Roce entre Justicia y Vicepresidencia por la reforma del delito de agresión sexual
Carmen Calvo lo anunció como medida estrella tras la sentencia de ‘La Manada’ sin informar a la ministra. El equipo de Dolores Delgado encuentra ahora dificultades para materializar la propuesta
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, salió al paso de la polémica sentencia de ‘La Manada’ anunciando el mes pasado una reforma del código penal para considerar agresión sexual toda relación en la que no medie un consentimiento explícito.
Reforma cuestionada por juristas, que han alertado de la dificultad de probar esta condición en un procedimiento judicial de no haber testigos del acto.
Este fleco deberá ser solventado por la comisión de codificación, que prevé cerrar los trabajos, hoy paralizados por vacaciones, en torno al mes de noviembre. Este grupo de estudio no depende del Ministerio de Igualdad, dirigido por Calvo, sino por el de Justicia.
“Un regalito”
La titular, Dolores Delgado, y su equipo recibieron el anuncio de la vicepresidenta con cierta sorpresa, ya que no lo habían conocido con antelación. Según ha sabido Confidencial Digital, algunos colaboradores de Delgado califican la reforma de “regalito”.
“Lo ha anunciado Calvo, pero no lo va a hacer ella, aunque se lleve las palmas. El marrón nos lo comemos nosotros, los de Justicia”, señalan a ECD.
Un “regalito” veraniego que engrosa la actividad de la citada comisión de codificación, que tiene pendiente una previsible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la llamada ‘ley mordaza’ y el endurecimiento de las penas contra los autores de delitos sexuales, precisamente. Esta última medida fue impulsada por el ex ministro Rafael Catalá.
La carga de la prueba
Además de trabajar contrarreloj para cerrar todos los asuntos pendientes antes de fin de año, los miembros de la comisión se enfrentan al reto no menor de dar viabilidad jurídica a la medida de Calvo, solventando la mayor dificultad: cómo demostrar a un juez que se produjo una agresión sexual.
Es decir, qué diligencias pueden practicarse para averiguar si hubo un ‘sí’ explícito o no, avanzan algunos juristas. Establecer medidas preventivas para que quede demostrado el consentimiento se prevé más complicado por la propia naturaleza del acto sexual, en el que suele darse la circunstancia de la intimidad.
