García Castellón ve indicios para que Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, José Manuel Villarejo y Eugenio Pino vayan a juicio

El juez cierra la investigación de Kitchen y exonera a López del Hierro a Cospedal y a José Luis Oliveras

El exministro de Interior y miembro del PP, Jorge Fernández Díaz. 10/10/2019
El exministro de Interior y miembro del PP, Jorge Fernández Díaz. 10/10/2019

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha finalizado la instrucción de la pieza ‘Kitchen’ del ‘caso Tándem’ y ha propuesto juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la antigua cúpula del Ministerio por el operativo policial puesto en marcha con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.

El juez ha exculpado a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, así como a su marido, Ignacio López del Hierro y el comisario José Luis Oliveras, exjefe de la Udef. 

En su resolución, el magistrado archiva la causa respecto de Cospedal, López del Hierro, José Luis Ortiz y señala que, a diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio del Interior, respecto de los que existe una sólida base indiciaria en el caso de estos tres resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican su incriminación.

La imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja de ser, argumenta el juez, “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”.

García Castellón adopta esta decisión en contra de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones que le habían pedido prorrogar la investigación más allá del día de hoy, 29 de julio, en el que concluía el plazo. El juez ni siquiera ha llamado a declarar a Mariano Rajoy pese a los múltiples indicios de que conocía la operación ilegal con cargo a los fondos reservados y que la autorizó.

El instructor de Tándem relata en el auto, de 81 páginas, que los investigados en la presente pieza separada, puestos de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos en una fecha que no se ha podido determinar entre los años 2012 y 2013, pusieron en marcha el operativo.

Así, indica que Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior y máximo responsable político de este departamento, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder del referido Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez.

El objetivo era sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza separada de las DP 275/08 denominada «Papeles de Bárcenas», en el seno del procedimiento «Gürtel».

El juez señala que Francisco Martínez Vázquez asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez, quien, a su vez, según el magistrado, encargó esta operación a José Manuel Villarejo Pérez, que, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), quien asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad.

 

El juez explica las disfunciones e irregularidades en la gestión y en control de los fondos reservados habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales. El juez señala que desde la provisionalidad de esta fase procesal pudo ser Francisco Martínez quien presuntamente autorizó el pago de los fondos reservados a Sergio Ríos.

Una vez terminada la operación, el titular del Juzgado central de Instrucción 6 relata que en pago por los servicios prestados y con la finalidad de asegurar su silencio desde la Secretaría de Estado se maniobró para que Ríos entrase en el Cuerpo Nacional de Policía.

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