El PP exige a Sánchez los detalles del informe que justifica el impago a las autonomías
Inicia una campaña en el Congreso para que el Gobierno explique los criterios que ha aplicado la Abogacía del Estado al concluir que el Ejecutivo en funciones no puede transferir los fondos
El grupo parlamentario popular ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para exigir explicaciones a Pedro Sánchez sobre el retraso del pago a las comunidades autónomas.
Según ha sabido Confidencial Digital, el PP ha pedido "explicaciones detalladas" sobre los criterios del informe de la Abogacía del Estado "que esgrime la ministra de Hacienda", María Jesús Montero, cuando afirma que, por estar en funciones, el Ejecutivo no puede actualizar las entregas a cuenta de régimen común para 2019, y pagar ya a las comunidades autónomas las cantidades que les adeuda, que ascienden a un total de 4.736 millones de euros.
De esta manera, los 'populares' inician la ofensiva contra Hacienda que se gestó, tal y como contó ECD, en una reunión entre los sorayistas Juanma Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijóo consentida por Pablo Casado.
Se trata de dos preguntas y una solicitud de informe al Gobierno presentadas este martes en el Congreso por parte de las áreas de Economía y Constitucional del partido en la Cámara Baja.
La relación con la Abogacía del Estado
Por un lado, el PP ha preguntado por escrito si existe "alguna instrucción, circular o doctrina interna" de la Abogacía del Estado," más allá de la jurisprudencia del Tribunal Supremo", sobre las iniciativas que puede desarrollar un Gobierno en funciones.
La otra pregunta va en la misma línea: los 'populares' interpelan a Sánchez si "considera una práctica habitual que durante prácticamente ocho meses sólo se hayan despachado consultas verbales con la Abogacía, de ser cierta la afirmación de la ministra de Hacienda en contra de los pagos".
Y, en caso afirmativo, "si podría indicar los días en que tuvieron lugar esas consultas verbales, quién las formuló y desde que unidad de ese centro directivo se respondieron". Las fuentes consultadas por ECD señalan que el polémico informe escondía una trampa y llegaba a cuestionar los 'viernes sociales' del Gobierno.
El PP va más allá todavía: ha pedido al Ejecutivo “todos los informes emitidos por todas las unidades dependientes de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado" desde las elecciones del 28-A y que hayan pedido opinión sobre las posibilidades de actuación de un Ejecutivo en funciones.
Maniobra de distracción
Según el PP, no existen argumentos para justificar este retraso del pago a las autonomías, ya que se trata de "un procedimiento de ajuste de recursos objetivo, no discrecional y legalmente establecido con anterioridad”, sin connotaciones políticas, por lo que la actuación de Hacienda en este asunto es una "maniobra" del Gobierno.
Fuentes cercanas a Moncloa señalan en cambio a este confidencial que existe una razón oculta para que María Jesús Montero esté retrasando lo máximo posible el pago a las autonomías: la transferencia de los 4.736 millones pendientes supondría el incumplimiento del déficit impuesto por la UE y conduciría a un enfrentamiento con Bruselas.
