El Gobierno pretende que sea Europa quien sancione a Marruecos por bloquear la devolución de inmigrantes como el terrorista de Algeciras
Se niega a asumir en solitario el coste de imponer a su socio Mohamed VI la obligación de aceptar el retorno de marroquíes que han llegado a España de forma ilegal
- España no ha reactivado las expulsiones
- Relanzamiento de las relaciones con Rabat
- Que sea Europa quien castigue a Marruecos
- Francia quiere incentivar las expulsiones
- En vísperas de la cumbre en Rabat
- 101 expulsiones en once años
- “Actividades contrarias a la seguridad nacional”
- Expulsión de imames salafistas
- Espionaje
El atentado en varias iglesias de Algeciras cometido por un presunto yihadista ha puesto el foco sobre el sistema de devolución de inmigrantes a sus países de origen que existe en España. El Gobierno busca ahora utilizar a Europa para castigar a Marruecos por bloquear la expulsión de ilegales como el terrorista de Algeciras.
Al detenido por estos ataques con arma blanca se le había abierto un expediente de expulsión, después de que la Policía Nacional comprobara que se encontraba España en situación irregular.
Fuentes policiales confirman a Confidencial Digital que el ritmo de devoluciones de inmigrantes ilegales a Marruecos ha decaído por completo en los últimos años. La epidemia de Covid acabó prácticamente con las devoluciones, pero tras la apertura de las fronteras, España no ha reactivado los retornos, según los propios datos oficiales.
Frente a la media que imperaba en 2019 de 30 inmigrantes devueltos a Marruecos cada día, ahora se ha pasado a una media de cinco o seis inmigrantes a la semana.
Si antes se intentaba devolver el mayor número de marroquíes a su país de origen, ahora sólo se devuelven los casos preferentes, los de aquellos inmigrantes que han cometido delitos o se encuentran en prisión.
España no ha reactivado las expulsiones
Otros muchos miles de inmigrantes no son devueltos a pesar de que sobre ellos pesan expedientes u órdenes de expulsión, como en el caso del presunto yihadista responsable del ataque de Algeciras.
Las fuentes policiales consultadas explican a ECD que Marruecos sólo colabora activamente en las devoluciones en frontera con los inmigrantes que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla. El reino alauí se desentiende del resto de inmigrantes que consigue pasar a España sin que Interior se esfuerce en revertir la situación.
Relanzamiento de las relaciones con Rabat
No se pasa por alto que el Ejecutivo de Sánchez ha hecho una apuesta total y muy arriesgada para relanzar las relaciones con Rabat. Ha dado un giro de 180º en la posición española sobre el conflicto del Sáhara Occidental, la ex colonia española ocupada por Marruecos.
Se han logrado avances en control de la inmigración, en el diálogo diplomático y de seguridad y en el comercio bilateral.
Que sea Europa quien castigue a Marruecos
Por ello, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas al Ejecutivo, el Ministerio del Interior se ha propuesto aprovechar las conversaciones en la UE sobre el fracaso de la política europea de devoluciones de inmigrantes irregulares para promover que sea Bruselas quien castigue a los países de origen (sin citar expresamente a Marruecos) que rechacen la devolución de inmigrantes irregulares, que en el caso de España son fundamentalmente llegados del reino alauí.
Reconocen que el Gobierno pretende así que se establezca un marco sancionador a nivel comunitario, y sea la UE quien sancione a Rabat por el bloqueo de las expulsiones, en lugar de España, para no enturbiar las recién restauradas relaciones con Marruecos.
Moncloa se niega a asumir en solitario el coste de imponer a Rabat la obligación de aceptar el retorno de marroquíes ilegales y confía en que los ministros del Interior de los Veintisiete tomen en consideración la propuesta de Fernando Grande-Marlaska, como ya ha conseguido el Ejecutivo liderar otras iniciativas en la UE, donde destacan la aprobación del tope al gas o el impuesto a las grandes empresas energéticas.
Francia quiere incentivar las expulsiones
Mientras tanto, el Gobierno francés acaba de presentar en la Asamblea Nacional las directrices de una nueva ley migratoria que quiere aprobar en los próximos meses.
Presentada como un “texto equilibrado” por el Ejecutivo centrista de Emmanuel Macron, se trata sobre todo de un proyecto legislativo destinado a promover y acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular, aunque también creará un nuevo permiso de residencia para aquellos inmigrantes que trabajen en sectores con escasez de mano de obra.
En concreto, se proponen expulsar de Francia a todos aquellos extranjeros condenados por delitos “relacionados con la violencia contra las mujeres, contra los policías o el tráfico de drogas”, entre otros.
En vísperas de la cumbre en Rabat
En cambio, en el caso de España, hay que recordar también que los Gobiernos de Pedro Sánchez y el de Aziz Akhannouch celebran este miércoles y jueves en Rabat la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) desde hace ocho años.
Es un hito diplomático tras años de desencuentros. Con el presidente español y el primer ministro marroquí estarán diez de sus respectivos ministros, que valorarán los resultados de las reuniones bilaterales que han ido mantenido los grupos de trabajo hispano-marroquíes durante estos meses.
Pero en el PSOE admiten en privado que “ha habido que tragarse algunos sapos”. No ocultan, por ejemplo, que aún está por aclarar el papel español en la tragedia de la valla de Melilla, donde murieron decenas de inmigrantes subsaharianos en la frontera con España cuando eran detenidos por la policía marroquí, o si Marruecos espió a políticos españoles con el sistema Pegasus.
Argelia ha castigado el cambio de postura sobre el Sáhara con represalias diplomáticas y económicas de Argelia, que han costado cerca de 800 millones de euros en exportaciones a las empresas españolas, aunque ha mantenido la exportación principal, el gas.
A nivel interno, el PSOE ha chocado con sus socios de Gobierno de Unidas Podemos y el PP ha aprovechado para cargar contra la “improvisación”.
101 expulsiones en once años
Precisamente el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de revelar datos sobre las expulsiones de extranjeros que realiza, no tanto por encontrarse en situación ilegal, sino por suponer una amenaza para la seguridad de España.
Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu en el Congreso, registró en diciembre una pregunta parlamentaria para respuesta escrita, en la que solicitaba al Gobierno conocer “cuántas expulsiones de ciudadanos extranjeros se han realizado en virtud del artículo 54.1. A LOEX (Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional) en los últimos 10 años”, y pedía que se le detallaran esas expulsiones “por año, motivo y estado al que han sido expulsados cada uno de ellos”.
En la respuesta consultada por ECD, fechada a 17 de enero, el Ejecutivo revela que entre 2012 y 2022 (hasta el 30 de noviembre del año pasado) “se han ejecutado 101 expulsiones de ciudadanos en virtud del artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.
“Actividades contrarias a la seguridad nacional”
Ese artículo de la Ley de Extranjería contempla como “infracción muy grave”, que se puede sancionar con la expulsión del territorio nacional, “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”.
Bajo ese concepto de “actividades contrarias a la seguridad nacional” se engloban numerosas actividades. Una de las más comunes en los últimos años es, precisamente, la amenaza yihadista, y de esta forma la ley permite a la Secretaría de Estado de Seguridad expulsar de España a personas aunque aún no hayan sido condenadas judicialmente por ningún delito.
Expulsión de imames salafistas
Este pasado otoño, el Ministerio del Interior expulsó a tres líderes religiosos musulmanes residentes en Tarragona y Cáceres. Las unidades de Información de la Policía Nacional consideraban que difundían en sus discursos mensajes radicales y salafistas, por lo que se habían convertido en amenazas para la seguridad nacional.
Fueron detenidos y expulsados a Marruecos, con el aval de la Audiencia Nacional, que desestimó los recursos de los afectados.
Por esta misma razón Interior ha justificado otras expulsiones de imames en los últimos años.
Espionaje
Además, el concepto de “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países” abarca también a aquellos extranjeros a los que los servicios de inteligencia detectan realizando actividades de espionaje.
Si no tienen estatus diplomático, se les puede expulsar de España con la Ley de Extranjería, habitualmente con un informe del Centro Nacional de Inteligencia, cuya División de Contrainteligencia se encarga precisamente de interceptar a aquellas personas que trabajan en España para servicios de inteligencia hostiles.
