Política

Le reclamaban 13 millones de euros

El concejal de Carmena que sugirió la muerte de Gallardón ganó una demanda millonaria a Warner y Sony

Pablo Soto fue acusado de violar la propiedad intelectual por crear una web de descarga de archivos protegidos

Pablo Soto, concejal del Ayuntamiento de Madrid.
photo_cameraPablo Soto, concejal del Ayuntamiento de Madrid.

Pablo Soto, designado por Manuela Carmena nuevo concejal del área de Participación Ciudadana y Transparencia,  ha sido protagonista en los últimos días por la difusión de unos mensajes publicados entre 2012 y 2013 en su perfil de twitter en los que sugería la muerte de Gallardón cuando aún ocupaba la cartera de Justicia. Sin embargo, esta no ha sido la primera vez en la que su nombre aparece en los medios de comunicación por motivos ajenos a la práctica política. 


En el año 2008, Soto copó portadas de diarios nacionales tras ganar una sentencia millonaria a las cuatro grandes discográficas norteamericanas. Universal, Emi, Sony y Warner lo demandaron por crear varios programas y plataformas de intercambio de archivos. Sobre todo por uno de ellos, el de mayor éxito, ManolitoP2P.

Las multinacionales le acusaron ante los tribunales por infracción de la propiedad intelectual y por competencia desleal, instándole a pagar una indemnización queascendía a 13 millones de euros.

Tras seis años de duro litigio, el juez dio la razón a Pablo Soto, desestimando la causa en el año 2013.

FInalizado el análisis pormenorizado de todas las pruebas aportadas por las partes, así como del testimonio de expertos en este campo, el tribunal no encontró indicios de ninguno de estos dos delitos en las actividades desarrolladas por el ahora concejal del Ayuntamiento de Madrid.

En cuanto al delito de violación de la propiedad intelectual, el juez consideró finalmente al demandado como un desarrollador de software, no como un comerciante de material elaborado y registrado por terceras personas.

"El intercambio entre usuarios de Internet de archivos que estén amparados por derechos de propiedad intelectual, si no se cuenta con la autorización del titular de los mismos, entraña una infracción" pero no el desarrollo de las herramientas que lo faciliten en la práctica.

Tampoco vio el tribunal delito de competencia desleal. Encontraron que la actividad de Soto respondía “a una iniciativa empresarial lícita". Determinaron que lo que había hecho Soto “es investigar, fruto de ello optimizar un tipo de tecnología y luego ofrecerla al mercado, para recoger lo que son los frutos de su propia eficiencia empresarial".

Finalmente, las cuatro compañías, amparadas bajo el paraguas de Promusicae tuvo que indemnizar a Pablo Soto con 400.000.

Además, meses más tarde, el Ministerio de Industria le concedió una ayuda de 1,6 millones de euros, para desarrollar un buscador de software libre denominado Foofind. Este buscador ya no está operativo.


 
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