El plan de Sánchez tras el estado de alarma: control de tráfico entre provincias, mantener los ERTE y moratoria de alquileres

Pedro Sánchez asume ya que el Congreso de los Diputados no está listo para afrontar más prórrogas del estado de alarma. Un escenario que le ha obligado a comenzar a trabajar con urgencia en un plan B para blindar medidas sanitarias, económicas y de movilidad.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Ejecutivo, Moncloa está diseñando ya el escenario que desplegará a partir del 24 de mayo, cuando se iniciará la fase 2 del plan de desescalada, con la ampliación de las medidas ya permitidas en la fase 1 y la aprobación de otras relacionadas, principalmente, con la vuelta del ocio.

No habrá más prórrogas del estado de alarma

Tras finalizar la prórroga que se somete a votación este miércoles en el Congreso, y que en Moncloa prevé que el presidente saque adelante con un margen estrechísimo, Pedro Sánchez tiene prácticamente decidido renunciar a la solicitud de una nueva extensión del estado de alarma dentro de quince días.

Una decisión que supone una marcha atrás en sus previsiones después de que, en una comparecencia institucional el pasado sábado, declarara que “no hay plan B al estado de alarma” para evitar una desescalada caótica.

La prórroga que convalide el Congreso expirará el 23 de mayo y las fases de la desescalada se prolongarán como mínimo hasta finales de junio. El plan inicial del Gobierno era prolongar el estado de alarma hasta entonces, pero la falta de apoyos parlamentarios le obliga a replantear la situación.

Aprobar órdenes con una vigencia abierta

Según las fuentes consultadas por ECD, Pedro Sánchez asume que es prácticamente imposible arrancar otra prórroga a un Congreso en el que apenas cuenta ya con apoyos sólidos y ha dado orden a los ministros de trabajar en el “plan B” que él mismo se negaba a aceptar hace tan solo unos días.

Fuentes de varios ministerios implicados explican que el núcleo central de la estrategia será acogerse al real decreto que recoge el plan de desescalada, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril, para ir desplegando en base a ese texto las restantes fases del plan de desconfinamiento. 

Será, al igual que hasta ahora, a través de órdenes ministeriales, pero con la novedad de que se redactarán incluyendo una vigencia abierta y no supeditada al estado de alarma. Por lo tanto, decaído el decreto, las medidas se podrán mantener en vigor hasta que una nueva orden ministerial modifique la anterior.

Colaboración de las comunidades autónomas

El mayor desafío del nuevo escenario se encuentra en controlar la movilidad entre provincias. Fuentes consultadas por ECD destacan que no será posible imponer medidas coercitivas generales bajo el mando único, pero sí medidas de cooperación y coordinación con las comunidades autónomas. No son normas que amparan la limitación de derechos fundamentales como el de la libre circulación de personas.

Los desplazamientos a las segundas residencias están contemplados en la fase 2, precisamente a partir del 25 de mayo, pero exclusivamente si se encuentran en la misma provincia. En cambio, si están en otra, está prohibido como pronto hasta el 22 de junio, cuando comience lo que ha venido a denominarse como la “nueva normalidad”. 

Hasta entonces no estará permitido que ciudadanos se desplacen desde Madrid a sus segundas residencias en Murcia, ni incluso a una provincia limítrofe que se encuentre en la misma fase.

Control específico de tráfico entre provincias

Por ello, según ha podido confirmar ECD por fuentes conocedoras del plan del Ejecutivo, Moncloa ha pedido a Interior el diseño de un dispositivo para adaptar las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las necesidades de desescalada para después del estado de alarma, dentro del que se contempla un “control específico del tráfico entre provincias”. 

Un operativo que se concretará en los próximos días en una orden ministerial que se aprobará todavía bajo el amparo de la prórroga del estado de la alarma y que se mantendrá en vigor, en coordinación con las autonomías, “hasta que existan circunstancias que justifiquen una nueva orden ministerial que modifique la anterior”.

La base legal de la medida será poder garantizar la salud pública. En este sentido, seguirán imponiéndose sanciones contra todo comportamiento insolidario, sin ningún interés recaudatorio, en la medida en que esas conductas de incumplimiento de la normativa atentan contra la mayoría de la población que sí respeta las reglas.

Desligar de la alarma las ayudas económicas

Otro de los departamentos del Gobierno que ha comenzado a trabajar en el “plan B” es el área económica. Con el fin del estado de alarma decaerían también la mayoría de medidas económicas reguladas en otros decretos posteriores al 14 de marzo y que han vinculado su vigencia a la situación de excepcionalidad.

En estos momentos, de hecho, sindicatos, patronal y Gobierno están negociando la flexibilización y el alargamiento de estos expedientes, lo que muestra que con la finalización del estado de alarma, acabarían también los ERTE que benefician ahora mismo a casi cuatro millones de trabajadores.

Por ello, según ha podido saber ECD por fuentes del Ejecutivo, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha comenzado a trabajar en desligar los ERTE del estado de alarma para que las empresas puedan seguir acogiéndose a este instrumento más allá de la emergencia sanitaria.

Defienden que los ERTE de fuerza mayor no son simplemente un asunto laboral, sino que “son una cuestión de Estado”, y la herramienta que tiene que facilitar la transición de la economía para salvar el empleo. 

El objetivo es por tanto desvincular todas las ayudas económicas y laborales aprobadas con motivo del estado de alarma por el coronavirus y mantenerlas en tanto continúe la situación extraordinaria. 

Se citan también, por ejemplo, la moratoria de hipotecas y alquileres, la prohibición del corte de suministros básicos y la liquidez a pymes y autónomos a través de los avales del ICO.