Pedro Sánchez ordena a la Abogacía del Estado que defienda a su ‘amigo’ Tezanos

Los jueces han abierto un nuevo frente al Gobierno con la imputación de José Félix Tezanos. El presidente del CIS cuenta con el apoyo personal de Pedro Sánchez y de la Abogacía del Estado en el proceso judicial tras su imputación por un presunto delito de malversación con las encuestas públicas.

La responsable del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, María Cristina Díaz Márquez, le ha citado en calidad de investigado, tras aceptar la denuncia presentada por Vox y pese a la oposición de la Fiscalía, que calificó el relato de la formación de Santiago Abascal como “meras sospechas” y “conjeturas”.

Vox sostiene que Tezanos utiliza el CIS de forma “irregular”, “con fines partidistas y únicamente para beneficiar al PSOE”. Lo acusa, entre otras cosas, de manipular las encuestas para beneficiar a los socialistas ante la opinión pública.

La Abogacía, al servicio de Tezanos

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, Pedro Sánchez ha dado orden expresa al Ministerio de Justicia para que la Abogacía del Estado “se ponga al servicio” del presidente del CIS, le represente y defienda judicialmente.

Hay que recordar que Tezanos apoyó a Sánchez en las primarias socialistas de 2017 y que fue incluido después en la dirección del PSOE hasta que el actual presidente del Gobierno lo nombró para dirigir el CIS. Ambos mantienen una estrecha relación.

Imputación sin resolverse el recurso

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que el primer movimiento de la Abogacía del Estado va a ser presentar un escrito para mostrar su “sorpresa” porque la imputación de José Félix Tezanos se haya producido antes de resolverse el recurso de inadmisión de la querella de Vox por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los servicios jurídicos del Estado, en representación del propio presidente del CIS, recurrieron el pasado mes de agosto la admisión a trámite de la querella por dos motivos: el primero, por el carácter prospectivo de la investigación penal, al no existir concreción de los hechos objeto de querella. El segundo, por la atipicidad de los hechos: en su opinión, no existen indicios que justifiquen su tipicidad por un delito de malversación de caudales públicos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid admitió a trámite esta querella al considerar que se “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de malversación de caudales públicos”, dando entonces un plazo de 20 días al CIS para que presentara las actas de trabajo en las que se acuerdan los criterios de elaboración de las encuestas entre 2018 y 2020 o en las que figurara justificación para el “cambio de técnicas” aplicables a dichos instrumentos.

Ahora, sin embargo, la magistrada va un paso más allá y ha acordado citar a Tezanos como imputado el próximo 29 de octubre

La Fiscalía también se sumó en contra

Por si esto fuera poco, la Fiscalía se sumó después a los argumentos de la Abogacía del Estado, al entender que la denuncia no cumple los presupuestos necesarios que puedan legitimar el inicio de una investigación judicial. “El denunciante nada acredita respecto de los indicios existentes relativos a la comisión del delito denunciado”, critica.

“Son meras sospechas, conjeturas, que relacionan de forma no adecuada, la ineficacia en la realización de encuestas con la administración fraudulenta de la institución CIS”.

Según defiende el escrito, la acusación de Vox solo se basa noticias de prensa y reportajes televisivos, así como en “comentarios y opiniones en redes, sin que se aporte ninguno de los expedientes que sostienen la realización de las encuestas objeto de informe pericial, y sin que se concrete ninguna actuación del investigado dirigida al cumplimiento de los requisitos del tipo objeto de denuncia”.

Moncloa se guarda la baza de la recusación

Pese a ello, la jueza ha decidido ahora citar como imputado a Tezanos. Fuentes conocedoras del proceso explican a ECD que Moncloa se ha guardado otra baza: presentar un recurso para forzar la recusación de la magistrada en la investigación.

Recuerdan que Márquez ha ostentado en el pasado cargos políticos en el Partido Popular, lo que le ha llevado a apartarse de otras investigaciones como el juicio sobre la investigación del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, por ejemplo.

Ha ocupado diferentes cargos públicos con el PP en el pasado. El Gobierno de Mariano Rajoy la nombró directora general de Política Interior en el Ministerio del Interior. También ostentó el cargo de directora general de Justicia y Seguridad en el Ejecutivo regional madrileño de Cifuentes.

Además, fue portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Madrid durante tres años.