Los espías extranjeros se vuelcan en España: su actividad se disparó a niveles récord en 2021
El índice de actividad de los servicios de inteligencia extranjeros, que elabora el CNI, ya había repuntado en 2020. España ha anunciado la expulsión de 25 diplomáticos rusos
La invasión de Ucrania y la ‘guerra fría’ que mantienen los países de la OTAN frente a Rusia han motivado que algunos gobiernos detengan o expulsen a nacionales suyos o diplomáticos rusos por actividades de espionaje en su país.
ECD ha adelantado este martes que el Gobierno de España iba a estudiar en el Consejo de Ministros la decisión de expulsar de nuestro país a personal diplomático ruso, empezando por el embajador de Rusia en Madrid, Yuri Korchagin.
Horas después, el ministro de Asuntos Exteriores ha confirmado estos movimientos. José Manuel Albares ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros y ha anunciado la expulsión de 25 diplomáticos rusos acreditados en España, “en respuesta a las matanzas que están ocurriendo” en Ucrania, como la última denunciada en Bucha, supuestamente cometida por soldados rusos.
Tal y como se ha contado en estas páginas, en los servicios de inteligencia se tenía conocimiento en los últimos días de que se estaba barajando esta opción. Se había advertido que algunos de los rusos que son controlados en España por la inteligencia española iban a ser expulsados del país.
Precisamente el Departamento de Seguridad Nacional acaba de hacer público el Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente al año 2021, que en el apartado dedicado a “Contrainteligencia” aporta algunos datos sobre las actividades que llevan a cabo en España los servicios de inteligencia extranjeros.
Este apartado del informe comienza advirtiendo que “en los últimos años se ha detectado un aumento de las actividades de los Servicios de Inteligencia (SI) extranjeros en España”, y añade que “el actual escenario internacional hace prever que se mantenga esta trayectoria al alza”.
Como se hace cada año, en este informe se incluye un “Índice de actividad de los servicios de inteligencia extranjeros”, que elabora el Centro Nacional de Inteligencia.
La directora del CNI, actualmente Paz Esteban, desempeña las funciones de Autoridad Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. Una de las funciones del centro es “prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población”.
En esas funciones, el CNI elabora cada año un índice, para mostrar gráficamente si los espías extranjeros han aumentado o disminuido su actividad en España.
El gráfico del Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente al año 2021 muestra que los movimientos del espionaje extranjero en España se dispararon el año pasado. La tendencia es ascendente desde que en 2018 hubo una caída.
Ya en 2020 se llegó a un pico máximo. En el informe anual de ese año se cifró en 108, por encima del 107 del año 2017, el del intento de secesión en Cataluña. Ahora se ha corregido a un 122 en 2020.
Pero ya el año pasado se batieron todos los récord, con diferencia. El “Índice de actividad de los servicios de inteligencia extranjeros” alcanzó los 150, lo que supone un nivel altísimo frente a lo que sucedía en años anteriores.
De hecho, la gráfica permite comprobar cómo el interés de los espías extranjeros por España, y sus actividad en nuestro país, se ha disparado a niveles desconocidos.
El Informe Anual de Seguridad Nacional no cita ni países, ni servicios concretos, pero aporta algunas pistas de qué interesa a las agencias de inteligencia extranjeras que se mueven en España: “Los intereses de los servicios de inteligencia en España están centrados en los ámbitos político, financiero, energético, tecnológico, aeroespacial, así como de seguridad y defensa”.
Una de las actividades detectadas entre “servicios de inteligencia hostiles”, es decir, los de países no aliados con España, es “el seguimiento y control de las actividades de sus nacionales en el exilio, especialmente de líderes de la oposición y movimientos contrarios a sus gobiernos”.
Estos espías además se dedican a buscar “activamente el apoyo político, tanto dentro de España como de la UE, para legitimar sus regímenes en el ámbito internacional”.
En todos los países, también en España, los servicios de inteligencia tienen delegados y personal acreditado, es decir, que el país receptor sabe que es oficial de inteligencia. Pero en nuestro país además operan “agentes itinerantes”.
Estos otros espías “utilizan España para ejecutar actividades que incluyen la captación y explotación de fuentes”, pero también con otros objetivos como “obtener financiación para sus gobiernos a través de medios legales o fraudulentos”.
Dentro de esa segunda categoría, “algunos de ellos buscan métodos para eludir las sanciones internacionales vigentes sobre sus países, especialmente a la hora de adquirir material de doble uso necesario para su industria de defensa, así como para la exportación de armamento”.
Además, algunos servicios de inteligencia “utilizan España como base de operaciones para alcanzar objetivos informativos que están fuera de sus fronteras”.
Cabe resaltar que, según los servicios españoles dedicados a la contrainteligencia, hay casos de miembros de servicios de inteligencia extranjeros que “obtienen residencia en el país, e incluso nacionalidad española, para tener libre acceso al espacio Schengen con el fin de realizar su trabajo de Inteligencia en cualquier país de Europa”.
Es decir, que algunos extranjeros que consiguen nacionalizarse como españoles trabajan para servicios de espionaje de otros países. En algunas ocasiones el CNI logra evitar la concesión de la nacionalidad, si detecta que esa persona tiene contactos con espías extranjeros.
