Chapuzas Félix Bolaños S.A.
Se anunció un choque de trenes entre instituciones. Se habló de instante crítico, de momento de peligro para la estabilidad democrática. Se pronosticó una crisis como nunca había vivido el país. Incluso se blandieron palabras extremas, como “complot” y hasta “golpe”. Y no faltó quien, como Podemos, propuso la desobediencia a lo que se acordará.
Todo eso ocurría en vísperas de que el Tribunal Constitucional debatiera el recurso contra la ley, aprobada en el Gobierno y enviada al Senado, por la que se modificaba el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
¿Qué se estaba intentando con tamaña catarata de amenazas? Amedrentar a los miembros del Alto Tribunal, con el fin de que, ante tales augurios catastróficos, y por sentido de responsabilidad y de Estado, no osaran paralizar la ley que tenía que votar el Senado.
A pesar de ese clima apocalíptico, el Tribunal decidió entrar en el asunto, y posteriormente paralizar las enmiendas que se habían introducido en esa ley y que afectaban a los nombramientos de CGPJ y TC.
Ya antes el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de los estados de alarma dictados por uno de los poderes del Estado, el Gobierno. Pero ¿puede el Tribunal Constitucional corregir las decisiones del otro poder, el Legislativo, es decir de un órgano emanado de la soberanía popular, como son el Congreso y el Senado?
Puede. De hecho, son numerosas las leyes, incluso orgánicas, que habían sido refrendadas con el voto de las dos cámaras, y que después se han visto corregidas. Y algunas, rechazadas.
Un caso paralelo. La reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, votado por el Parlament, fue paralizado y reformado por decisión del Tribunal Constitucional. Y, como tal, cámara catalana es tan parlamento legítimo como las Cortes Españolas.
El presidente del Senado, Ander Gil, sostuvo que había quedado “comprometida la autonomía de las cámaras”. Pero es que las cámaras no son autónomas. No al menos en el sentido de que estén por encima de la legalidad, ni por encima de la Constitución.
¿Puede el TC actuar antes de que se tome una decisión, es decir cuando una cámara se encuentra todavía tramitando la disposición legal?
Puede. Y lo aplico, de hecho, repetidas veces en el caso del ‘procés’, prohibiendo, así, prohibiendo, que se reuniera y que se votara. Y, por cierto, lo acordó con el apoyo de los socialistas en Madrid.
Y, por no haber acatado tales prohibiciones, han sido procesados y condenados personajes como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell (a once años), por las estrategias urdida los días 6 y 7 de septiembre para eludir la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.
“Un medida insólita en democracia”, afirmaba El País, hablando de la decisión del TC. Una medida, como se ve, no tan insólita.
Exactamente, ¿qué es lo que ha hecho el TC? Ha paralizado la votación en el Senado de las enmiendas para cambiar el sistema de nombramiento de magistrados del CGPJ y del TC. No el resto de iniciativas del Gobierno que van en la ley, como la supresión de la sedición y la reducción de penas por malversación.
¿Cuál es el origen de este conflicto? Que el Gobierno reformó de urgencia la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a través de sendas enmiendas a otra proposición de ley, de reforma del Código Penal, que estaba en trámite.
Y que el Partido Popular presentó recurso apoyándose en que el Constitucional ya estableció hace años que ese procedimiento -cambiar una ley a través de enmiendas a otra ley distinta- es inconstitucional, puesto que no permite a los diputados debatir en profundidad esos cambios. Recurrieron en amparo al tribunal, argumentando que se habían vulnerado sus derechos de participación política y pidieron una medida cautelarísima, prevista en la ley, para suspender la tramitación legislativa.
O sea, alegó que la introducción de las enmiendas sobre el CGPJ y sobre el Tribunal Constitucional a través de una norma que nada tiene que ver con eso -la del Código Penal-, y con un trámite de urgencia, vulneraba el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes -los diputados-, un derecho blindado por el artículo 23.2 de la Constitución.
El TC entendió que el asunto tiene una “especial trascendencia constitucional”, y plantea una cuestión “de relevante y general repercusión social, que, además, tiene unas consecuencias políticas generales”, por lo que decidió admitir el recurso y paralizar las enmiendas.
Así pues, el intento ha quedado abortado. Y la decisión del Constitucional ha sido acatada por el Gobierno y los partidos que lo sustentan. No hay, pues, peligro para la estabilidad, y mucho menos se ha producido un “golpe’. Y tampoco va a existir desobediencia.
Tal como se ha contado en estas páginas, el presidente del Gobierno ha responsabilizado al ministro de Presidencia, de lo ocurrido. Porque detrás de la chapuza de intentar reformar dos leyes orgánicas a través de una enmienda a una tercera ley ha brotado del supuesto cerebro jurídico de Félix Bolaños. Y él ha sido el impulsor de recurrir al procedimiento de urgencia.
Posiblemente pensó que el TC no se ‘atrevería’ a paralizar la ofensiva, precisamente por temor a provocar la crisis institucional, el choque de trenes y el riesgo para la democracia que pronosticaban las terminales mediáticas del Gobierno. Pero se ha atrevido. Y ha dejado al Gobierno con las intimidades al aire.
Defectos de forma y prisas inadmisibles, están detrás del fracaso. Hasta el mismo Tomás de la Quadra-Salcedo ha admitido que ha podido puede haber un defecto de forma en la iniciativa del Gobierno ahora frenada.
El ministro de la Presidencia, que urdió la operación, se empeñó en tramitarlo así, diciendo que no habría problemas. Y los ha habido, y gordos.
El cabreo de Sánchez ha sido tal, que obligó a Bolaños a salir a la palestra, la misma noche del lunes, con el aviso de que, si no, tendría que marcharse a casa.
Hay que decir que todo lo que el Gobierno se ha propuesto, en cuanto al cambio en el sistema de elección de los miembros del CGPJ y del Tribunal Constitucional, va a poder culminarlo, porque tiene los votos para ello. Pero no de esa forma chapucera, y no ahora mismo, como pretendía. Ya ha anunciado que recurrirá a la vía de la proposición de ley, y eso llevará tiempo.
Una última reflexión. Lo ocurrido ¿provocará un cierre de filas en el electorado socialista, de izquierdas, que cerrará filas con el Gobierno, como se ha pronosticado? Veremos.
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