La Policía, obligada a contratar un seguro que cubra las indemnizaciones que deban pagar los agentes
El Tribunal Supremo estima la demanda del sindicato CEP, que denunció la negativa de la Dirección General a contar con este servicio para abonar fianzas judiciales
La Dirección General de la Policía deberá contratar un seguro que cubra las responsabilidades de los miembros de la Policía Nacional en las indemnizaciones y fianzas que se les reclamen en los tribunales como consecuencia de su labor profesional.
Así lo ha establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una sentencia reciente que estima la demanda del sindicato Confederación Española de Policía (CEP).
Este sindicato denunció que la Dirección General se niega desde hace años “a desarrollar un derecho profesional de todos los policías nacionales previsto en su normativa de referencia desde hace ocho años”.
Se refiere a la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que en el artículo 13.2 establece que “la Administración concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera, para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a los Policías Nacionales, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas, en los términos que reglamentariamente se establezcan”.
Dos meses para cumplir
La Confederación Española de Policía celebra que el Supremo no sólo censura la negativa de la Dirección General a contratar ese seguro: destaca que además la sentencia “fija un plazo de dos meses para que la Administración inicie el procedimiento para hacer realidad ese seguro de responsabilidad civil”.
El sindicato destaca que este fallo del Supremo, el primero sobre este asunto en ámbito de la Policía Nacional, “obligará al Ministerio del Interior a acometer los trabajos para la licitación de ese seguro de responsabilidad civil, que también se contempla en la normativa de Guardia Civil”.
Por eso ya pide a la Secretaría de Estado de Seguridad, que es el órgano del que depende la Subdirección General que debe materializar una contratación conjunta de ese seguro para ambos Cuerpos, “que incluya en el plan anual normativo de 2024 un Real Decreto que desarrolle ese compromiso normativo que ahora obliga a ejecutar el Tribunal Supremo”.
Advierte que “si no se activan ya esos trabajos en el plazo de dos meses, CEP instará una ejecución forzosa de la sentencia y, en su caso, cualquier otra medida judicial que establezca las responsabilidades personales por la negativa a llevar a efecto esa resolución”.
Delitos de atentado
Desde CEP también resaltan que esta sentencia llega en plena campaña de denuncias sobre “el intolerable aumento de agresiones a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que ha tenido en los últimos días una trágica constatación con el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) a manos de narcotraficantes que pretendían eludir su detención en las aguas del puerto de ese municipio”.
Recuerdan que “en 2022 se registró en Cádiz la cifra más alta de delitos de atentado en nueve años, con 485 infracciones penales de las que 342 (el 70,5%) tuvieron a policías nacionales como víctimas y el resto, otras 143, a guardias civiles; y en 2023 esa cifra se ha mantenido en un nivel de intensidad similar”.
Además, “en el periodo de vigencia del Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar, entre julio de 2018 y 2023, casi 200 compañeros/as de Policía Nacional y Guardia Civil han sido víctimas de ataques por parte de miembros de mafias de tráfico de drogas”.
En el marco de las actuaciones policiales, en ocasiones los agentes se enfrentan a denuncias judiciales en los que precisamente a ellos les reclaman fianzas o indemnizaciones económicas. El seguro contratado por la Dirección General se haría cargo de abonar esas cantidades.
