¿Maltrato psicológico del Gobierno al colectivo de pensionistas?

El ministro Escrivá preconiza que se debe dar certidumbre a los pensionistas. Sin embargo, siempre transmite elementos que generan gran incertidumbre en ese colectivo. Por ejemplo, ha difundido dudas respecto a los años a considerar para el cálculo de la pensión (de 25 a 35). Asegura que eliminará el factor de sostenibilidad pero, utilizando un vergonzoso eufemismo, anuncia que se aplicará el que denomina "factor intergeneracional". Expone diferentes versiones sobre la fórmula de cálculo de la revalorización de las pensiones, se especula sobre la "mochila austriaca", sobre los planes de pensiones de empresa. Y así podríamos seguir en muchos más aspectos trascendentales en el futuro de las pensiones. En todos ellos causando enorme incertidumbre y desasosiego, ante la ambigüedad calculada de sus mensajes. 

Mención aparte merece el desprecio que muestra el ministro hacia la jubilación anticipada. En ningún caso considera los años cotizados.

Como recordatorio, a día de hoy una persona se puede jubilar a los 65 años, con pensión integra, habiendo cotizado 37 años y 3 meses, que pasarán a 38 años y 6 meses en 2027. Pues bien, a una persona jubilada de forma anticipada con 63 años y teniendo por ejemplo 46 años cotizados, el ministro afirma que penalizarla, para toda su vida, con un 16% de reducción en su pensión es "suficiente" (sic).

Cabría preguntar al ministro por las jubilaciones anticipadas, con tratamiento diferenciado y preferencial, de las clases pasivas del estado, de Diputados, de Senadores, Pensiones vitalicias, etc.

En un país con los peores índices de paro de la Comunidad en la población juvenil y en la población mayor de 50 años, el ministro lo que pretende es castigar a la jubilación anticipada aunque tengan largas carreras de cotización. 

Desde la asociación ASJUBI40 se reivindica la eliminación de los coeficientes reductores que se aplican a las personas jubiladas de forma anticipada (actuales y futuras) con 40 o más años cotizados.

La forma de proceder del ministro con el colectivo pensionista (actual y futuro), y del Gobierno al permitírselo, crean una incertidumbre insoportable. Se me antoja lo más parecido a maltrato psicológico, ya que, aprovechando su posición dominante, atenta contra el estado emocional de dicho colectivo.

 

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