El Gobierno ha expulsado en once años a 101 extranjeros por ser una amenaza para la seguridad nacional
Utilizó el artículo de la Ley de Extranjería que también permite echar del territorio nacional a quienes realicen actividades de espionaje
- 101 expulsiones en once años
- “Actividades contrarias a la seguridad nacional”
- Expulsión de imames salafistas
- Espionaje
El atentado en varias iglesias de Algeciras cometido por un yihadista que asesinó a machetazos al sacristán Diego Valencia e hirió a varias personas ha puesto el foco sobre el sistema de expulsiones de inmigrantes ilegales que existe en España.
Al detenido por estos ataques con arma blanca se le había abierto un expediente de expulsión, después de que la Policía Nacional comprobara que se encontraba en territorio nacional en situación irregular.
Precisamente el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de revelar datos sobre las expulsiones de extranjeros que realiza, no tanto por encontrarse en situación ilegal, sino por suponer una amenaza para la seguridad de España.
101 expulsiones en once años
Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu en el Congreso, registró en diciembre una pregunta parlamentaria para respuesta escrita, en la que solicitaba al Gobierno conocer “cuántas expulsiones de ciudadanos extranjeros se han realizado en virtud del artículo 54.1. A LOEX (Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional) en los últimos 10 años”, y pedía que se le detallaran esas expulsiones “por año, motivo y estado al que han sido expulsados cada uno de ellos”.
En la respuesta consultada por ECD, fechada a 17 de enero, el Ejecutivo revela que entre 2012 y 2022 (hasta el 30 de noviembre del año pasado) “se han ejecutado 101 expulsiones de ciudadanos en virtud del artículo 54.1. a Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”.
“Actividades contrarias a la seguridad nacional”
Ese artículo de la Ley de Extranjería contempla como “infracción muy grave”, que se puede sancionar con la expulsión del territorio nacional, “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”.
Bajo ese concepto de “actividades contrarias a la seguridad nacional” se engloban numerosas actividades. Una de las más comunes en los últimos años es, precisamente, la amenaza yihadista, y de esta forma la ley permite a la Secretaría de Estado de Seguridad expulsar de España a personas aunque aún no hayan sido condenadas judicialmente por ningún delito.
Expulsión de imames salafistas
Este pasado otoño, el Ministerio del Interior expulsó a tres líderes religiosos musulmanes residentes en Tarragona y Cáceres. Las unidades de Información de la Policía Nacional consideraban que difundían en sus discursos mensajes radicales y salafistas, por lo que se habían convertido en amenazas para la seguridad nacional.
Fueron detenidos y expulsados a Marruecos, con el aval de la Audiencia Nacional, que desestimó los recursos de los afectados.
Por esta misma razón Interior ha justificado otras expulsiones de imames en los últimos años.
Espionaje
Además, el concepto de “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países” abarca también a aquellos extranjeros a los que los servicios de inteligencia detectan realizando actividades de espionaje.
Si no tienen estatus diplomático, se les puede expulsar de España con la Ley de Extranjería, habitualmente con un informe del Centro Nacional de Inteligencia, cuya División de Contrainteligencia se encarga precisamente de cazar a aquellas personas que trabajan en España para servicios de inteligencia hostiles.
