La Policía no sabe qué tiene que hacer con los cinco presos de Guantánamo que acogerá España por petición de Estados Unidos. No hay fórmula jurídica para la libertad vigilada

La llegada a España de dos presos de Guantánamo se anunció para finales de enero o principios de febrero y aún hoy no se ha materializado. En este caso se trataba de un ciudadano palestino y otro yemení. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, confirmó que la cifra había aumentado. De dos pasaba a cinco, aunque de los tres restantes aún no se conoce nada.

Pero la situación legal, jurisdiccional o policial en la que van a residir en España es todavía una incógnita. Se apunta a que quedarán en ‘libertad vigilada’ y en el entorno policial se preguntan cómo se va a ejecutar eso. Fuentes consultadas por El Confidencial Digital señalan que en nuestro ordenamiento no hay precedentes de este tipo y que cualquier orden que se de a la Policía debe venir amparada por una instrucción judicial.

Cabría la posibilidad de identificarles y realizar su seguimiento a través de una pulsera al estilo de las que se usan con los maltratadores. Pero tan solo es una de las posibilidades de un plan general de actuación que aún no se ha concretado.

Hay un precedente fechado en 2002 cuando se mantuvo un sistema de vigilancia sobre tres activistas palestinos que se habían encerrado junto a otros 120 compañeros durante 38 días en la Basílica de la Natividad de Belén.

Desde la Dirección General de la Policía se señala a ECD que “estamos a la espera de lo que diga el Gobierno”, pero desde el Ejecutivo no se ha transmitido ninguna orden clara al respecto. Fuentes parlamentarias de la oposición consultadas por este confidencial recuerdan que en nuestro país sólo se puede estar “o en libertad o condenados con una pena privativa de libertad”. Y éstos no parecen ser los supuestos que se contemplan para los cinco reclusos de Guantánamo.

La indecisión o falta de concreción del estatus jurídico de estas personas está provocando multitud de interrogantes, tanto en el sector policial como en el político. En todos los casos se trata de personas contra los que no existe ningún procedimiento judicial abierto y que no pueden ser devueltas a sus países de origen por razones de seguridad. Pero si no tienen causas pendientes, la pregunta es por qué razón tienen que estar vigilados.