El Gobierno sabe que los tribunales tumbarán el recorte a las eléctricas pero quiere vender que “Pedro Sánchez está con el pueblo”

La crisis de la luz se ha convertido en un problema de primer orden para el Gobierno. Pero Moncloa ha decidido jugar al corto plazo y seguir adelante con el ‘hachazo’ a las eléctricas como gesto hacia los ciudadanos, pese a haber sido advertida, al igual que la vicepresidenta Teresa Ribera, de que el decreto será tumbado por los tribunales.

El Gobierno asume que la decisión de optar por la vía legislativa más urgente, el real decreto ley, que en un principio rechazó para limitar los beneficios del sector energético, será recurrida por las eléctricas y cuenta además con que será tumbada por los jueces.

La normativa no tiene base legal

Fuentes próximas al Ministerio de Transición Ecológica, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, explican que técnicos del departamento que dirige Teresa Ribera pusieron en duda el valor legal del decreto durante la redacción del texto. Y así se lo trasladaron al equipo de la vicepresidenta tercera.

Argumentaron, por ejemplo, que el Gobierno exigirá a algunas empresas fotovoltaicas y eólicas, tal y como está redactada la normativa, un dinero que no ganan por la actual subida al tener contratos a largo plazo a precios estables.

Por tanto, el decreto pondrá en peligro su viabilidad. Un argumento de peso, aseguran, para que los jueces tumben la norma.

La vicepresidenta sostiene que ella hará una ‘interpretación suave’ del decreto, de modo que “la minoración sólo se aplicará a las instalaciones que hayan tenido un mayor ingreso como consecuencia de la incorporación a los precios de la electricidad en el mercado mayorista del valor del precio del gas natural”.

Es decir, sólo aplicará los recortes a los que realmente estén cobrando su energía a los elevados precios actuales, y no a otros más bajos fijados previamente en contratos a largo plazo. 

Calviño también advirtió de los riesgos

Así las cosas, dentro del equipo económico del Gobierno apuntan directamente contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante una decisión que, en público y en privado, siempre fue vista con enorme recelo por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Calviño permanece en silencio, pero, internamente también, advirtió en el Consejo de Ministros de los riesgos de ir por esta vía. En su entorno reconocen que al final se impusieron las urgencias políticas de Moncloa.

Miembros del equipo económico del Ejecutivo, próximos a la vicepresidenta Calviño, critican que Moncloa y Transición Ecológica hayan hecho justo lo contrario de lo que decían que iban hacer, y precisamente de lo que en un primer momento afirmaron que no era conveniente hacer “en caliente”, por sus “perniciosas consecuencias”.

Ribera no modificará el decreto

Con todo, la vicepresidenta Ribera ha descartado en los últimos días modificar su decreto, pese al caos que ha generado en todo el sector eléctrico por su ambigua redacción.

Una de las muestras de la confusión que ha provocado en el mercado es que el Ministerio de Transición Ecológica ha tenido que redactar un documento como “aclaración” de su propio decreto de la semana pasada, y ha endosado a Red Eléctrica Española (REE) la aplicación del varapalo a las empresas del sector.

REE tiene como principal accionista al Estado, pero con un 20% del capital, y es una empresa cotizada. La propia presidenta de REE y ex ministra socialista, Beatriz Corredor, se vio obligada a consultar al ministerio cómo aplicar el encargo con cuatro dudas fundamentales que no despeja el decreto. 

El departamento que dirige Teresa Ribera ha tenido que responder, como resultado de las inmensas lagunas de la norma. Corredor preguntó por el ámbito de aplicación, qué energía penalizar, con qué cuantía y cómo liquidarla.

La culpa es de los tribunales

Pese a este embrollo de consecuencias multimillonarias, Ribera se mantiene firme en no cambiar el decreto, por mucha incertidumbre que haya provocado en inversores y accionistas de las eléctricas, empresas que llevan varios días cosechando fuertes caídas en Bolsa. 

“Las leyes son inamovibles hasta que se cambian, y no tenemos intención de cambiarla”, ha zanjado la vicepresidenta tercera en los últimos días.

Según las fuentes consultadas por ECD, la resistencia del Gobierno a modificar el decreto forma parte de una estrategia de Moncloa para poder defender ante la opinión pública que Pedro Sánchez “no ha sido el responsable”, que él se enfrentó a los “gigantes” (las eléctricas), y que han sido otros poderes (los tribunales), los que le han doblado el pulso y no han permitido aplicar el hachazo fiscal a las grandes compañías.

“Sánchez está con el pueblo”

En el PSOE reconocen que se persigue, además, lanzar el mensaje de que “Sánchez está con el pueblo”, de forma que la crisis de la luz no vuelva a poner en evidencia la debilidad o impotencia de los socialistas. Se trata de evitar que sea Unidas Podemos, incluso sin Pablo Iglesias al frente, quien capitalice todas las medidas sociales del Ejecutivo.

Se trata de un mensaje que Moncloa ha comenzado a trasladar ya a la opinión pública en la crisis por la erupción del volcán en La Palma, admiten en el Ejecutivo.

“El presidente Sánchez está donde debe de estar, junto a los españoles que sufren, con los afectados que están siendo evacuados de la isla de La Palma, y tomando el pulso de la situación para poder tomar las mejores decisiones”, han subrayado en los últimos días varios portavoces gubernamentales.

“Todo el mundo entiende que hablamos de una catástrofe natural, y él no escogió que el volcán entrara en erupción dos horas antes de despegar hacia Nueva York”, han recalcado también, tratando de explicar los cambios en la agenda del presidente durante su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU.