Política

Ayuntamientos y autonomías piden al Gobierno un crédito urgente de 3.000 millones para poder pagar a sus funcionarios

La subida de sueldos en el sector público les ha colocado en situación de no poder afrontar el incremento de más de dos millones de nóminas antes de final de año

Funcionarios en una oficina de la administración.
photo_camera Funcionarios en una oficina de la administración.

Los funcionarios de la Administración General del Estado cobrarán ya en noviembre la compensación salarial adicional del 1,5% para mitigar el impacto de la inflación. Los trabajadores públicos de las comunidades autónomas y ayuntamientos no tenían garantizado recibir ese abono de manera tan inmediata, pero han dado con una solución.

La subida salarial multianual que el Gobierno ha decretado para los funcionarios y trabajadores públicos tiene una parte retroactiva. Un 1,5%, en concreto, destinada a tratar de limitar la pérdida salarial de este año, y que se suma al 2% que ya se incrementaron los sueldos públicos a comienzos del ejercicio.

El Gobierno acordó con los sindicatos ese incremento que, sin embargo, debe ser aplicado en gran medida por las comunidades. Hay que recordar que, de los 2,7 millones de trabajadores públicos que recibirán ese incremento, 1,6 millones pertenecen a las comunidades.

Los ayuntamientos, por su parte, acumulan cerca de 600.000 empleados, y en la Administración General del Estado desarrollan su labor algo más de medio millón.

Tenían que esperar a cobrar hasta marzo

Hasta ahora, ni siquiera había garantía de que los funcionarios de las autonomías y consistorios lo cobrasen este año y se les trasladó que tendrían que esperar incluso hasta marzo de 2023, el plazo máximo que el Ministerio de Hacienda ha otorgado a estos ámbitos de la Administración.

La regiones se quejaron porque, además de no haber tenido voz en la mesa de negociación, el abono se debe producir a final de año, cuando muchos presupuestos están comprometidos e, incluso, agotados. Pero Función Pública les respondió entonces que los sueldos y nóminas de los trabajadores públicos los abona cada Administración.

El Estado les permitirá endeudarse

Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, el Estado ha decidido ahora autorizar a las comunidades autónomas a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo, o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación por el importe equivalente necesario para hacer efectivo el incremento retributivo al personal del sector público antes de final de año.

El crédito extraordinario o suplemento de crédito aprobado para financiar la subida salarial adicional a los funcionarios podrá incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente.

Con carácter excepcional, las entidades locales que no dispongan de recursos suficientes para financiar las modificaciones de crédito también podrán formalizar un préstamo en la cuantía necesaria con el Fondo de Financiación a Entidades Locales.

 

El gasto alcanza los 3.000 millones

El gasto adicional, prosiguen, puede llegar incluso a los 200 millones de euros en el caso de las comunidades con mayor número de empleados públicos. Esta cantidad, previsiblemente, debería ser abonada antes de final de año, aunque desde los sindicatos añaden que puede haber diferencias según el ámbito de la administración.

Si efectivamente es antes de 2023, el abono sería con cargo a los presupuestos de este año, que están ya prácticamente agotados; y si es en el inicio del próximo ejercicio, las cuentas de ese mismo año deberán hacer frente a dos subidas: el 1,5% adicional y el 2,5% fijo más un punto variable del próximo año.

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