Varios fallos del Gobierno en su propuesta a Bruselas sobre el gas retrasan la bajada de la luz a diez millones de españoles

Los fallos que ha cometido el Gobierno en su propuesta a Bruselas para lograr su autorización para aplicar el tope al precio del gas son los responsables de que diez millones de españoles no hayan comenzado todavía a notar la rebaja en su factura de la luz. Pedro Sánchez se comprometió a que tendría efecto en el recibo de mayo.

Hay que recordar que el Consejo Europeo admitió la “excepción ibérica”, como la definió el propio Sánchez, el pasado 25 de marzo. Ese mismo día, el presidente del Gobierno anunció que entraría en vigor en un mes. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también insistió entonces en que el tope al gas destinado a producción eléctrica estaría listo “en tres o cuatro semanas”. 

El Gobierno ya no da plazos

Sin embargo, el Gobierno sigue sin aclarar a día de hoy cuándo será aplicable la medida, más de dos meses después de ser ‘vendida’ por Pedro Sánchez como un éxito tras aquel Consejo Europeo de finales de marzo. 

Aunque tanto España como Portugal la aprobaron el pasado 13 de mayo en sus respectivos consejos de ministros, el texto incluye una cláusula que deja en suspenso la aplicación del mecanismo hasta que la Comisión Europea dé el visto bueno definitivo a la propuesta. “Esto puede suceder en días, una semana o dos semanas”, prometió Ribera.

A la espera del ‘sí’ de Bruselas

Pero la aprobación por parte de Bruselas del tope al gas, la medida estrella del Gobierno para rebajar el precio de la luz y el IPC, continúa en el aire mientras Moncloa intenta ganar tiempo para que el mecanismo llegue al Congreso tras obtener la luz verde de Bruselas. 

Y precisamente desde el Ejecutivo comunitario, que se comprometió a actuar con la mayor celeridad posible, siguen sin dar el ‘sí’ definitivo al plan conjunto entre España y Portugal.

Los fallos técnicos del Ejecutivo

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del análisis en la Comisión Europea, uno de los motivos fundamentales del retraso es que la UE continúa revisando minuciosamente el documento para comprobar si España ha introducido los cambios solicitados referentes a la tarifa regulada para adaptar la propuesta a la normativa comunitaria. 

Un análisis que se produce, aseguran, después de que la Comisión Europea detectara “varios fallos” en la propuesta inicial sobre el tope al gas que recibió del Gobierno hace unos días. Estos desajustes han provocado que Bruselas no haya garantizado a España ninguna fecha concreta para limitar el precio del gas a los 48,8 euros/megavatio hora acordados.

Retraso hasta después del verano

Estos errores no se van a subsanar en unos días, según advierten las fuentes consultadas por Confidencial Digital, sino que llevará tiempo. 

De ahí que el Gobierno haya comenzado a asumir que la medida no podrá entrar en vigor hasta después del verano, como mínimo, si no es más tarde. “Al menos estará para proteger a los más vulnerables el próximo invierno”, destacan,

En España hay 10 millones de consumidores con tarifa regulada, y son los que están viendo ahora retrasada la rebaja en el recibo de la luz.

No se identifica a los beneficiarios

Casi cuatro de cada 10 hogares –aquellos con una tarifa regulada, que son los que más han sufrido la escalada de precios en los últimos tiempos— y siete de cada 10 consumidores industriales se debían ver beneficiados de forma “inmediata” por la medida, según el pacto del Gobierno con Bruselas. 

En cambio, en el documento enviado a Bruselas el Ejecutivo incluye que la rebaja llegue, también, a quienes cuentan con un contrato del mercado libre, a medida que les toque renovar su contrato con la comercializadora. Este añadido ha merecido el reproche de la Comisión Europea, al no identificar claramente a los beneficiarios.

No se concretan las compensaciones

Según las fuentes consultadas por ECD, el Gobierno español tampoco ha aclarado quiénes deben asumir la compensación a las centrales de gas (ciclos combinados) por la diferencia entre el nuevo límite al precio del gas y la cotización de este combustible en el mercado.

Transición Ecológica pretendía que los usuarios del mercado libre también asumieran la compensación para que ésta se repartiera entre más consumidores y la rebaja en la tarifa regulada fuera mayor. 

Pero el Ejecutivo portugués se ha negado, y Teresa Ribera ha tenido que aceptar que en España sólo asuman esa compensación los contratos nuevos y los que se vayan renovando. Pero no ha ofrecido tampoco ningún detalle adicional sobre sus cálculos, según critican fuentes comunitarias.

Ha entregado tarde la documentación

Por si todo esto fuera poco, pese a que el decreto ley que regula el mecanismo para tratar de desvincular el precio del gas natural en el mercado de electricidad ya está en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 14 de mayo, continúa a expensas de esa autorización de la Comisión Europea.

Así las cosas, según ha podido confirmar ECD por fuentes conocedoras de los trabajos, otro de los motivos que explican ese retraso es la propia demora del Ministerio de Transición Ecológica a la hora de remitir la documentación a la capital comunitaria. 

Se apunta a que lleva acumuladas casi dos semanas de retraso, lo que ha obligado a posponer su discusión hasta la próxima reunión del colegio de comisarios, que todavía no tiene fecha.

El modelo en otros países europeos

Fuentes del sector explican a ECD que la tarifa regulada tiene una metodología distinta en otros países. En Francia, por ejemplo, está fijada a un año vista y su precio se calcula fundamentalmente como un promedio entre el coste de la nuclear histórica y el precio del mercado a plazo.

En Portugal, también a un año, se calcula como un promedio del precio del mercado a plazo (para lo que el CUR adquiere a plazo) y una previsión del precio hecha por el regulador del país. 

En Reino Unido, se calcula cada seis meses; y en Italia, cada trimestre, para dar estabilidad a los recibos acogidos, aunque está previsto suprimirla en el año 2023. Incluso en Alemania, por ejemplo, ya no existe esta opción.

Rebajar el precio de la luz más de un 30%

El Gobierno se ha comprometido a que la luz se reduzca en torno a un 30% para un consumidor medio que tenga contratada la tarifa regulada, gracias al mecanismo solicitado a la UE para limitar el gas. 

Asimismo, con la nueva norma el precio del gas no podrá superar los 48,8 euros/megavatio hora, al margen de lo que establezca el mercado de referencia europeo. Esto será así durante un año y después de ese tiempo volverá a pagarse al precio que dicte el mercado.