Política

La Fiscalía acusará de desobediencia a los alcaldes del 1-O

La fiscal general y el presidente del TSJC han llegado a este acuerdo para unificar criterios de cara al juicio

Alcaldes independentistas en Bruselas.
photo_cameraAlcaldes independentistas en Bruselas.

Un año y casi dos meses después del referéndum de independencia de Cataluña, la Fiscalía todavía estudia de qué acusar a los alcaldes que permitieron y dieron facilidades para que se celebrara la consulta ilegal.

Existía desacuerdo en el Ministerio Público. Y es que, aunque la mayoría de los ediles van a ser juzgados por tribunales catalanes, cuatro de ellos son aforados, ya que fueron elegidos eurodiputados o miembros del Parlament. Por tanto, el Tribunal Supremo ha asumido el procedimiento sobre ellos, al igual que hizo con los ex consellers.

Tanto la Fiscalía del Supremo como la catalana han tenido presente durante este tiempo que, a la hora de calificar los hechos, deberían intentar unificar criterios y acusar a los alcaldes del mismo delito.

El razonamiento es que consideran ilógico que cada fiscal acuse de un delito distinto a los ediles, ya que todos están investigados por los mismos hechos. Por eso, han trabajado durante la instrucción del procedimiento con esta idea de fondo, acusar de lo mismo.

Era el motivo de la reunión mantenida el jueves entre la fiscal general del Estado, María José Segarra, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos. Ambos conversaron en Barcelona durante casi una hora y a la salida del palacio de Justicia, Segarra aseguró a los medios que estudiaría las acusaciones “caso por caso”.

Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital, los dos llegaron a un acuerdo, que fue acusar a los alcaldes de desobediencia. La mayoría de los imputados son miembros de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), comprometida con el referéndum.

La querella de los fiscales estaba fundamentada en que la consulta del 1-O fue prohibida expresamente por el Tribunal Constitucional, que lo notificó a todos los dirigentes catalanes, tanto de la Generalitat como a todos los alcaldes.

Al facilitar la apertura de colegios electorales y el traslado de las urnas y las papeletas, estos ediles desobedecieron una orden expresa del TC, aun siendo plenamente advertidos.

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