Preso y... presos

Qué mal me habían pintado lo de las cárceles tailandesas y, visto lo visto en continuo bucle televisivo, no salgo de mi estupor tras lo que oigo en el aluvión de programas matutinos, de sobremesa, vespertinos y nocturnos de este reciente e imprevisto serial veraniego con el caso Sancho. 

No es que sean un hotel de 5 estrellas –a nadie le arriendo las ganancias–, pero, según la sombra que te cobija, hasta podrías obtener algún que otro trato de favor de la embajada española que, dicho sea de paso, para eso está en situaciones como la que nos ocupa. A la vista está y, por el bien del preso y la de sus familiares, ¡qué alegría!

Vaya por delante que, considerando la presunción de inocencia de Daniel Sancho –aspecto que incluso él mismo inicialmente desestimó al confesar el asesinato–, lo que más deseo es el esclarecimiento de los hechos, el eterno descanso de la víctima, el cirujano Edwin Arrieta, y el mayor de los consuelos y entereza para las dos familias tristemente implicadas en el desenlace de este trágico suceso. Lo peor, me temo, está por llegar en el caso de nuestro compatriota y su sentencia. Pintan bastos en su futura etapa y estancia entre rejas.

Sin embargo, como apunta el título, los tiros no van por el luctuoso caso en cuestión y sus excesos –de todo tipo– informativos, sino por el doble rasero utilizado por los medios, nuestro Ministerio de Exteriores y el personal diplomático en función del preso. A las pruebas podemos remitirnos.

Sin ir más lejos, hay nacionales encarcelados en otros países y ni estos programas ni la vía diplomática han tenido el más mínimo gesto para, al menos, interesarse por su situación. La sobredosis de cinismo e hipocresía, ciertamente, empana e indigna al más pintado.

Para la "trama tailandesa", incluso, ya tenemos la exhibición de medios con ingentes recursos y "expertos" en los platós que, sobrepasada la etapa macabra del descuartizamiento del colombiano, parecen haber hecho cursos intensivos y másteres especializados en legislación tailandesa, psicología de asesinos, protocolos policiales y, por supuesto, criminalística. ¡Unos cracks! Todo, evidentemente, desde España y nuestra perspectiva, a miles de kilómetros de distancia, donde mejor se ven los toros y, así, poder elucubrar o conjeturar hasta lo insospechado en función del, por ascendientes y galones mediáticos, perfil del recluso. 

De futuribles realities, ni hablamos por cuestión de esa dignidad humana pisoteada y maltratada por legiones de sumisos fans en redes sociales. Hay atrevimientos que, ciertamente, resultan patéticos; sobre todo, si se ven alentados por comentarios y difusiones masivas. Este es el nivel que se estila por estos lares patrios.

Asombro y rabia son las razones principales de este artículo porque no me gusta la orina del enfermo. Y escribo con conocimiento de causa después de haberlo denunciado un par de veces en este mismo medio (ver "El futuro ya no se espera, se teme" y "EncroChat: del derecho penal al Terror"), haber leído noticias relacionadas en La Razón y Confilegal o asistido a un seminario al respecto con abogados penalistas españoles en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el transcurso del último año. Ahora, les pongo en antecedentes de lo acaecido el 23 de junio del pasado 2022, cuando, al amanecer, se llevaron preso a mi amigo J. 

La casa de J., con su mujer y tres hijos menores presentes, fue literalmente asaltada por un contingente –digo bien– en el que, armados hasta los dientes, irrumpieron desde guardias civiles hasta gendarmes franceses y otros agentes tras la emisión de una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) con implicaciones a varios compatriotas por orden de la fiscalía  de Lille. 

En el hogar de J., huelga decir, dormían el matrimonio, su hija y sus gemelos. Afortunadamente, no ocurrió horas antes cuando varias adolescentes habían pasado la noche allí con motivo de una fiesta de pijamas para celebrar el final de curso. Como se puede advertir, no hablamos de sicarios, traficantes, grupos terroristas o bandas latinas al uso. Lo recuerdo por la cuestión de la mesura en la ejecución del asalto y detención a pesar de que alguna institución siga guardando ese sibilino y cómplice silencio que delata al que se aferra a lo incierto e incumple con, a modo de ejemplo, los requerimientos de Transparencia en lo referente a sus protocolos de actuación.  

Desde aquel 23 de junio, J. no sólo ha pasado ya la friolera de 14 meses entre rejas, sino que también ha sufrido la extradición a la "desarrollada" cárcel europea de Lille en la que acaba de cumplir su primer año en prisión preventiva por, ¡atención!, el "delito" de vender teléfonos móviles encriptados a usuarios que, a la postre, los utilizarían para comunicaciones privadas en las que, a través del sistema EncroChat –con conversaciones de difícil descifrado  por parte de la Gendarmería francesa u otras Fuerzas de Seguridad–, presuntamente desarrollaban actividades ilícitas en redes criminales. 

Permítanme recordarles que, si ustedes lo desean, en España pueden adquirir móviles con estas características en cualquier tienda especializada o centro comercial. La tenencia o compraventa de uno de estos terminales es totalmente legal al contrario que, por ejemplo, en Francia.

Como se pueden imaginar por el título, J. no ha tenido ningún trato de favor en la mencionada prisión del norte de Francia donde ni siquiera pudo recibir la visita de su mujer a finales de diciembre del pasado año con motivo de una vista oral a la que acudió su abogada española. Ajustándonos a lo triste y recientemente acontecido en la isla tailandesa de Koh Panghan, entenderán mi denuncia.

En ese viaje y estancia de su esposa durante varias horas en las afueras del alejado centro penitenciario de Lille, fue vejada, ninguneada, desasistida, dejada de la mano de Dios en los inhóspitos exteriores –pleno campo e invierno– en los que hasta llegó a verse amenazada por la presencia de unos tipos de dudosa procedencia que por allí pululaban. Lo del cacareado respeto por los Derechos Humanos sólo parece ser aplicable a esa invasión de pateras y migrantes –todos ilegales– del sur de España y la Unión Europea. Por desgracia, es lo que hay.

Del interés de la Embajada Española en París o las, creo, aproximadamente 14 oficinas consulares y viceconsulares españolas –desde Bayona a Toulouse alfabéticamente citando–, mutis por el foro a pesar de que no ha habido juicio por unos supuestos cargos derivados de escuchas ilegales en las que, como distribuidor de los terminales empleados, su nombre podría haber aparecido. De ahí, mi queja en el segundo artículo antes citado por la alarmante ausencia de garantías penales y privacidad de cualquier ciudadano europeo cuando el actual "Terror" judicial francés ejerce en modo jacobino, sin riendas ni control, como a finales del siglo XVIII en su Revolución.

En otras palabras, como si usted tiene una ferretería y alguien adquiere unos cuchillos con los que, con posterioridad, comete un asesinato. Les suena, ¿no? O como si vende teléfonos móviles que, al final, resultan aparecer en el lugar de algún delito. Y lo del 11-M o el Bazar "Top" en Madrid, también les suena, ¿no? Pues lo mismo.

Sorprende que, por otro lado, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal declarara a través de D. Juan Carlos Campo, magistrado de la Audiencia Nacional, un auto con fecha de 20 de julio de 2022. Con los dos españoles (J. y, por el mismo motivo, su hermano M.) inicialmente encarcelados en Soto del Real, venía a hablar de "las dudas razonables de actuación para investigación o ejecución ante el contenido de la OEDE en cuestión". No hay más preguntas, señoría. 

Pues, de acuerdo, a aquella OEDE de junio de 2022 no exenta de errores, contradicciones y defectos de forma desde su emisión y procedimientos posteriores, un despropósito superlativo con un juez, Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción N° 5 que, ocupado en asuntos personales de calado en el papel cuché y enlaces matrimoniales interruptus, debió andar algo despistado el pasado agosto para no permitir que, según él, J. y su hermano M. obtuvieran la libertad provisional, pagaran una fianza y, lo más sangrante, permanecieran en España por, ¡ojo al parche!, carecer de arraigo. Paradójicamente, ambos hermanos nacieron, se casaron –con mujeres españolas–, tuvieron sus hijos, hicieron su servicio militar, montaron sus empresas por las que tributan en, sí, España, etc. Me pinchan y no sangro.

Pues bien, todas estas causas no parecieron ser de peso para evitar esas deportaciones del pasado verano. En el caso de J., permanece en prisión preventiva, olvidado y desasistido por la representación consular española en el país vecino y habiéndole robado, de momento, 14 meses de su vida, de la de su mujer e hijos por la venta y distribución de teléfonos móviles encriptados.

Por este motivo, hay preso y presos, por la condescendencia y trato inicial dispensado a Daniel Sancho en la cárcel tailandesa de marras, por el desafecto de las autoridades y el personal diplomático y consular en Francia y, claro, porque los medios, atolondrados por las altas temperaturas estivales y el cambio climático –si es que– se alimentan del sensacionalismo para la banalización de sucesos y la expresión en grado sumo de la "todología" que se respira en algunos medios.

Por el contrario, otros, familias con hijos menores, permanecen rotas por segundo verano consecutivo sin la rotundidad de una sentencia, la de un juicio inexistente, y con la rabia contenida porque ni Estado, Justicia, ministerios, consulados o embajadas han movido ficha para que este honrado padre de familia sea atendido con las mínimas garantías penales por su arraigo, compromiso y nacionalidad con España, la patria que le vio nacer y que ahora le escupe de manera ignominiosa.