Política

La Fiscalía se desmarca del juez Llarena y baraja que se juzgue a los presos catalanes por conspiración para la rebelión

Considera que no hay violencia suficiente para acusarles del delito tal y como está tipificado en el código penal

Oriol Junqueras, a su entrada en la Audiencia Nacional.
photo_cameraOriol Junqueras, a su entrada en la Audiencia Nacional.

Según ha podido saber Confidencial Digital, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictará el auto de apertura de juicio oral contra los ex consellers presos el jueves o a lo más tardar, el viernes.

Tras esto, la Fiscalía tendrá un plazo de cinco días para presentar el escrito de calificación de los hechos. Puede remitir uno provisional y pedir más tiempo para redactar un informe definitivo.

En este sentido, las fuentes consultadas por ECD explican que el Ministerio Público está estudiando seriamente pedir en ese escrito que se juzgue a los procesados por un delito de malversación, otro de sedición y un tercero no de rebelión, como se ha venido especulando desde hace un año, sino de conspiración para la rebelión.

El principal argumento de los fiscales es que los hechos que se van a juzgar no incluyen la violencia suficiente para constituir un delito de rebelión “clásico”: alzarse violenta y públicamente para, entre otros fines, declarar la independencia de una parte del territorio nacional, según el código penal.

A su juicio, no existió un grupo de personas exclusivamente dedicado a violentar a los poderes del Estado para la celebración del referéndum. En cualquier caso, los votantes fueron sujetos pasivos de esa violencia, que ejercieron los agentes de Policía en los colegios electorales.

Sin embargo, los ex consellers, sirviéndose de la autoridad de sus cargos en la Generalitat, llamaron a los catalanes a las urnas, aun conociendo el riesgo de que se produjeran tumultos y de que se produjeran heridos.

Además, los fiscales advierten cierto grado de violencia, al menos de tentativa, en el asedio a la conselleria de Economía del 20 de septiembre, cuando una masa de cerca de cuatrocientas personas impidieron la salida de los agentes y funcionarios que practicaban un registro judicial para impedir la consulta independentista.

Por todo ello, los cuatro miembros de la Fiscalía que llevan el caso (Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno) se inclinan, aunque todavía no lo han decidido definitivamente, enviar a la Sala de lo Penal del TS el escrito de calificación pidiendo un juicio por conspirar para la rebelión. El código penal contempla penas de alrededor de 7 años y seis meses de prisión por este delito, mucho menos que los 30 años con los que está penada la rebelión.

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