Política

Los ex presidentes aseguran que no conocían la trama

El interventor de la Junta aportará pruebas en el Supremo de que Chaves y Griñán fueron advertidos de los ERE

Presentará los informes que remitió al consejo del gobierno andaluz de 2007 a 2010 alertando de irregularidades en las concesiones a las empresas

Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
photo_cameraManuel Chaves y José Antonio Griñán.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán declararon ante el Supremo y ambos aseguraron que, durante su etapa en la Junta, no fueron informados de las irregularidades de los ERE. El interventor general de la Junta entre 2007 y 2010, Manuel Gómez Martínez, comparece hoy en el alto tribunal para demostrar lo contrario.

Según explican a El Confidencial Digital fuentes de la Intervención General de la Junta, los consejos de gobierno a los que pertenecieron los dos últimos presidentes autonómicos anteriores a Susana Díaz recibieron, durante tres años seguidos, memorias sobre registros a empresas que alertaban de la existencia de movimientos sospechosos en las empresas de los ERE.

En este sentido, explican compañeros de Manuel Gómez Martínez, tanto Chaves como Griñán, al igual que el resto de integrantes del consejo de gobierno, tuvieron en su poder, de 2007 a 2010, memorias firmadas por el propio interventor en las que se ponía de manifiesto la existencia de irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos empleados por algunas consejerías.

A pesar de estos informes, en los que incluso se señalaban a consejeros de de la Junta de Andalucía, el ejecutivo autonómico no tomó cartas en el asunto hasta 2010: “Fue entonces cuando se cambió el sistema para evitar nuevas irregularidades”.

Las pruebas del interventor general

Este martes, el interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, que accedió a ese cargo en el año 2000 y que desde 2007 advirtió de irregularidades, comparecerá en el Tribunal Supremo para intentar demostrar que tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán fueron advertidos de los movimientos sospechosos que dieron lugar a la trama de los ERE.

Para ello, según ha podido confirmar ECD, presentará las memorias que él mismo firmó durante tres años seguidos, dejando claro que algunas consejerías no estaban actuando de acuerdo con la ley.

Este confidencial ha tenido acceso a la Memoria del Acuerdo del Consejo de Gobierno de Control Financiero Permanente del ejercicio 2007, en el que ya se avisa de las irregularidades antes comentadas. El documento dice, exactamente, lo siguiente:

--“Del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas, se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquellas. De tal modo que, de forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa.”

El juez quiere conocer si hubo malversación

Las fuentes de la intervención general de la Junta consultadas por El Confidencial Digital explican que, desde 2003, se realizaban los controles ordinarios a las empresas que recibían dinero público del gobierno. Y que, efectivamente, a partir de 2007, hubo una serie de movimientos extraños que fueron puestos a conocimiento de Chaves, Griñán, y todos los consejeros de la Junta.

Estos trabajadores, sin embargo, aseguran que en ese 2007, y en los años posteriores, “solo detectamos irregualaridades, pero no demostramos que hubiese nada fraudulento”. No obstante, añaden, “el deber del presidente y de todo el consejo de gobierno hubiese sido investigar esas advertencias”.

En ese sentido, fuentes judiciales con las que ha hablado este diario explican que, con la llamada a declarar del interventor Manuel Gómez Martínez, después de que ya hayan hablado Chaves y Griñán, “el juez quiere dilucidar si la pasividad que tuvieron ambos puede ser constitutiva de delito”.

Sobre este supuesto, añaden que si ambos ex presidentes no pidieron una investigación de forma consciente, por cualquier tipo de interés, “el juez puede ver un delito de malversación de caudales públicos”.

No obstante, explican desde la intervención general de la Junta, “es difícil descubrir esa intencionalidad. La juez Alaya ya lo intentó con ellos y otros imputados y no lo logró”. La clave, concluyen, “es saber por qué no investigaron esas irregularidades, y si tenían o no intención de tapar algo”.

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