No habrá multas de 100 euros por ir sin mascarilla en hospitales y centros de salud

Sin multas por no llevar mascarilla en centros sanitarios. Desde la semana pasada, Sanidad había impuesto su uso obligatorio en toda España, pero los fallos legales que han detectado las comunidades autónomas en la orden emitida por el Ministerio han llevado a la mayoría de territorios a dar orden de no imponer sanciones.

Como ya había anunciado, el Gobierno del País Vasco ha decidido presentar un recurso contra la orden, pero no será la única autonomía.

Baleares, que ha acatado la decisión como el resto, se ha sumado a esa iniciativa y ha encargado a sus servicios jurídicos presentar un recurso contencioso para solicitar la suspensión de la medida impuesta por el Ejecutivo central.

La intención de Sanidad era que se trate de una medida temporal, y “acabar con esta obligatoriedad en cuanto sea posible”, según ha subrayado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha evitado en todo momento poner plazos.

Solo se ha trasladado a las comunidades que podrán pasar de la imposición a la recomendación cuando enlacen dos semanas seguidas de bajada en la incidencia de virus respiratorios.

Errores legales en la orden

Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes de distintos Gobiernos autonómicos, asesores de las consejerías de sanidad y expertos en legislación sanitaria han detectado errores legales en la orden emitida por el Ministerio.

Argumentan, por ejemplo, que no se ha escuchado a los técnicos, ni se ha seguido el procedimiento habitual en la toma de decisiones del Consejo Interterritorial de Salud.

Pero destacan sobre todo que la necesidad de llevar a cabo unas “actuaciones coordinadas” en todo el territorio nacional pierde fuerza en la redacción de la orden de Sanidad, que incluye excepciones a la medida de llevar mascarillas y deja en manos de las autonomías esa decisión en determinadas circunstancias -si acumulan dos semanas consecutivas en la disminución de la incidencia, según el informe SiVIRA-.

El Ministerio tampoco ha transmitido, añaden, ninguna seguridad jurídica sobre cómo adoptó la decisión, ya que cambió radicalmente de criterio en apenas cinco días: pasó de dejarlo en manos de las autonomías a imponer su uso en todo el país.

Una medida sin consenso

Otra de las lagunas que han detectado es que la orden ha sido adoptada sin que se alcanzara un acuerdo en el Consejo Interterritorial, donde “las decisiones deben adoptarse por consenso”, lo que quiere decir que no puede haber ninguna comunidad autónoma que esté en contra. En la reunión de Sanidad con las autonomías no existió ese consenso. Todo lo contrario. Diez de ellas manifestaron su oposición a la medida.

Recuerdan también que, aunque el Consejo Interterritorial de Salud sea una conferencia sectorial, tiene una regulación específica -la Ley de Cohesión y Calidad- donde se recoge esa necesidad de consenso en la adopción de cualquier medida que vincule a las autonomías.

No van a sancionar

Ante las dudas por los fallos legales detectados en la orden, según las fuentes regionales consultadas por ECD, la mayoría de comunidades han decidido no imponer las multas de 100 euros que establece la normativa por no llevar cubiertas nariz y boca en los centros sanitarios.

En los territorios no se ha olvidado todavía que la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, impuso en el verano de 2021 el cierre del ocio nocturno en toda España mediante una declaración de “actuaciones coordinadas”, que la Comunidad de Madrid llevó la medida a los tribunales, pidiendo la suspensión cautelar de la orden, y que ganó.

La Audiencia Nacional dio la razón a Madrid, que entre los argumentos que planteó figuraban sus competencias en este ámbito. Y, entonces, la situación era de pandemia.

Asumir el coste de las reclamaciones

Por si fuera poco, se tiene en cuenta también que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los dos estados de alarma decretados por el Gobierno, lo que abrió la puerta a que las sanciones que se interpusieron al amparo de esos decretos ley quedaran anuladas.

Recuerdan que esas multas fueron recaudadas por las autoridades sanitarias regionales, y que les ha tocado a ellas asumir el coste de las reclamaciones.

Personas sin mascarilla, sin respetar la distancia de seguridad, o superar el máximo de personas reunidas, fueron algunas de las infracciones más habituales durante el estado de alarma, que multiplicaron el trabajo de los policías de todas las autonomías.

La mayor parte de los casos denunciados implicaban multas de 600 euros. Hay que recordar que la cuantía por incumplir la limitación de la libertad de circulación de las personas, impuestas por el estado de alarma o la ley de Seguridad Ciudadana, conllevaba multas de 601 a 30.000 euros.