¿Puede el Estado espiar? Por supuesto
Una vez escribí que Pedro Sánchez es capaz de vender todo, lo que haga falta, con tal de mantenerse en el sillón de La Moncloa. Y ha vuelto a ocurrir.
Ahora ha entregado la Comisión de Secretos Oficiales, con la decisión de que puedan formar parte de ellas dos partidos antiespañoles como son Esquerra y Bildu.
Y otra vez más, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha actuado como sumisa servidora de La Moncloa y de su partido. Como simple militante. Ya ocurrió, por ejemplo, con la anómala votación que permitió que saliera adelante la Reforma Laboral.
Y Sánchez ha entregado también el CNI, al destrozar su credibilidad. Y así, el Centro Nacional de Inteligencia ha sido una vez más traicionado por quienes deberían defenderlo por encima de todo.
El asunto Pegassus ha provocado un aparente escándalo máximo en las filas independentistas catalanas, donde, sin embargo, taparon a toda prisa las noticias sobre seguimientos y vigilancias de los Mossos a dirigentes políticos no nacionalistas.
En el caso del supuesto espionaje ahora denunciado, los datos apuntan a que las escuchas se realizaron con permiso judicial y de forma individualizada, no colectiva, centradas sobre todo en personas que mantienen relación con los CDR, es decir, los grupos paraterroristas del catalanismo.
Si ello es así, ¿a qué viene cargarle el mochuelo al CNI, como ha practicado el Gobierno? Viene a que necesita salvar el pellejo. Entregará la cabeza de la directora, Paz Esteban, solo por asegurarse que Esquerra no va a romper la baraja, no va a poner en peligro la estabilidad parlamentaria.
Si acaso ha habido alguna actuación no suficientemente explicable, la línea de reacción de cualquier Gobierno medianamente sensato, y hasta patriota, es corregir esos errores de forma contundente, pero interna, reservada. Y no poner en berlina al conjunto de los servicios de información, tirando por los suelos su prestigio.
A todo esto, y hablando de espionajes, ¿un Gobierno puede practicar el espionaje? La respuesta es que sí. Entiendo que con esa palabra, espionaje, se alude a actividades de vigilancia, escucha y seguimiento, por motivos suficientemente graves y con el visto bueno judicial.
El Estado tiene obligación de mostrarse atento a aquellos que son una amenaza para el conjunto de la ciudadanía. Como es el caso de los secesionistas catalanes, que buscan romper el país.
Se ha vigilado a ETA durante años. Se ha seguido de cerco a los islamistas peligrosos (es conocido que la mayor parte de los imanes en las grandes mezquitas españolas han estado controlados por el CNI). Se vigilan las redes sociales para detectar amenazas terroristas...
No solamente eso. Se han pinchado y se pinchan los teléfonos de políticos sospechosos de corrupción, de empresarios inmersos en casos de fuga de capitales, de artistas que eluden a Hacienda…
El Estado, no solo puede vigilar (espiar), sino que debe. Y más aún cuanto más grave es el peligro, como ocurre con los intentos de romper la legalidad y la unidad del país.
Puede, debe. Por supuesto, insisto, con las garantías citadas: medios lícitos, motivo proporcionado, permiso judicial.
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