Los abogados de los siete CDR encarcelados reclaman a la Audiencia Nacional que investigue las filtraciones
Han presentado un escrito en el que también piden que se requiera a los medios de comunicación que retiren los enlaces con las informaciones
Las defensas de los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en prisión provisional por terrorismo han presentado un escrito al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso en el que solicitan que se abra una investigación sobre el origen de las filtraciones a medios de comunicación de las partes secretas de la causa.
Loss abogados de los investigados piden al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que abra una pieza separada dentro de las diligencias principales con el objetivo de conocer la autoría de las filtraciones y que requiera a los medios de comunicación que retiren los enlaces correspondientes a las informaciones que están bajo secreto, ya que afectan a la "intimidad y seguridad" de los detenidos. Además, le reclaman que adopte las medidas cautelares oportunas para evitar nuevas filtraciones.
Para los letrados de los detenidos, estas filtraciones, que califican de "masivas", afectan al derecho de defensa y de presunción de inocencia de sus clientes, sin que se pueda ejercitar ningún derecho a réplica, ya que siguen sin tener acceso a las actuaciones.
También denuncian en su escrito la filtración de "datos de carácter personal y multitud de hechos que son objeto de la investigación", a pesar de que, según recuerdan, el sumario completo de la causa sólo es conocido por el juez y la Fiscalía para proteger las pesquisas.
En su opinión, las filtraciones a la prensa pueden ser constitutivas de un delito de revelación de secretos así como de un delito contra la administración pública.
Desde que los miembros de los CDR fueron detenidos el lunes de la semana pasada, 23 de septiembre, se han ido conociendo poco a poco datos de la investigación y de los indicios que la Guardia Civil ha recabado a través de los medios de comunicación, pero no por cauces oficiales, ya que la causa está bajo secreto de sumario. En los últimos días, además, se han conocido los autos de prisión de los imputados, documentos que también son secretos.
Las defensas de los detenidos no han ocultado desde el principio su sorpresa e indignación por estas publicaciones, ya que ellos sólo tuvieron acceso a unos autos 'capados' en los que no se aportaba ningún detalle concreto de la investigación y en el que sólo se exponían fundamentos jurídicos que justifican la medida de prisión provisional, como es el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.
Únicamente se hacía mención a la supuesta integración de los detenidos en el ERT (Equip de Resposta Tàctica), una facción de los CDR con una "estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta". El juez García Castellón atribuye a este grupo un "alto nivel de profesionalización" y relación con una persona con un "componente peligroso".
Loss abogados de los investigados piden al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que abra una pieza separada dentro de las diligencias principales con el objetivo de conocer la autoría de las filtraciones y que requiera a los medios de comunicación que retiren los enlaces correspondientes a las informaciones que están bajo secreto, ya que afectan a la "intimidad y seguridad" de los detenidos. Además, le reclaman que adopte las medidas cautelares oportunas para evitar nuevas filtraciones.
Para los letrados de los detenidos, estas filtraciones, que califican de "masivas", afectan al derecho de defensa y de presunción de inocencia de sus clientes, sin que se pueda ejercitar ningún derecho a réplica, ya que siguen sin tener acceso a las actuaciones.
También denuncian en su escrito la filtración de "datos de carácter personal y multitud de hechos que son objeto de la investigación", a pesar de que, según recuerdan, el sumario completo de la causa sólo es conocido por el juez y la Fiscalía para proteger las pesquisas.
En su opinión, las filtraciones a la prensa pueden ser constitutivas de un delito de revelación de secretos así como de un delito contra la administración pública.
Desde que los miembros de los CDR fueron detenidos el lunes de la semana pasada, 23 de septiembre, se han ido conociendo poco a poco datos de la investigación y de los indicios que la Guardia Civil ha recabado a través de los medios de comunicación, pero no por cauces oficiales, ya que la causa está bajo secreto de sumario. En los últimos días, además, se han conocido los autos de prisión de los imputados, documentos que también son secretos.
Las defensas de los detenidos no han ocultado desde el principio su sorpresa e indignación por estas publicaciones, ya que ellos sólo tuvieron acceso a unos autos 'capados' en los que no se aportaba ningún detalle concreto de la investigación y en el que sólo se exponían fundamentos jurídicos que justifican la medida de prisión provisional, como es el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.
Únicamente se hacía mención a la supuesta integración de los detenidos en el ERT (Equip de Resposta Tàctica), una facción de los CDR con una "estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta". El juez García Castellón atribuye a este grupo un "alto nivel de profesionalización" y relación con una persona con un "componente peligroso".
