Cámaras de vigilancia, radares, helicópteros... Todas las formas de control en la red viaria

De un tiempo a esta parte, uno de los elementos de seguridad más demandados por parte del cliente a la hora de adquirir un automóvil es, el limitador de velocidad. A decir verdad, tiene su lógica.

Un importante elemento que vela, más bien, por la seguridad del bolsillo de los conductores. Una realidad que se encadena con otro hecho, el aumento de los radares y las cámaras de seguridad en ciertos países de la UE. La proliferación de estos artilugios de control y de sanción provoca cierta ansiedad en los conductores que, temerosos de rebasar los límites de velocidad sin darse cuenta, sin ser conscientes, prefieren contar con los servicios de un dispositivo que les informe cuándo se alcanza el límite que previamente se ha seleccionado.

Hay que recalcar las expresiones «sin darse cuenta» o «sin ser conscientes», porque hay dos factores que influyen positivamente en que esto sea así, literalmente, sin que haya alevosía o premeditación por parte de los conductores.

Y mucho menos que esté en su ánimo buscar la sanción económica e, incluso, la retirada de puntos del carné en aquéllos países en los que está implantado el sistema de puntos. Por un lado, el grado de perfección técnica que han alcanzado los automóviles hace que en numerosas ocasiones no se tenga sensación de la velocidad a la que se circula y, por otro, los límites, muchas veces absurdos, a los que se obliga a circular.

Así pues, resulta que los automovilistas europeos están vigilados por una especie de “gran hermano” que cuenta con cerca de 35.500 radares y cámaras de seguridad distribuidos a lo largo y ancho de la geografía de la UE. Un “gran hermano” que poco o nada tiene que ver, en muchos casos, con ese responsable hermano mayor que cuida de los más pequeños.  

La voracidad recaudadora por parte de las distintas Administraciones que, en nuestro país, España, tienen competencias en materia de tráfico a veces parece no tener límite; desde la propia Dirección General de Tráfico, pasando por los Ayuntamientos, sin olvidar aquellas Comunidades Autónomas, como Cataluña o el País Vasco, que tienen transferidas estas competencias.

Voracidad que se puede hacer extensiva a casi todos los países europeos. Bien es cierto que a algunos más que a otros. Porque nuestros vecinos de el otro lado de los Pirineos sufren, no se sabe si en silencio, una presión excesiva por parte de los gendarmes encargados de las carreteras francesas.

Estos gendarmes son unos auténticos maestros a la hora de camuflar los radares. Todo vale, dentro de un contenedor de basura, de un bolardo, etc. Sólo falta que estos artilugios, como si de periscopios se tratara, emerjan de alguna alcantarilla y directamente se metan en el propio vehículo, para susto del conductor. Lo último que llega de Francia es la idea de instalar radares móviles en vehículos particulares.

Mejor, sin comentarios. Lo malo de estas malas ideas es que luego se copian en España. Estas prácticas, las promueva el país que las promueva, constituyen una especie de perversión del sistema, porque no es de recibo crear una especie de impuesto encubierto poniendo como telón de fondo algo tan serio como la Seguridad Vial. Al final, el poso que le queda al ciudadano es que buena parte de las sanciones por exceso de velocidad responden a un afán meramente recaudatorio. Con cosas tan serias como la Seguridad Vial no se debería jugar.