Narcos pagaron 10.000 euros por consultar bases de datos del Centro contra el Crimen Organizado
Tenían comprado a un agente del CITCO (dependiente de Interior). Introducían cocaína por los puertos de Valencia y Marín (Pontevedra)
Las redes de crimen organizado se han convertido en una amenaza grave para la seguridad de España. En lugares como el Campo de Gibraltar las organizaciones de tráfico de drogas suponen un auténtico desafío al Estado. Las Fuerzas de Seguridad se enfrentan tanto a los criminales como a algunas “manzanas podridas” en su propio seno.
- Definición del crimen organizado
- Estrategias nacionales contra el crimen
- Caso de corrupción en la Guardia Civil
Definición del crimen organizado
“El crimen organizado es una amenaza a la seguridad que se caracteriza por su finalidad esencialmente económica, su efecto horadador sobre la instituciones políticas y sociales, su carácter transnacional y su opacidad”.
Estrategias nacionales contra el crimen
Así define ese fenómeno la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en 2021. El crimen organizado es uno de los 16 riesgos y amenazas que contempla para España, junto a otros como el terrorismo, las epidemias, el espionaje, los flujos migratorios irregulares, la tensión estratégica y regional que puede derivar en conflictos bélicos...
Más recientemente el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.
Ese documento incluye una frase muy significativa: “En muchas ocasiones, las redes delictivas corrompen a personas que cuentan con información privilegiada en estas instalaciones para llevar a cabo la extracción de la mercancía ilícita”.
Caso de corrupción en la Guardia Civil
Detalles del caso
Confidencial Digital ha consultado una sentencia de la Audiencia Nacional que revela un caso especialmente relevante de cómo una organización criminal corrompe a un funcionario público para obtener información privilegiada que le facilita sus actividades ilegales.
Investigación y sentencia
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgó a once procesados por presuntos delitos contra la salud pública.
De los once, uno había nacido en Marruecos y tenía nacionalidad española; la mayoría eran nacionales de Países Bajos, nacidos en ese país o en Marruecos; y uno era checo.
Nueve fueron condenados a diez años de cárcel por un delito contra la salud pública, “en relación con sustancia que causa grave daño a la salud (cocaína), en cantidad de notoria importancia, en el seno de una organización criminal y desarrollando conductas de extrema gravedad”.
Además, los jueces les condenaron a una multa, en conjunto, de 70 millones de euros.
La investigación se remonta al año 2019. “El Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Galicia (UCO-ECO Galicia) inició una investigación relativa a un entramado criminal que, de forma estable, reiterada e ininterrumpida, se dedicaba a la introducción en España de enormes cantidades de sustancia estupefaciente, preferentemente cocaína, que llegaba a través de distintos puertos españoles oculta en buques portacontenedores procedentes de Latinoamérica y mezclada con mercancía lícita, disponiendo para este finde recursos financieros para afrontar el ilegal negocio”.
Hasta ahí era un caso como tantos otros de tráfico de drogas. Como es notorio desde hace décadas, y como recuerda la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, “las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas utilizan en gran medida los puertos en nuestro país, especialmente para la introducción de la cocaína procedente de los principales países productores situados en América Latina”.
Implicaciones del caso
La peculiaridad del caso es que la Guardia Civil también investigó “los actos de varias personas, que intentaban captar a funcionarios de dicho Cuerpo de Seguridad”, es decir, guardias civiles, “relacionados con el Puerto de Marín que les facilitasen el acceso a determinados contenedores que venían en buques que atracaban en dicho recinto portuario y transportaban sustancia estupefaciente con origen en Sudamérica”.
?￢ﾀﾍ♀️ ¿Cómo es el proceso de destrucción de cientos de toneladas de droga?
— Ministerio del Interior (@interiorgob) September 25, 2024
Nuevo capítulo "Desde el Interior"
➡️ Desde 2019 se han destruído más de 3.300 Tn
➡️ El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado #CITCO se encarga de ello
? https://t.co/hn7Fd8k9Km pic.twitter.com/2xoUqx9UWz
Según la sentencia, esta red de narcotraficantes holandeses, “con la finalidad de facilitar la llegada de la droga y su ulterior extracción de los contenedores y de los puertos para su distribución y venta dentro y fuera de las fronteras nacionales, […] propiciaron los contactos con agentes de la Guardia Civil destinados, inicialmente, en el Puerto de Marín”.
A ese puerto de la provincia de Pontevedra iban a atracar los primeros barcos con los contenedores que traían droga.
“A cambio de sus servicios de facilitación logística necesaria e idónea para la realización de las operaciones de tráfico de drogas”, estos narcos ofrecían a los guardias civiles “bien una parte de la droga introducida en España o bien diferentes cantidades de dinero, dependiendo de la cifra de droga traficada”.
Con el tiempo, la red extendió sus actividades más allá de Marín, al puerto de Valencia.
“A veces, establecía acuerdos con otras redes criminales para intermediar y gestionar la extracción de la droga en el puerto de destino, una vez llegado el barco que transportaba el contenedor que la albergaba, aprovechando la cobertura que le ofrecía la existencia de funcionarios de la Seguridad del Estado en connivencia con los traficantes y a su servicio, por lo que cobraban sustanciosas gratificaciones”.
La sentencia relata de forma extensa los envíos de droga a puertos españoles, así como los contactos de los traficantes con guardias civiles. Varios de los acusados “entregaron cantidades dinerarias a los agentes de la Guardia Civil en concepto de gratificaciones por los servicios que les prestaban”.
Resulta que en cierta ocasión los guardias civiles con los que se reunieron eran en realidad agentes encubiertos, es decir, que estaban en realidad fingiendo dejarse corromper, para así poder controlar el envío de cargamentos de droga. Según apunta la sentencia, pertenecían a la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil.
Los narcos se enteraron del engaño. El 1 de octubre de 2020 tenían prevista la llegada a Valencia de un barco con un contenedor que ocultaba 470 kilos de cocaína.
Durante una cita entre varios miembros de la red de narcotráfico, uno de ellos manifestó a los demás “que le había llegado un mensaje que le alertaba de que los agentes de la Guardia Civil operaban como agentes encubiertos”, según recoge la sentencia.
De inmediato trataron de huir, pero ese día o pocos días después fueron siendo detenidos casi todos.
En un juicio, uno de los guardias civiles que actuó como agente encubierto contó lo que hablaron los miembros de la organización en una reunión:
-- “En la reunión anterior, les hicieron referencia a que había alguien por ahí que había ofrecido también el mismo Puerto de Valencia, como para preguntarles si sabían algo de si podía ser algún agente encubierto o si podían enterarse, o que, si se produjera una futura reunión con esta gente que también ofrece el puerto, si podían ir ellos, y pasar por allí, y ver si eran de los suyos”.
-- “Hablaban de alguien que había tenido la zona comprada, y le habían revisado, que su identidad estaba limpia, y le habían pagado 10.000 euros. Lo de las personas que venden tener un puerto, sí lo entendían, lo del agente que tiene comprado para que consulte su identidad, no. Esto hizo referencia a que era del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado)”.
De esa forma la sentencia recoge las revelaciones de ese guardia civil, que escuchó esas confidencias de estos narcotraficantes. Apuntan a que contaban con un “agente comprado” en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
No es una referencia aislada en la sentencia, ya que se repite en otra ocasión.
Otro agente encubierto habló también de esa pista. En una reunión a la que acudieron los dos guardias civiles y dos narcos, éstos “hicieron referencia a que antiguamente tenían un conocido en el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), que tenía acceso a bases de datos, para averiguar si estaban siendo investigados, y a esta persona le pagaban 10.000 euros por cada consulta”.
El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado es un órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior.
Su misión es la recepción, integración y análisis de la información estratégica disponible en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada o grave, terrorismo y radicalismo violento, el diseño de estrategias específicas contra estas amenazas y su financiación, así como, en su caso, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa de los órganos u organismos actuantes en los supuestos de concurrencia en las investigaciones o actuaciones relacionadas con los precursores de drogas y explosivos.
En el CITCO hay destinados guardias civiles y policías nacionales. Además, hay representantes oficiales de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), otros cuerpos policiales y organismos relacionados con la inteligencia y la seguridad.
Miembros de esta red de tráfico de drogas, formada sobre todo por holandeses pero también con españoles, marroquíes y checos, presumían de tener comprado a un miembro del CITCO.
Ese “topo” les ayudaba haciendo consultas en bases de datos policiales restringidas, “para averiguar si estaban siendo investigados”.
A cambio, le pagaban importantes sumas de dinero: supuestamente, 10.000 euros por consulta.
Impacto en las Fuerzas de Seguridad
Las consultas injustificadas en bases de datos policiales son un problema para las Fuerzas de Seguridad, y para sus miembros. Se incoan expedientes disciplinarios y procedimientos penales por ese motivo.
Muchas consultas tienen motivaciones personales. Pero más grave es que un agente consulte datos restringidos para filtrárselos a una organización criminal, que así tiene más bazas para eludir la persecución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Se han conocido casos, especialmente en Galicia, tanto de policías nacionales como de guardias civiles que filtraban información operativa a narcotraficantes.
Un policía destinado en la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) avisó a unos traficantes de que un barco con cocaína estaba siendo controlado tras un aviso de la DEA estadounidense, y guardias civiles del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Galicia frustraron detenciones de narcos al darles información, e incluso les revelaron las identidades de confidentes que colaboraban con la Guardia Civil.
