El PP avaló tres veces al jurista propuesto por Armengol como letrado mayor

Fernando Galindo fue nombrado director de área en repetidas ocasiones con el voto unánime de todos los miembros de la Mesa del Congreso

El presidente del Senado, Pedro Rollán y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
El presidente del Senado, Pedro Rollán y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
  1. Tres veces director de área
  2. Requisito de antigüedad
  3. Petición de relevo del anterior letrado Mayor
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el pleno de investidura del líder del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el pleno de investidura del líder del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid.

El Partido Popular apoyó tres veces el nombramiento de Fernando Galindo, el letrado de las Cortes, ahora propuesto por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para ocupar el puesto de letrado mayor de la Cámara Baja. Un nombramiento que ha levantado polémica por su la supuesta cercanía del jurista al Partido Socialista. Además, la designación se produce cuando el equipo jurídico del Congreso tendrá que determinar si tramita o rechaza la ley de amnistía que presentarán los grupos parlamentarios en los próximos días.

Sin embargo, los populares ya avalaron a este candidato. Galindo tuvo luz verde unánime de todos los miembros que conforman la Mesa en las tres veces que fue elegido director letrado.

Tres veces director de área

Galindo ha ocupado tres puestos de dirección durante su trayectoria. En todos ellos ha tenido el sí de los grupos políticos que conformaban la Mesa del Congreso en ese momento. En todas ellas había miembros del Partido Popular, a veces de forma mayoritaria.

El primer cargo que ostentó fue el de asesor jurídico de la Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria. Un puesto que ejerció entre los años 2011 y 2014. A partir de entonces pasó a ser director de Relaciones Internacionales durante cinco años. En 2019, ocupó el puesto de director de Comisiones, hasta 2021. Posteriormente, ha sido el director en funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses del Parlamento entre el año 2020 y el 2021.

La polémica surge porque Galindo viene de ostentar una subsecretaría en el ministerio de Política Territorial, dirigido por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. En concreto, ha sido el director general de Cooperación Autonómica y Local.

Francina Armengol en frente del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. De izquierda a derecha, Santos Cerdán (de espaldas), secretario de Organización del PSOE, el ministro de presidencia, Félix Bolaños, director adjunto del gabinete del presidente y Óscar López, director de gabinete.
Francina Armengol en frente del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. De izquierda a derecha, Santos Cerdán (de espaldas), secretario de Organización del PSOE, el ministro de presidencia, Félix Bolaños, director adjunto del gabinete del presidente y Óscar López, director de gabinete.

Requisito de antigüedad

La única condición que debe reunir un letrado para poder ser propuesto como candidato es tener, al menos, diez años de experiencia dentro del cuerpo de juristas de las Cortes. Galindo forma parte del mismo desde 2010, por lo que acumula 13 años de labor a sus espaldas. Es función de la presidenta del Congreso designar un nombre que posteriormente será votado por la Mesa. Sin embargo, todo parece indicar que saldrá adelante, pues hay una mayoría de izquierdas en el órgano.

Petición de relevo del anterior letrado Mayor

El nombramiento llega ahora porque el actual letrado Mayor, Juan Martínez de Novales, solicitó ser sustituido tras casi diez años en el cargo. La designación coincide con una de las tareas clave para la aprobación de la ley de amnistía. En los próximos días, los grupos progresistas (aunque no se conoce si será el PSOE) presentarán una norma que supondrá el olvido de todas las causas judiciales para los encausados por el procés catalán.

Una medida que ha generado un gran debate entre los constitucionalistas a la hora de determinar si la Carta Magna prohíbe o permite una ley así. Una vez presentada, tendrán que ser los letrados de la Cámara quienes elaboren un informe señalando la legalidad o no de una norma imprescindible para que los socialistas obtengan el apoyo de los grupos catalanes independentistas (ERC y Junts) y saquen adelante la investidura de su candidato y actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, en un Pleno de la Cámara.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, en un Pleno de la Cámara.

 

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