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José Apezarena Editor de Confidencial Digital

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Verdades como puños (¿cómo puñetazos?) sobre la eutanasia

El Gobierno Sánchez está utilizando de forma torticera la excepcionalidad del estado de alarma. Viene sirviéndose del drama de la pandemia de coronavirus para sacar a toda velocidad, hurtando al Parlamento un debate adecuado, asuntos tan decisivos como los Presupuestos Generales del Estado, la nueva ley de educación (la LOMLOE, o Ley Celaá) y ahora la eutanasia.

La ley orgánica para la regulación de la eutanasia, no solamente reconoce el supuesto “derecho a morir”, sino que lo asume como una “prestación” del Sistema Nacional de Salud. Ha sido aprobada en el Congreso y ahora pasa al Senado, donde le espera una tramitación rápida y sin problemas.

Escribí recientemente sobre la nueva ley de educación, y ahora me propongo hablar algo sobre la legalización de la eutanasia, también como entonces, aportando en lo posible verdades como puños.

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Para empezar, ni el Comité de Bioética de España, ni la Organización Médica Colegial, ni la Sociedad Española de Cuidados Paliativos han sido escuchados. Lo cual parece algo escandaloso, ¿no? En asunto tan decisivo, el Gobierno no ha querido oír la voz de los que saben.

La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad exigió en su día que se protegiera su derecho a la vida si se autorizaba en España la eutanasia. En vano, por lo visto.

Y ahora, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha considerado que la ley “podría constituir una invitación pública a que las personas con discapacidad opten por la terminación de su vida”. Dramática acusación, sin duda.

Jordi Évole realizó una interesante entrevista al doctor Marcos Gómez, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, referente mundial en paliativos, con treinta años dedicados a esa especialidad, y que fue el encargado de elaborar el plan de cuidados paliativos de Canarias.

Relataba el doctor que es habitual que, cuando los enfermos llegan por primera vez, digan que se quieren morir. Si le preguntas -cuenta- por qué, responde: porque tengo un cáncer de páncreas, sufro un dolor extenuante, y llevo once días sin dormir por el dolor.

A la cuestión de qué está tomando, “me dice que un Nolotil lunes miércoles y viernes de los años bisiestos. En esas condiciones, probablemente yo solicitaría lo mismo. Pero, en el momento en que le aplicas la primera dosis de morfina, ese discurso desaparece y no vuelven a hablar de lo mismo nunca más”.

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Explica el doctor Marcos Gómez que la demanda de eutanasia es absolutamente anecdótica en el entorno de los cuidados paliativos bien efectuados. En el servicio de paliativos del Hospital El Sabinal, en Canarias, que él creó y ha dirigido, han atendido en estos años a más de 25.000 personas, y no ha habido más de tres o cuatro demandas persistentes de eutanasia.

Por tanto, argumenta, el objetivo se debe centrar, más que en ver qué hacemos con esos tres, en procurar que, lo que hacemos a esos 25.000, se les aplique a todos los enfermos de España, que no se les hace.

España ocupa en el mundo el lugar número 23 de cuidados paliativos, y en Europa el 14. Solamente estamos por delante de Polonia, Portugal, Grecia y Lituania. “Esto para mí es una vergüenza. Esto es un escándalo”, afirma.

El problema, insiste el doctor Marcos Gómez, es que en España hay pocos servicios de cuidados paliativos. En este país, 120.000 personas necesitan cada año cuidados paliativos especializados, y solamente los reciben la mitad. La mitad. Motivo: no se destina dinero a crear más equipos de paliativos. Y llevan treinta años reclamándolo.

Concluye que las autoridades sanitarias no tienen demasiado interés. ¿Por qué? “A lo mejor los cuidados paliativos no son algo brillante. Son más brillantes los trasplantes, las cirugías de élite, más que atender a pacientes avanzados o terminales”.

En estas circunstancias -añade-, “¿cómo se va a legalizar una forma de acabar con los enfermos? Atiéndales primero. Lo mínimo que podemos hacer es que los enfermos puedan elegir. Que puedan elegir entre un buen servicio de cuidados paliativos que les cuida o la eutanasia. Pero, mientras no podamos ofrecer a los enfermos que puedan elegir entre esas dos cosas, porque una no existe, no creo que lo más adecuado sea despenalizar, legalizar alguna forma de acabar con estos pacientes”.

Primero, unos buenos paliativos, y después ya veremos si decidimos una ley de eutanasia, concluye. Y entonces, la discusión no va a ser tan vehemente como hoy, porque hoy son muchos los que no están adecuadamente atendidos.

Es conocido, apunto por mi parte, que la mayoría de los que afirman que desean morir, lo que en realidad quieren decir es que no quieren sufrir. Ni el dolor ni la soledad. Y para ambas demandas hay soluciones, que excluirían la demanda desesperada, y definitiva, de poner fin a su vida. Para el dolor, los cuidados paliativos, suficientemente desarrollados y probados. Para la soledad, el acompañamiento. Eso son soluciones, y no el recurso a la muerte.

Otra clave más. Unos cuidados paliativos pueden costar en torno a los 10.000 euros al mes. Una eutanasia cuesta 7 euros y 28 céntimos.

Con la nueva ley, los médicos se van a enfrentar a un grave desafío: incumplir sus principios, es decir, ayudar a al gente a curarse, y cambiarlos por proporcionar la muerte, por matar. Pienso que una gran mayoría se resistirán y se acogerán a la objeción de conciencia. Lo que dificultará enormemente la implantación de la eutanasia en centros públicos.

Voy a concluir con una previsión. Me temo que va a suceder algo parecido a lo que ha pasado con el aborto, que ha conducido al enriquecimiento de clínicas privadas que lo aplican sin dificultad; cobrando claro. Algo semejante ocurrirá con la eutanasia, me parece. Para los que la puedan pagar.

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