Seguridad

El nuevo protocolo anti-suicidios en las comisarías establece más controles a los detenidos por violencia de género

La Policía Nacional y la Guardia Civil han distribuido una instrucción que también incluye rondas de vigilancia en los calabozos cada media hora

Comisaría de la Policía Nacional en Ayamonte (Huelva).
photo_cameraComisaría de la Policía Nacional en Ayamonte (Huelva).

Las Fuerzas de Seguridad refuerzan la vigilancia de los detenidos en sus comisarías y cuarteles. A las instalaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha llegado la instrucción aprobada hace unos meses, pero que aún se está poniendo en marcha.

La Secretaría de Estado de Seguridad aprobó una actualización del Protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, que viene a modificar varios puntos de ese mismo protocolo que se aprobó mediante una instrucción en 2015.

Tal y como ha podido comprobar Confidencial Digital, uno de los cambios de este protocolo consiste en que Interior pone más empeño en trasladar a los agentes la importancia de vigilar y controlar con especial interés a los detenidos por casos de violencia de género y otros tipos de violencia familiar. El objetivo es evitar suicidios e intentos de lesionarse a sí mismos.

Más proclives a autolesionarse

Por ejemplo, en el nuevo protocolo que se está empezando a aplicar en comisarías de la Policía y cuarteles de la Guardia Civil se establece que en la “ficha-custodia” que se elabora al ingresar un detenido en los calabozos, “se prestará atención a los detenidos por violencia de género y familiar”.

Interior especifica que los detenidos por estos delitos son “estadísticamente más proclives” a conductas autolesivas en la zona de calabozos, de ahí que se indique que se adopten con ellos medidas especiales de seguridad durante su estancia en la comisaría.

También en la redacción del nuevo protocolo se enfatiza, en las instrucciones sobre la vigilancia en los calabozos, que “cuando se trate de detenidos por violencia de género o familiar se adoptarán, necesariamente, especiales medidas de vigilancia”: de nuevo, “con objeto de garantizar su integridad física y evitar posibles autolesiones”, pero también agresiones de o hacia este tipo de arrestados.

Rondas más frecuentes en los calabozos

Más allá del aumento de las precauciones hacia las personas detenidas por presuntos casos de violencia de género y violencia doméstica, la Policía y la Guardia Civil habrá de tener más cuidado a partir de ahora con los presos.

También con la idea de evitar intentos de lesionarse a sí mismos o de suicidarse, y de frenar agresiones entre detenidos si han de compartir celda -lo que se intenta evitar-, las Fuerzas de Seguridad tienen que aumentar la frecuencia de las rondas en los calabozos.

En la instrucción de 2015 se establecía que en las áreas de custodia que no tuvieran sistemas de video-vigilancia en el interior de las celdas los agentes a cargo de la vigilancia tenían que realizar rondas “cada hora como mínimo” para comprobar el estado de las personas detenidas en cada celda.

Ahora, con la nueva redacción de este protocolo de actuación con detenidos, se establece que “donde aún no se disponga de cámaras o éstas no abarquen la visión de toda la celda, se realizarán tantas rondas como sea preciso y, al menos, cada treinta minutos, para evitar las autolesiones de los detenidos, teniendo en cuenta la configuración de la infraestructura y las circunstancias del propio detenido”.

Otra de las novedades es que la Policía Nacional y la Guardia Civil establecen un plazo de treinta días en el que las grabaciones de los sistemas de video-vigilancia de las zonas de custodia de detenidos tendrán que ser conservadas desde su captación.

Antes no se establecía ningún plazo concreto, más allá de remitir a una ley de videocámaras de las Fuerzas de Seguridad. Ahora se conservarán al menos 30 días, y más en caso de que se produzca algún incidente en el transcurso de la custodia de un detenido, o guarden relación con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, o también si afectan a una investigación policial o un procedimiento judicial o administrativo abierto.

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