Funcionarios de prisiones exigen a Marlaska información sobre la amenaza yihadista y reforzar el manual de autoprotección

Ni Instituciones Penitenciaras ni el Ministerio del Interior se han pronunciado hasta el momento sobre la alerta de la cárcel de Pamplona

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El pasado 28 de abril circuló entre funcionarios de prisiones un comunicado interno emitido desde la cárcel de Pamplona y sellado por el Subdirector de Seguridad del Centro Penitenciario en el que solicitaban a los trabajadores extremar precauciones al haberse detectado una amenaza islámica. 

Dicho escrito manifestó que el Grupo Central de Información y Control Operativo del Centro había alertado de una amenaza hacia el colectivo de funcionarios de prisiones detectada en la revista islamista de carácter radical, Mujahideen in the West. El mensaje que transmitió fue: “matad a todos los guardias, seguidles hasta casa y apuñaladles”.

Amenaza recibida y carta de comunicación.
Amenaza recibida y carta de comunicación.

En la publicación, escrita en castellano e inglés, se señaló como posibles víctimas de atentados a todos los trabajadores penitenciarios. A pesar de que la amenaza ha sido recibida hace más de una semana, ni la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ni el Ministerio del Interior se han pronunciado al respecto.

Silencio en el ministerio y en la institución

Ante este “silencio, falta de apoyo y respuestas”, el presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha enviado una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska para que les informe, en el plazo más breve posible, “del alcance real de la situación de riesgo terrorista sobre los trabajadores penitenciarios”. 

Por otro lado, también han exigido a Marlaska que se refuercen los mecanismos de prevención con manuales de autoprotección por si la amenaza o el atentado terrorista se produce en el interior de un centro penitenciario. 

Hasta el momento, según han relatado fuentes de la APFP a Confidencial Digital, la única propuesta de protección que han recibido ha venido de la mano de Raquel Alonso, una mujer que estuvo casada con un yihadista y de la Subdirección de Seguridad de Pamplona. Por lo que consideran que es una “falta de respeto” que no hayan recibido información por parte de la institución y del ministerio, ya que la amenaza también va dirigida a sus familias. 

En tercer lugar, también han solicitado una “reunión urgente” de todas las organizaciones sindicales, con Coordinación de Seguridad y responsables de ambas instituciones para analizar, estudiar y dar una respuesta ante el “fracaso en la comunicación”.

Una de cada tres operaciones policiales contra el yihadismo se realiza en prisiones

España se encuentra en el nivel 4 de alerta terrorista, lo que supone un alto riesgo. Por ello, desde la APFP han manifestado que todo el personal debe ser consciente de la necesidad de mantener la cautela necesaria en cuanto a sus actuaciones profesionales y personales relacionadas con este perfil de población reclusa.

Según el Anuario del Terrorismo Yihadista 2021 del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo (OIET), una de cada tres operaciones policiales de estas características se realiza en prisiones. Esto supone un total de siete causas anti yihadista durante 2021.

 

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