Seguridad

Por qué las cárceles registran 600 casos activos de Covid: la entrada y salida de presos complica la inmunización

Los centros penitenciarios de Alicante, Picassent y Algeciras contabilizan el mayor número de contagios. Las visitas y las restricciones de acceso varían en función del virus en cada provincia

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photo_camera Exterior de la cárcel de Picassent donde está uno de los brotes más activos

“Debido a un brote de Covid-19 en el Centro Penitenciario de Huelva, entre otras medidas, es necesario suspender las comunicaciones ordinarias (locutorios) con el exterior”, explica Instituciones Penitenciarias en sus redes sociales. Este mensaje del pasado martes es solo una muestra de los cambios que semanalmente se producen en el funcionamiento de las cárceles españolas atendiendo al avance del virus.

Igual que sucede con las restricciones por Comunidades Autónomas, los centros penitenciarios españoles tampoco tienen un mapa común de limitaciones. En algunas dependencias se permiten las visitas, en otros solos los ‘vis a vis’ íntimos; en unos se puede salir de permiso, en otros este derecho ha quedado suspendido temporalmente… Cada director tiene cierta libertad para establecer las restricciones más acordes a la situación del Covid entre sus muros, bajo el paraguas de los criterios del Ministerio de Sanidad.

Instituciones Penitenciarias ha creado un cuadro para poder consultar en tiempo real qué comunicaciones (las íntimas, familiares, orales, convivencia) están suspendidas y cuáles están autorizadas en cada cárcel. A fecha de este sábado, solo Huelva, Alicante y La Palma mantienen absolutamente todas las visitas suspendidas; mientras que solo diez centros españoles las tienen todas autorizadas como Melilla, Lugo, Ceuta, Valladolid, Cuenca, Lanzarote o Mallorca, entre otras. 

Mientras tanto, la quinta ola del Covid-19 también ha ido dejando brotes en el interior de las prisiones según han ido pasando las semanas del verano. Con los datos que ha podido recabar Confidencial Digital a través de distintas fuentes sindicales, las cárceles más afectadas son en estos momentos las de Alicante, Picassent (Valencia) y Algeciras (Cádiz).

El brote que se inició en el centro penitenciario de Alicante, por ejemplo, llegó a tener 175 contagiados, lo que supone prácticamente el 20% de la población reclusa de esa prisión, a pesar de que la mayoría estaban vacunados. De hecho, prácticamente todos los presos tienen la pauta completa puesto que fueron inmunizados con la monodosis de Janssen y solo una media del 3% rechazó el pinchazo, según datos de Instituciones Penitenciarias.

El problema es que este registro no es estable porque en las cárceles está entrando y saliendo personas de forma diaria. No solo para trabajar, sino también reclusos que salen de permiso, que salen por la extinción de la pena y otros que entran por una nueva condena. Esto dificulta las labores de inmunización total y complica el rastreo para detectar posibles focos, explican las fuentes consultadas.

En el centro de Picassent los afectados han llegado a ser 155. En Algeciras el pico de Covid-19 afectó a 94 internos. Pero no son las únicas con un número elevado de contagios. También se han detectado brotes en Huelva (15 positivos), en Logroño (también 15), en Aranjuez o en Las Palmas de Gran Canaria. En esta última, el brote se conoció después de que un recluso, que había rechazado la vacuna, presentara fiebre alta, como informó el diario El País.

Actualmente existen 674 casos activos en las cárceles españolas y 1.938 se mantienen en observación médica o cuarentena, según los datos oficiales. 

La inestabilidad de la población reclusa

La citada inestabilidad de la población reclusa se ha convertido en el punto más controvertido de la vacunación en las prisiones, que se completó casi al cien por cien hace meses. Los nuevos presos que ingresan son vacunados en diferentes momentos, según la Comunidad Autónoma en la que se encuentren. Algunos gobiernos autonómicos han dejado vacunas en los centros para utilizarlas cuando sean necesarias, otras esperan a que los nuevos internos sean suficientes como para mandar una dotación a vacunar.

Distintas fuentes admiten que detectar los brotes también es complicado porque la mayoría de los contagiados lo pasan sin síntomas, precisamente por el alto porcentaje de vacunados. Así sucedió en Alicante, donde dos módulos estaban prácticamente contagiados al completo, pero no se supo hasta que uno de los internos presentó síntomas claros y se realizó un cribado.

También la mayor parte de los funcionarios están ya protegidos ante el virus. No hay datos centralizados sobre cuántos trabajadores de prisión ha sido inmunizados, debido a que la primera dosis se inyectó en una de las fases del Ministerio de Sanidad para personal esencial, pero luego se paralizó el uso de AstraZeneca y la segunda dosis ya dependió de cada Comunidad Autónoma, explican estas fuentes. No obstante, los cálculos son al alza e incluso Instituciones Penitenciarias recomienda que no entren a las cárceles los trabajadores y monitores de cursos externos que no acrediten estar vacunados.

En este sentido, también las actividades de cada cárcel están condicionadas a las restricciones que allí se hayan impuesto en cada momento. Los internos suelen recibir cursos o hacer trabajos de la mano de ONG o trabajadores sociales, pero a lo largo de la pandemia éstas han sido interrumpidas continuamente.

Mascarilla obligatoria para trabajadores

Más allá de que cada Centro Penitenciario pueda tener sus propias limitaciones, desde el Ministerio del Interior se ha enviado una circular a los órganos directivos para hacer extensivo el uso de las mascarillas hasta después del verano.

En un oficio del pasado 25 de junio al que ha tenido acceso Confidencial Digital, el subdirector general de recursos humanos Eugenio Arribas expone a todos los directores la necesidad de mantener en los centros penitenciarios el uso de la mascarilla entre empleados y empleadas públicos, así como de cualquier persona que acceda del exterior a realizar cualquier tipo de actividad.

En el documento no se especifica un límite temporal, y las fuentes consultadas confirman que el horizonte para eliminar la mascarilla de los centros no parece cercano. No obstante, esta obligatoriedad solo afecta a los trabajadores. Los internos no deben tener la mascarilla puesta ni en el interior de la celda ni en el patio, puesto que se considera que es el lugar donde residen. Sí deben ponérsela para recibir visitas, participar en los cursos o salir de permiso.

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