolsando un total de 90.803.240 euros. La ingeniería financiera fue la pieza fundamental de esta operación, ya que SAPA compró las acciones gracias al apoyo de Deutsche Bank.
El mismo día que comunicó la adquisición de las acciones de Indra, SAPA había suscrito con Deutsche Bank AG, Frankfurt, un contrato de derivados sobre las acciones de Indra para tratar de financiar la operación. Para ello, el banco alemán vendió 7,8 millones de acciones de Indra (4,45% del capital) a inversores institucionales.
Una operación con la que financió la de SAPA, según se recoge en una información privilegiada de la CNMV. Tras esa entrada en el capital de Indra, SAPA realizó sin éxito dos intentos de lograr un asiento en el Consejo de Administración. En ambas ocasiones, los consejeros independientes -que fueron cesados después en el asalto de Moncloa- encabezaron el rechazo a la entrada de SAPA.
Según se publicó entonces, el plan de Moncloa era colocar a Jokin Aperribai, accionista de referencia de SAPA y presidente de la Real Sociedad, en el consejo de Indra y favorecer algunos cambios, como finalmente ocurrió. El primero de ellos, dar poderes ejecutivos al presidente, Marc Murtra, un hombre cercano a los intereses del PSC. Otro de los objetivos era la entrada de Indra en ITP Aero.
Un inversor afín a Moncloa
En Moncloa tampoco se descarta que la “mano amiga” que necesita llegue desde fuera de la empresa que preside Rafael del Pino, mediante un inversor afín que tome posiciones en el capital de Ferrovial hasta hacerse con una posición accionarial igual o superior al 2,57% que fija el proyecto de fusión.
No sería la primera vez que el Gobierno encuentra un aliado financiero capaz de abanderar los intereses patrios desde el accionariado.
Una muestra es la sintonía que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), el brazo inversor del Estado, mantiene con Amber Capital, el fondo de inversión capitaneado por el armenio Joseph Oughourlian, en el consejo de administración de Indra, donde ambos son accionistas de referencia.
Tanto el holding de empresas estatal como Amber Capital se han aliado en decisiones tan relevantes como el polémico cese en bloque, en junio del año pasado, de cinco consejeros independientes y abiertamente contrarios a los postulados de la Sepi dentro de la compañía.
