La implantación de peajes en las autovías esconde un pacto del Gobierno con su ‘socio’ PNV

El Ministerio de Transportes avanza en el análisis del modelo de pago por uso que será implantado en las autovías. Una medida con la que España se ha comprometido con Bruselas, pero que el PNV ha venido reclamando para conseguir un aval del Gobierno central para su política de peajes en sus vías de alta capacidad.

Por lo pronto, la comunidad autónoma con más kilómetros de peajes en función de la distancia de vías de alta capacidad es La Rioja, con más de un 65% de sus autopistas y autovías de pago.

Esta región, por su extensión y ubicación, es territorio de paso para algunas de las principales arterias nacionales, como por ejemplo la AP 68, que comunica Aragón con el País Vasco y cruza por completo esta zona, lo que hace que los riojanos sean los más perjudicados.

Pago por uso en el 50% de las vías

Por detrás de La Rioja se encuentra País Vasco, con más de un 50% de sus autopistas y autovías bajo algún tipo de pago por uso. Y es que esta zona es una de las históricamente más castigadas con los peajes.

De un total de 496 kilómetros de vías de alta capacidad, 255 son de peaje. Además, País Vasco y Cataluña -otra de las más afectadas- cuentan con carreteras de circulación con desembolso de titularidad de las propias comunidades autónomas y las diputaciones en detrimento de aquellas estatales.

El ranking de las damnificadas lo completa Cataluña. Las vías de pago de esta autonomía superan el 43% del total de los kilómetros de carreteras de alta capacidad. Pero en este caso ocurre lo mismo que con el País Vasco, la mayor parte de sus vías no son de titularidad estatal, son propiedad de la propia comunidad.

Esconde un pacto con su ‘socio’ PNV

Así las cosas, el Ejecutivo central trata de poner en valor que es una forma de garantizar un correcto estado de conservación de la red de vías de alta capacidad, al tiempo que se busca armonizar la política española de carreteras con la del resto de la UE.

Otra idea en la que se ha hecho hincapié es en la necesidad de implantar un sistema que no establezca agravios territoriales

De hecho, en mitad del debate ‘el que usa, paga’ Euskadi se ha plantado ante nuevos peajes en la red vasca de carreteras tras el anuncio del Gobierno central del pago por uso para la totalidad de autopistas y autovías del Estado. Y es que el grueso de vías de alta capacidad gestionado por las Diputaciones forales ya es de pago en el territorio.

Salvo excepciones, el Ejecutivo vasco no prevé la implementación de nuevas formas de pago en las principales vías de la comunidad.

Pero considera el plan del Gobierno central un “aval” para su política de peajes “acorde a la lógica europea”. Hasta ahora, desde el PNV se criticaba a Moncloa precisamente por una visión contradictoria al acabarse las concesiones y abrir autopistas que dejaba sin ningún tipo de peaje.

Sin cambios a la vista, las diputaciones se enfrentan a los crecientes gastos de mantenimiento que genera el tránsito por autopista y más al finalizar las concesiones de los diferentes tramos que pasarán a gestionar íntegramente.

Defiende que “el que usa y contamina, paga”

España tiene comprometida con la Comisión Europea, dentro del Plan de Recuperación, la tarificación de las autovías como muy tarde a primeros de 2024. Antes, se buscará consenso con las fuerzas políticas.

Fuentes del PNV admiten a Confidencial Digital que se muestran partidarios de tarificar el uso de las autovías porque la conservación de las carreteras acumula un déficit de 8.000 millones de euros tras requerir más de mil al año.

Pero además advierten de que la UE ha adoptado como directriz el principio del que usa y contamina, paga, algo que dijo tendrá que acordarse en España antes o después, pese al rechazo de transportistas y parte de la población.

El acuerdo con la oposición se antoja prácticamente imposible. El PP, que tuvo en estudio el pago por uso mientras gobernó Mariano Rajoy, habla ahora de “impuestazo” o de “nuevo hachazo fiscal”.

200 millones de euros extra para Euskadi

El plazo para registrar las enmiendas parciales, mecanismo con el que los partidos pueden introducir modificaciones al proyecto de ley de Presupuestos del Gobierno, concluyó el pasado viernes.

Las presentadas por el PNV elevarían los fondos para el País Vasco en más de 200 millones de euros extras, en el caso de ser respaldadas por la mayoría de la Cámara Baja.

Hasta el momento, el Ejecutivo prevé una inversión de algo más de 489 millones de euros para Euskadi; un 4,5%  menos que en los Presupuestos vigentes. Una cantidad que resulta insuficiente para los nacionalistas, que ya advirtieron a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que le queda “un buen trecho” hasta el ‘sí’ del PNV.

Los nacionalistas vascos ya arrancaron a Pedro Sánchez el compromiso de que, esta vez sí -la promesa la arrastra el Gobierno desde el año pasado-, se acometerá el traspaso al Ejecutivo autonómico de la gestión íntegra del ingreso mínimo vital.

Una cuestión de cuya constitucionalidad dudan los letrados de la Seguridad Social, pero que sirvió para que Aitor Esteban no presentase su propia enmienda a la totalidad.