Chequeo al Gobierno: Calviño, Yolanda Díaz y Robles se consolidan, Irene Montero, Belarra y Garzón, a la baja

La aprobación de los Presupuestos del Estado, que proponen más gasto e inversión que nunca gracias a la ingente cantidad de dinero que va a llegar procedente  de la Unión Europea, ha fortalecido aparentemente al Gobierno, que sin embargo ha visto mermada su imagen por rencillas entre los socios de coalición, la supeditación a partidos nacionalistas, y los problemas con el Covid y la crisis.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que hacer frente a dos momentos clave: la dimisión de Pablo Iglesias y la remodelación del Ejecutivo llevada a cabo en verano.

El 15 de marzo, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 sorprendió a todos al dimitir como miembro del Gabinete, con el objetivo de presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la candidatura del Partido Popular encabezada por Isabel Díaz Ayuso. El fracaso electoral cosechado provocó que Iglesias abandonara el Gobierno y la política.

Un cambio de Gobierno

Pedro Sánchez, decidió remodelar el Ejecutivo el 12 de julio para intentar frenar la crisis institucional que atravesaba y retomar la iniciativa política. Así, cesó a Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Isabel Celáa, Arancha González Laya, Juan Carlos Campo, José Manuel Rodríguez Uribe y Pedro Duque. 

Sorprendió la salida de algunos ‘pesos pesados’ que parecían contar con el apoyo del presidente, como Calvo y Ábalos. 

El presidente decidió apostar por nuevos nombres que “rejuvenecieran” y “feminizaran” el Ejecutivo, para lo cual eligió a las ‘ministras alcaldesas’ Isabel Rodríguez, Diana Morant y Raquel Sánchez Jiménez, a las que se unieron Pilar Alegría, Pilar Llop, José Manuel Albares y Félix Bolaños.

La otra gran sorpresa fue el cese del director del Gabinete, el todopoderoso Iván Redondo, sustituido por Óscar López.

Chequeo a los ministros

Coincidiendo con el final del año, y en el ecuador de la legislatura, la redacción de Confidencial Digital ha realizado un chequeo al Gobierno, ministro a ministro.

Nadia Calviño, la número dos

Nadia Calviño vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha sido la principal baza del presidente para tranquilizar a los poderes económicos, y sobre todo intentar frenar la cada vez mayor influencia de la otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, cabeza de grupo de los ministros de Podemos en el Ejecutivo. 

En abril, con la marcha de Pablo Iglesias, ascendió a vicepresidenta segunda, y tras la remodelación de julio, con la salida de Carmen Calvo, asumió la primera vicepresidencia. Tres puestos en un año. 

Calviño se sintió aliviada con el abandono de Pablo Iglesias, pues parte de sus esfuerzos centrado a frenar la influencia que el líder de Podemos quería tener en el área económica. La cuota podemita en las vicepresidencias del Gobierno pasó a manos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz quien, con un perfil más conciliador que Iglesias, a priori destensó la relación entre socios de coalición. Pero esto duró poco tiempo.

El principal escollo al que Calviño se ha enfrentado ha sido la negociación para modificar la reforma laboral de Mariano Rajoy, de 2012. La ministra de Economía y su homóloga de Trabajo pretendían liderar la iniciativa, y no se pusieron de acuerdo ni en qué vocablo utilizar para referirse a la misma. Díaz hablaba de “derogar” la reforma laboral y Calviño insistía en “corregir algunos aspectos” de la ley. También discutieron sobre la leve subida (leve) del Salario Mínimo Interprofesional: Calviño prefería posponer la medida y Díaz quería hacerlo lo antes posible y en mayor cuantía.

El ministerio de Economía ha trabajado este año en tres leyes con las que animar al emprendimiento: Ley Crea y Crece, Ley Concursal y Ley de Startups. A pesar de ello, los organismos internacionales han rebajado las expectativas de crecimiento de España para el año que viene. 

Nadia Calviño consigue ser el segundo miembro del Gobierno mejor valorado según el CIS, con 5,4 puntos, empatando precisamente con su ‘rival’ Yolanda Díaz.  

Yolanda Díaz, la ambición política

La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social, ha sido la principal novedad política este curso. Con la marcha de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, está liderando la cuota podemita en el Gobierno, ha asumido el liderazgo en la izquierda radical, y al mismo tiempo ha querido desvincularse de las siglas de Podemos, porque, a su parecer, “está rodeada de egos”. 

Quiere crear una nueva plataforma política que vaya más allá de la formación morada, con la que presentarse como cabeza de lista en las próximas elecciones generales de 2023. 

Yolanda Díaz es un personaje en alza. Con un 5,4 de valoración según el CIS, se sitúa entre los miembros del Ejecutivo mejor valorados. Pedro Sánchez lo sabe, y teme que le reste protagonismo electoral, y por tanto voto. Por eso, ha intentado frenar la influencia de Díaz proponiendo a Calviño que interviniera en la negociación de la reforma laboral, que la ministra de Trabajo llevaba liderando desde marzo. Podemos lo denunció como una injerencia 

Otro año más, Díaz ha logrado elevar el Salario Mínimo Interprofesional, a pesar de las reticencias de Calviño. Ambas acordaron una subida de 15 euros (fijándolo en 965 €/mes), una cifra a lo que buscaba la ministra de Trabajo, pero con el compromiso de volver a incrementarlo de cara al nuevo año.

Se ha apuntado como principal logro la bajada de los datos del paro, que acumula nueve meses consecutivos de descensos, con una reducción del 17,36% respecto al año anterior, situándose a niveles de empleo previos a la pandemia. Para la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento de las personas jóvenes, Díaz ha aprobado el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, y ha presentado el anteproyecto de una nueva y ambiciosa Ley de Empleo con la que pretende convertir el SEPE en un portal de trabajo con ofertas público-privadas, estatales, autonómicas y locales. 

Al filo del final de año, ha conseguido llegar a un acuerdo, que se estaba enquistando, con patronal y sindicatos para modificar la reforma laboral con el objetivo de reducir la temporalidad y precariedad de los contratos.

Teresa Ribera, la apagadora

La vicepresidenta tercera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha quedado marcada por la ‘infinita’ subida del precio de la electricidad. Hace una semana, el coste de la luz alcanzaba un nuevo y enésimo máximo histórico, situado en 360€/MWh, que multiplica por ocho los registros de hace un año. La escalada comenzó a finales de verano, debido principalmente al aumento del precio del gas natural (que también ha alcanzado el máximo histórico a finales de mes, con 120€/MWh) y al encarecimiento de los derechos de emisión de dióxido de carbono (80€ por tonelada, situado cerca del nivel más alto). A pesar de ello, Sánchez asegura que llegaremos a Nochevieja con el coste de la electricidad igual al de 2018.

Ante el aumento del precio, Teresa Ribera ha aplicado medidas de alivio, prorrogadas hasta el próximo 30 de abril, con las que rebajar los impuestos incluidos en la factura de la luz: reducción del IVA (del 21% al 10%) y cobertura del bono social eléctrico (con descuentos del 70%) para los colectivos vulnerables.

La ministra de Transición Ecológica, que tiene fama de trabajadora incansable, obtiene un 4,6 de valoración según el CIS, situándose en la parte media de la tabla. Desde mayo, España cuenta con la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ribera la calificó como “la piedra angular en el balance de su departamento, y con ella pretende alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, es decir, emitir solo los gases de efecto invernadero que puedan ser absorbidos de manera natural por bosques y océanos. 

Su ministerio ha trabajado en el proyecto de la ley de residuos (para limitar pajitas, bastoncillos y cubiertos de plástico de un solo uso) y en la implantación de nuevos puntos de recarga para coches eléctricos, con lo que se pretende impulsar este tipo de vehículo. 

José Manuel Albares, el discreto

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha tenido un papel muy discreto, de bajo protagonismo, pero eficaz en comparación con su predecesora, Arancha González Laya, envuelta en problemas sus últimos meses por la crisis diplomática con Marruecos e imputada por permitir la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Diplomático de carrera, con Albares se ha conseguido algo que parecía imposible: mejorar las relaciones con Marruecos, hasta el punto de que el rey Mohamed VI pusiera fin a la crisis diplomática a través de un inesperado discurso en el que expresó “con sincero optimismo” el deseo de “abrir una nueva etapa inédita con España”.

El principal problema que ha tenido que afrontar ha sido la evacuación de Kabul, después de que los talibanes se hicieran con el control de la capital de Afganistán a mediados de agosto. Coordinó, junto con el Ministerio de Defensa y el embajador en funciones de Kabul, Gabriel Ferrán, el dispositivo para evacuar a más de dos mil personas durante ocho días de terror instaurado por el Estado Islámico.

Albares empezó a ser conocido tras aparecer sentado al lado de Pedro Sánchez en la famosa foto del Falcon, en la que el presidente aparecía con gafas de sol y a lo Kennedy. Ambos mantienen una relación cercana desde hace tiempo. Sánchez se siente cómodo con él: no hace ruido, y ha conseguido mejorar la relación con la Casa Blanca, muy a la baja en los últimos tiempos. Con una puntuación de 4,7 según el CIS, se coloca en la parte alta de los ministros bien valorados. 

Margarita Robles, la primera

La ministra de Defensa es la mejor valorada del Gobierno, con 5,5 puntos en la encuesta del CIS. Tiene fama de trabajar seriamente y de independencia de criterio a la hora de adoptar decisiones. Así lo reconocen también desde la oposición. Robles afeó públicamente a su compañera Yolanda Díaz que esté más volcada en su proyecto personal como candidata a la presidencia del Gobierno que en la gestión de sus competencias: “No es aceptable”, sentenció.

La ministra alabó públicamente la labor de los militares que evacuaron a más de 2.200 afganos (47% mujeres), tras la toma de control de Kabul y de que el Estado Islámico perpetrase varios atentados en el aeropuerto. Ha sido la principal operación a la que ha tenido que enfrentarse durante el año. El despliegue en el aeropuerto de Kabul, donde reinaba el caos, ha demostrado la idoneidad de las unidades de Operaciones Especiales como herramienta flexible y eficaz en la lucha contra el terrorismo internacional. 

Su gestión en la cartera de Defensa ha sido, en general, bien considerada por los mandos militares. Robles ha defendido y reconocido la “generosa y solidaria” labor que han realizado, ayudando durante la pandemia de coronavirus, en la borrasca Filomena y con el volcán de La Palma.

Margarita Robles también ha conseguido aumentar el sueldo de los militares, tras estar ‘congelado” durante 16 años, desde 2005. Las asociaciones profesionales han considerado este incremento un primer paso, aunque “insuficiente”. También ha defendido que en los Presupuestos Generales del año que viene la inversión en Defensa crezca un 7%. 

Félix Bolaños, el oscuro

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática se ha convertido en pieza clave del actual Ejecutivo. No lo parece, pero lo es. Esa es justo su virtud. Sustituyó a Carmen Calvo el 12 de julio, pero desde hace tiempo cuenta con la confianza plena de Pedro Sánchez, que le había encomendado tareas como negociar el gobierno de coalición con Podemos, la exhumación de Franco, los indultos del ‘procés’, etc. 

Discreto, reservado y meticuloso, se mantiene a la sombra del presidente. Desde que ocupa la cartera, el principal logro ha sido pactar con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. En cambio, no ha conseguido que los populares accedan a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bolaños ha criticado que el PP “está incumpliendo la Constitución con dicha actitud de bloqueo”.

Algunos ministros le llaman “el deshollinador” por su fama de resolver problemas que están enquistados. Si La Palma se queja de la burocracia y lentitud en la llegada de las ayudas aprobadas por el Gobierno para mitigar el desastre del volcán, ahí va Bolaños. Si los presupuestos generales se atascan, Bolaños le recuerda a Rufián que “Esquerra no se puede permitir un adelanto electoral”. Si la reforma laboral se enquista por la disputa de Calviño y Díaz, Bolaños lo arregla. 

Ha estado trabajando en el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que encabezó su antecesora Carmen Calvo, con el que se pretende sustituir a la actual Ley de Memoria Histórica. Caracterizado por su ‘invisibilidad’, Bolaños obtiene un 4,6 según el CIS, situándose a mitad de tabla. 

María Jesús Montero, la ‘escudera’

La ministra de Hacienda y Función Pública es uno de los pilares del gabinete de Sánchez. A pesar de que desde julio ya no es portavoz del Gobierno, mantiene la plena confianza del presidente y se ha convertido en una ‘fiel escudera’.

Montero se apunta el haber conseguido el apoyo de 188 diputados (la mayoría absoluta está en 176) para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Para ello, ha necesitado el apoyo de nacionalistas e independentistas, pero no sin dar algo a cambio. El principal escollo, hasta última hora, ha sido la Ley Audiovisual, en la que ERC reclamaba una cuota de catalán en las plataformas de televisión de pago.

Tuvo que hacer frente al imprevisto del anulación, por el Tribunal Constitucional, de una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales sobre cómo calcular el impuesto de plusvalía municipal. Montero lanzó una de las frases que más se le recordará: “El lunes lo arreglo”. Y así hizo.

Ha comenzado a trabajar en la reforma de la financiación autonómica, algo que deberá proseguir en el nuevo año. El ministerio trabaja en una propuesta que premie a las regiones despobladas e insulares. La titular de Hacienda tuvo que aclarar que no contempla crear un impuesto a Madrid para contrarrestar el ‘efecto capitalidad’, tal y como reclamaba el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Montero recibe una nota de 4,5 puntos según el CIS, y se coloca en la mitad de la tabla de valoración de ministros.

Fernando Grande-Marlaska, la decepción

El ministro del Interior es el miembro del Gobierno que más reprobaciones acumula en lo que va de legislatura. Es criticado tanto por los grupos de la oposición como por los socios de coalición. Se sitúa en el grupo de los ministros peor valorados, con una calificación de 4,2 puntos.

Grande-Marlaska ha tenido que hacer frente a la crisis migratoria con Marruecos, donde 8.000 personas entraron irregularmente en Ceuta. Se enfrentó a la acusación de realizar ‘devoluciones en caliente’ de menores, lo cual negó, asegurando que simplemente se trataba de un proceso de “rechazos en la frontera”. 

En Podemos tampoco ha gustado el operativo policial desplegado en Cádiz durante las protestas de los trabajadores del metal. Ha sido especialmente criticado por utilizar una tanqueta “de uso militar” para dispersar manifestantes. 

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, ha sido el tercer escollo al que ha tenido que hacer frente. Las críticas han venido de los colectivos policiales, que consideran que “les deja vendidos”. El Gobierno aún sigue trabajando esta reforma que deberá afrontarse el nuevo año. 

El ministro de Interior ha trabajado en la reforma de la Ley de Tráfico para “adaptarla al Siglo XXI”, ha protagonizado y defendido el acercamiento de presos etarras al País Vasco, y se ha comprometido a estudiar el acoso al menor de Cataluña que pidió recibir el 25% de las clases en castellano. 

A pesar de todos los problemas que sufre sigue teniendo la plena confianza de Pedro Sánchez.

Carolina Darias, la presencia

La ministra de Sanidad ha pasado, de una auténtica desconocida el año anterior, cuando ocupaba la cartera de Política Territorial, a ser una de las caras más visibles por su gestión de la pandemia de coronavirus y el plan de vacunación.

Sin duda, la estrategia de vacunación ha marcado el año en el ministerio de Sanidad. Las personas mayores de las residencias y los sanitarios que se encontraban en primera línea fueron los primeros en recibir el pinchazo. Después, por orden de mayor a menor edad, todos los ciudadanos de más de 12 años han podido vacunarse. El 90% de esta población ha recibido la pauta completa, y por ello la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea han celebrado el “buen ritmo” y la alta tasa de inoculados en nuestro país. La vacunación para niños a partir de los 5 años y la dosis de refuerzo a partir de los 40, son los retos a los que ahora se está enfrentando el ministerio. 

Darias ha rechazado, de momento, la vacunación obligatoria promovida por algunos países de la Unión Europea. Se ha puesto en marcha el certificado Covid, solicitado para poder viajar, y exigido en algunas autonomías para acceder a restaurantes y ocio nocturno. Los aforos han vuelto casi a la ‘normalidad’, pero la mascarilla sigue siendo obligatoria. Este es el último problema al que se está enfrentando la ministra después de que el Gobierno haya exigido su uso en exteriores, algo que no ha sido bien valorado por una parte de la ciudadanía y por los expertos científicos. 

La ministra también ha trabajado en una estrategia de salud mental, la financiación de la gestación asistida para mujeres trans, y la prohibición de fumar en el coche. Darias roza el aprobado con un 4,9 y se sitúa como la cuarta persona mejor valorada en el Ejecutivo.

José Luis Escrivá, las declaraciones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está bien valorado por el propio Sánchez por su experiencia y cualificación técnica, a pesar de que el resto del Ejecutivo haya tenido algún ‘desencuentro’ con él. 

En más de una ocasión ha tenido que salir para matizar sus declaraciones. Escrivá afirmó que España necesitaba un “cambio cultural” para trabajar más entre los 55 y los 75 años, desincentivar la jubilación anticipada y prolongar la vida laboral diez años. Ante el revuelo ocasionado, incluso entre sus propios compañeros de gobierno, tuvo que corregir sus palabras y aclaró que “España tiene una edad de jubilación adecuada, que no es necesario modificar”.

La ley que revaloriza las pensiones conforme a la inflación media anual, registrada en la evolución del IPC, ha sido el gran objetivo al que se ha tenido que enfrentar. Aprobado la semana pasada, incluye también el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se pretende rellenar la ‘hucha de las pensiones’ y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas (entre los que se encuentra la generación ‘baby boom) mediante la subida de la cuota de cotización a empresas y trabajadores. 

De talante cercano y ‘risueño’, ha protagonizado uno de los momentos más divertidos del año cuando, en un discurso, vertió una botella de agua sobre el hueco de un atril al pensar que ahí se encontraba el vaso. Escrivá obtiene una valoración de 4,6 según el CIS, situándose en la parte media de la clasificación. 

Pilar Llop, la dialogante

La ministra de Justicia ha tenido que hacer frente a la doble sentencia que ha declarado inconstitucional el primer y segundo estado de alarma promovido por el Ejecutivo de Sánchez durante la pandemia. Llop fue nombrada en sustitución de Juan Carlos Campo, y a los dos días ya tuvo que expresar su “sorpresa” por la decisión tomada por el TC. Lo mismo volvió a ocurrir en octubre, cuando expresó que “respeta pero no coparte” el fallo del alto tribunal.

De la titular de Justicia se destaca su perfil dialogante y su profesionalidad. Huye de aspavientos  y apenas tiene protagonismo, por lo que cuenta con la aprobación del presidente del Gobierno, que la considera un “valor en alza”. Recibe un 4,6 de valoración según el CIS, situándose en la parte media de la tabla.

Llop ha defendido la idoneidad de los cuatro magistrados (Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán) pactados por PSOE y PP para renovar el TC, destacando que todos ellos tienen una “larga trayectoria en el mundo del Derecho” y rechazando entrar a valorar las presuntas irregularidades que se han achacado a Arnaldo.

No obstante, ha afeado al PP que no quiera renovar los cargos del Consejo General del Poder Judicial, y le ha pedido que desbloquee las negociaciones porque “da muy mala imagen” en el extranjero.

Está trabajando en la implantación del nuevo registro civil electrónico para mejorar trámites y reducir tiempos de espera en la administración, tarea que deberá proseguir en el nuevo año.

Irene Montero, la peor

La ministra de Igualdad ha perdido peso en el gabinete de Sánchez. Desde que Pablo Iglesias salió del Gobierno, los ministros de Podemos se han visto desamparados de un liderazgo que supuestamente enarbola la actual secretaria general, Ione Belarra. Montero es la peor valorada de todos los miembros (‘miembras’ y ‘miembres’, como diría ella) del Gobierno, con un nota de 3,9 puntos según el CIS. 

La vicepresidenta Yolanda Díaz, que se ha distanciado del resto de ministro de Podemos, ha expresado que “ahora no toca” meter prisa para llevar a cabo el ‘proyecto estrella’ de Montero, la Ley Trans. La ley, que contempla la autodeterminación de género, debe pasar algún trámite legal antes de que el Congreso la apruebe, supuestamente en 2022, después de PSOE y Podemos consiguieran llegar a un acuerdo tras un año de discusión. 

El ‘Caso Niñera’ ha sacudido políticamente a Montero, que ha tenido que hacer frente al presunto delito de administración desleal tras conocerse que una asesora del ministerio, Teresa Arévalo, trabajaba como niñera de sus hijos. 

Está también trabajando en la reforma de la Ley del Aborto, para derogar la necesidad del consentimiento paterno e impulsar la formación en salud sexual y reproductiva dentro del sistema educativo. Montero ha llegado a un acuerdo para que las mujeres sean consideras víctimas de violencia de género aunque los acusados sean absueltos o no hayan sido denunciados. 

Ione Belarra, la desconocida

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 es la segunda peor calificada del Gobierno, con un 4,0 de valoración, solo por delante de Irene Montero, según el CIS. Belarra llegó al ministerio el 31 de marzo, para sustituir al ‘todopoderoso’ Pablo Iglesias, y no ha logrado su carisma. No obstante, ha conseguido hacerse con la secretaría general de Podemos.

La principal propuesta que ha realizado es la Ley de Diversidad Familiar, que presumiblemente sea aprobada en 2022, con la que se pretende proteger a todas las familias “sea cual sea el estado civil, la orientación sexual o el origen de filiación”. Propone permisos de maternidad de un año a familias monoparentales, y poder ceder la mitad a un conviviente o familiar cercano, además de implantar una prestación de 100 euros al mes (125 euros en los hogares monoparentales) y considerar familia numerosa a las de un progenitor con dos hijos y a aquellas que tengan algún hijo con discapacidad.

El ministerio de Belarra ha estado trabajando en la futura Ley de Protección y Bienestar Animal, en la que se reconocen los derechos de las mascotas y las obligaciones que debe tener la persona responsable de su cuidado.

Sin ninguna experiencia en gestión, ha pasado prácticamente desapercibida, si no fuera por su activismo en Twitter, donde trata de agitar la política para que los ciudadanos no se olviden que Podemos existe. Yolanda Díaz es la única que acapara portadas y entre ambas cada vez hay menos ‘feeling’.

Isabel Rodríguez, la inseguridad

La ministra de Política Territorial es una de las caras visibles del Ejecutivo, por ser la actual portavoz del Gobierno en sustitución de María Jesús Montero. Si no fuera por ello, sería una desconocida y pasaría desapercibida ya que su función en el ministerio es casi nula. La exalcaldesa de Puertollano ocupa la cartera de Política Territorial desde el 12 de julio en sustitución de Miquel Iceta. 

Llegó al ministerio en un momento ‘dulce’, cuando se redujo la tensión con el gobierno catalán tras indultar a nueve miembros del ‘procés’. Aunque tiene poco ‘feeling’ con el secesionismo, recibió el encargo de avanzar en la mesa de diálogo con la Generalitat, así como gestionar las comisiones bilaterales y las transferencias de competencias con el resto de comunidades. Apenas ha conseguido logros en los meses que lleva en el cargo. 

Otro desafío es la relación con las autonomías a través de la ‘cogobernanza’, especialmente significativa en los asuntos relacionados con el Covid-19 y las medidas impuestas por cada comunidad. 

Ha estado trabajando en dos reformas: un Estatuto Básico de los Municipios de menor población, y modificar la Ley de Bases del Régimen Local para tratar de combatir la falta de recursos y la consiguiente despoblación en la mayoría de ayuntamientos.

Rodríguez, que se había entrenado en la portavocía del Gobierno de Castilla-La Mancha entre 2008 y 2011, ha mostrado un discurso más directo y menos rimbombante que su predecesora, aunque aparenta inseguridad y sentirse algo incómoda ante las preguntas de los medios. La ministra consigue una valoración de 4,7 situándose en la parte alta de la clasificación.

Miquel Iceta, el pequeño

El ministro de Cultura y Deporte, antes titular de Política Territorial y Función Pública, tiene toda la confianza de Pedro Sánchez. Iceta le dio su apoyo en la disputa Susana Díaz, y también trabajó incansablemente para recomponer el socialismo en Cataluña durante los años del ‘procés’. 

Criticado en redes sociales al llegar a Cultura, reconoció que se sentía “pequeño” comparado con figuras anteriores en ese cargo, y afirmó que no quería no querer generar “falsas expectativas” al respecto. Uno de sus primeros actos fue asistir en septiembre a los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde hizo la entrega de medallas a los campeones de la prueba de maratón en silla de ruedas. 

Su logro ha sido aprobar la nueva Ley Audiovisual, con la que pretende que se dedique una “especial protección a las lenguas españolas distintas del castellano”. Afirma que otro de sus objetivos es que las empresas extranjeras “vean que en nuestro país hay facilidades para la producción audiovisual”. 

Iceta tiene previsto llevar a cabo en el nuevo año el Estatuto del artista, la Ley del Mecenazgo y la Ley del Patrimonio. Según el ministro, hay que “recuperar el tiempo perdido en un país donde tenemos un gran potencial, pero en el que la cultura no ocupa un espacio central”. Afirma que cuando llegó a su anterior ministerio “había asuntos que llevaban atascados 20 años y él los resolvió en 5 meses”.

Fiel escudero de Sánchez, critica los enfrentamientos dentro del Gobierno. Obtiene un 4,3 de valoración, colocándose en la parte baja de la clasificación según el CIS.

Alberto Garzón, la inanidad

El ministro de Consumo, que está en el Ejecutivo representando la cuota de Izquierda Unida tras el acuerdo de coalición logrado entre PSOE y Podemos, pasaría inadvertido si no fuera por las rocambolescas propuestas que realiza. 

Garzón criticó que “el consumo excesivo de carne perjudica la salud de las personas”, por lo que animó a reducir su ingesta. Las declaraciones sorprendieron hasta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró que “un chuletón al punto es imbatible”. A pesar de ello, Garzón ha afirmado que este tipo de críticas provienen de “hombres que sienten que su masculinidad está afectada por no poder hacer una barbacoa”. 

El ministro también declaró la guerra a los alimentos y bebidas azucaradas, prohibiendo su publicidad en los programas destinados a menores de 16 años y aumentando el IVA del 10% al 21% en estos productos. Ha recibido críticas tras convocar una huelga para luchar contra los estereotipos sexistas en los anuncios de juguetes.

El titular de Consumo ha trabajado en la regulación de las casas de apuestas y en la publicidad de este tipo de juegos adictivos. Con él, la polémica está servida. Por eso recibe una valoración de 4,1 puntos, siendo el tercer ministro peor valorado del Gobierno. 

Reyes Maroto, la erupción

La ministra de Industria, Comercio y Turismo se ha centrado en demostrar que nuestro país es un destino seguro desde el punto de vista sanitario, con el objetivo de facilitar la recuperación del sector turístico como pilar de la reactivación económica. Mes tras mes ha insistido en que estamos cerca de recuperar los niveles de la prepandemia, con la mirada especialmente puesta en Reino Unido para reabrirse a este mercado cuando las condiciones sanitarias sean adecuadas.

Maroto, totalmente desconocida entre la población, afirmó que la erupción del volcán de La Palma era “un reclamo turístico que podemos aprovechar”, ante lo cual salió a retractarse posteriormente. 

Otro frente es la vertiginosa subida del precio de la luz. Se debate entre recordar a las eléctricas que no deben renegociar los contratos de energía al alza y pedir paciencia al consumidor. 

La prioridad de su ministerio está en consolidar la recuperación turística y avanzar en la transformación y modernización de un modelo más sostenible, digital, seguro e inclusivo; no tan centrado en la cantidad de turistas como en la calidad, rentabilidad e inclusividad de la industria turística.

Maroto termina el año con nuevos proyectos para mejorar el turismo. Se trata de tres decretos que han salido a la luz en el puente de diciembre: mejorar la inversión en el patrimonio histórico, favorecer la innovación en empresas turísticas, e impulsar la red de Caminos de Santiago desde un punto de vista sostenible y digital. La ministra obtiene un 4,4 de valoración, situándose en la parte media de la clasificación.

Luis Planas, el invisible

A pesar del tiempo que lleva en el ministerio, desde 2018, el titular de Agricultura y Pesca es un auténtico desconocido. A veces es calificado como un ministro de “bajo nivel”, aunque ha sido inspector de trabajo y diplomático de carrera. Obtiene una calificación de 4,6 puntos y se sitúa en la parte media de la tabla.

Luis Planas saltó este año al primer plano de la opinión pública al criticar la campaña del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por la reducción del consumo de carne, diciendo que podría hacer mucho daño a un sector tan vulnerable como el ganadero. La posición pública del presidente Sánchez, apoyando las bondades de "un chuletón al punto", mejoró su posición de Planas en el Consejo de Ministros. 

Ha tenido que afrontar las recientes movilizaciones del sector agrario para reclamar 'precios justos' (dicen que producen a pérdidas), y la aprobación de medidas para aliviar el desorbitado aumento de las materias primas. Los productores se quejan de la "competencia desleal" que suponen las producciones procedentes de Marruecos, a pesar de que una reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea ordenó anular los acuerdos de comercio y pesca suscritos entre Marruecos y Europa. 

El pacto alcanzado este último mes entre los ministros de Pesca de la Unión Europea ha supuesto un duro golpe para nuestro país, pues, aunque el acuerdo logrado en el Atlántico para el año que viene es beneficioso para España, el ministro no ha mostrado su conformidad respecto a la actividad en el Mediterráneo, donde a su parecer Marruecos copa más de lo permitido.

Raquel Sánchez, la catalana

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha logrado una buena valoración al frente de una cartera que se apreciaba compleja. Sánchez Jiménez llegó al ministerio para sustituir al hasta entonces todopoderoso José Luis Ábalos. 

Dada su alta capacidad inversora y de gasto, en los últimos treinta años el ministerio de Transportes (o de Fomento) solía ocuparlo una persona de máxima confianza del presidente. Así fue con Aznar, Zapatero, Rajoy y el mismo Pedro Sánchez. La mayoría de los ministros, además, ocupaban un puesto de responsabilidad en su partido. Con el nombramiento de Sánchez Jiménez, parece interrumpirse esa tradición; aunque pudiera haber sido determinante su vinculación con los máximos responsables del socialismo catalán y el futuro de las relaciones del gabinete de Pedro Sánchez con Cataluña. 

El mayor escollo al que ha tenido que enfrentarse ha sido la huelga de transportistas convocada en diciembre. Sánchez Jiménez ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera, que ella misma ha calificado como histórico, que supone la desconvocatoria de un paro que amenazaba con dejar desabastecidos los mercados durante las Navidades. 

Sánchez Jiménez ha trabajado en la Ley de Movilidad Sostenible y la tarificación del sistema de peajes en carretera. Tras múltiples encontronazos con los socios de coalición, también ha conseguido acordar la primera Ley de Vivienda a nivel estatal, que se terminará de llevar a cabo a principios de 2022. Sánchez Jiménez, que ha inaugurado la llegada del AVE a Galicia este diciembre, admite la necesidad de una tarificación ferroviaria, ante las múltiples quejas por los cambios de precios. 

La que fuera alcaldesa de Gavá desde 2014 destaca por su persistente trabajo y tenacidad. Obtiene una valoración de 4,8 puntos, situándose en la parte alta de los ministros con buena nota.

Diana Morant, la intrascendencia

La ministra de Ciencia e Innovación ha tenido un papel muy discreto. Morant, ex alcaldesa de Gandía (Valencia) desde 2015, se hizo cargo de la cartera en sustitución de Pedro Duque el 12 de julio. A pesar de su experiencia en política y gestión municipal, Morant también ha ejercido profesionalmente como ingeniera de telecomunicaciones. 

Sus actividades en estos seis meses se reducen a encuentros con aparente poca transcendencia: presidir mesas con alcaldes; encuentros con algún homólogo europeo de Innovación, Investigación, Cultura, Educación; inaugurar congresos; clausurar simposios; comparecencias en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y en el Consejo de Ministros.

El principal reto al que se enfrenta Morant es la reforma de la Ley de Ciencia, con la que pretende combatir la precariedad y reforzar la igualdad de género. Asegura que el problema más grave de la ciencia en España es la falta de inversión si nos comparamos con Europa, y destaca que se haya duplicado la partida presupuestaria en ciencia e innovación para 2022 con 3.843 millones de euros. Ese ha sido su único logro hasta la fecha.

Pese a llevar poco tiempo al frente del ministerio, ser una desconocida y no haber tenido especial transcendencia política, Morant obtiene una calificación de 4,7 puntos y se sitúa en la parte alta de los ministro bien valorados.

Pilar Alegría, la docente

La ministra de Educación y Formación Profesional tenía el reto de acabar de implementar la LOMLOE, conocida popularmente como ‘Ley Celáa’, y aprobar la nueva ley de Formación Profesional. 

Pilar Alegría sustituyó a Isabel Celáa, sido ampliamente criticada por buena parte de la sociedad civil y sindicatos de docentes por promover una ley con poco diálogo social, que limitaba las escuelas concertadas, la educación especial, el uso del castellano y permitía promocionar al curso siguiente a pesar de tener varias asignatura suspensas. 

Ha explicado que el ministerio está centrado en “priorizar la educación pública” porque es su competencia directa, si bien “esto en absoluto va en detrimento de la concertada”, que juega un “papel muy importante”. También ha aclarado que la educación especial es “fundamental”. 

Uno de sus propuestas ha sido garantizar la gratuidad de la Educación Infantil, tanto en las escuelas privadas como en las públicas. Pero, el principal logro ha sido aprobar el proyecto de ley de Formación Profesional, con el que se pretende duplicar el número de trabajadores formados y ofrecer un sistema más atractivo para los jóvenes. 

Alegría, docente de vocación y formación, obtiene un 4,7 de valoración, y se sitúa en la parte alta de los ministros que mejor nota reciben. La ministra trabaja de cara al nuevo año con un cúmulo de nuevas iniciativas por resolver: el Estatuto Docente, una nueva ley de Enseñanzas Artísticas, la regulación de investigadores y un nuevo modelo de la EBAU. 

Manuel Castells, el desaparecido

El ministro de Universidades, que entró al Ejecutivo para representar la cuota de los Comunes tras el acuerdo de coalición PSOE-Podemos, ha demostrado nulo peso político y escasa interlocución en su gestión. El 16 de diciembre comunicaba su dimisión porque el médico le había recomendado no exponerse al estrés, y el día 20 de entregaba la cartera a su sucesor, Joan Subirats.

Después de dos años de una gestión muy criticada, Castells deja una reforma universitaria a medio hacer. La oposición le acusaba de no hacer nada de nada, tampoco contaba con el visto bueno de rectores y estudiantes. A pesar de su salida, la Ley Orgánica del Sistema Universitario sigue adelante porque el Gobierno se había comprometido con Europa a reformar los campus españoles para recibir los fondos de recuperación. 

Con Castells se ha aprobado la Ley de Convivencia Universitaria, que deroga un reglamento de 1954: sanciona el plagio, prohíbe las novatadas, blinda los escraches en los campus, y no penaliza a los alumnos que copien en el examen, lo que provocó protestas entre la comunidad educativa.

Ha trabajado en la digitalización de los centros y la recualificación de la plantilla de profesores. A pesar de su trayectoria académica, Castells siempre fue el ministro de Podemos que más papeletas tuvo para abandonar el Ejecutivo debido a su bajo nivel político y porque no le gustaba el escaparate mediático. Obtiene un 4,1 de calificación, siendo uno de los ministros peor valorados.