A José Luis López de Ayala, máximo responsable de Twitter, que pone trabas para perseguir el acoso y las amenazas en la red social

“Lo de Lara [Siscar] se podía haber resuelto en un mes, pero tardamos ocho. Twitter se negó a colaborar. Es muy frustrante”, asegura a El País la inspectora Silvia Barrera, de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional, refiriéndose a la detención de dos hombres de 42 y 30 años —con trabajo y títulos universitarios— que acosaban a la presentadora de TVE Lara Siscar a través de la red social. No es el único caso. “Twitter se niega a dar las IP (ubicación) de los acosadores pese a que un juez ha visto indicios de delito. Dicen, por ejemplo, que la empresa y los datos están en EE UU y que el juez debe enviar una comisión rogatoria para que un juez americano ordene a Twitter facilitar esos datos. Es un proceso largo y carísimo, una forma de intentar disuadir a la justicia. Nos ha pasado con dos casos de amenazas a personajes públicos, uno grave”, añade la inspectora. Una actitud que no debería producirse en un país como España. La impunidad no debe campar a sus anchas en Internet y los delincuentes y acosadores deben ser perseguidos. Para ello, la colaboración de las empresas que operan en el sector es clave. Guindilla, por tanto, a José Luis López de Ayala, máximo responsable de Twitter en España por esta actitud.