Libertades amenazadas: de Bruselas a Hong Kong pasando por París

Esta vez no es la Eurocámara, sino la comisión de Bruselas, quienes se enfrentan al ejecutivo de Varsovia. Inicia un cuarto expediente de infracción contra nuevas reformas promovidas por el Partido de la Ley y la Justicia (PiS), que afectan a la justicia y los jueces, así como a la celebración de elecciones presidenciales en tiempos de pandemia.

En primer lugar, admiten las denuncias de la oposición contra una especie de ley "mordaza" contra la libertad de expresión de los jueces, en la medida en que amplía el ámbito de las infracciones disciplinarias: serían sancionados por criticar reformas vigentes, aunque aprobadas con gran mayoría, aunque no pacíficamente. Según la comisión, “se impediría a los tribunales polacos cumplir su obligación de aplicar el derecho europeo o elevar cuestiones previas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

En realidad, existe un problema de confianza mutua, agudizado por la decisión de un tribunal alemán de negar la extradición de un imputado polaco alegando que se le negaría un juicio justo. Al cabo, no parece distar de las decisiones adoptadas contra la justicia española, tanto en Alemania como en Bélgica, que no favorecen en modo alguno con sus prejuicios la construcción del espacio jurídico europeo.

Algo semejante puede suceder con las reservas ante la organización de la elección presidencial polaca por correo, prevista para el 10 de mayo, decisión que está siendo muy discutida, comenzando por Donald Tusk, presidente del PPE, ex primer ministro polaco. Pero ese tipo de votación no tiene los riesgos de una consulta on line, demasiado vulnerable a ciberataques y violaciones de la seguridad.

Por su parte, la vicepresidente para valores y transparencia, encargada de la defensa del Estado de derecho, la checa Vera Jourova, se escuda en que están vigilantes, porque la lucha contra la pandemia está dando lugar a situaciones incompatibles con la UE. Pero da la impresión de que se fijan sobre todo, quizá justificadamente, en los países del grupo de Visegrado. Se comprenden las presiones de algunas ONG contra las políticas de Viktor Orban en Hungría, pero son asuntos internos que más bien pueden contribuir a aumentar los sentimientos antieuropeos de algunas naciones que han sufrido demasiadas opresiones en su historia reciente.

La realidad inquietante es la vigencia de estados de emergencia o alarma en varios países comunitarios. Las correspondientes figuras son constitucionales: el problema, como en España, es la facilidad de los gobernantes para eludir los controles parlamentarios o jurisdiccionales. No me parece lógico reformar por decreto detalles significativos de la organización judicial o leyes procesales básicas.

Ciertamente, la inquietud es amplia. Al menos, el gobierno de Macron ha decidido aplazar la tramitación del proyecto de ley que permitiría el llamado StopVirus, como medio de lucha contra la pandemia. Después de tanta legislación europea sobre protección de datos, no se pueden adoptar decisiones soberanas, aunque –en conjunto- Emmanuel Macron hable continuamente de multilateralismo.

Entretanto, Pekín aprovecha las circunstancias para aumentar la represión en Hong Kong, haciendo oídos sordos a la multitud de voces críticas que se escuchan en la antigua colonia o en el resto del mundo. Cada día está más claro que Xi Jinping incumple a sabiendas el compromiso adoptado en el tratado de retrocesión: “un país, dos sistemas”. Está diseñando un futuro, que desearía también aplicar a Taiwán: “un país, un sistema”.

La coyuntura coincide con una crisis profunda del gran instrumento de la multilateralidad diseñado al final de la segunda guerra mundial: la ONU. No se trata sólo del conflicto planteado contra la OMS, acusada de connivencia con Pekín por el presidente Trump. Las propias Naciones Unidas muestran, en estos momentos de crisis, su incapacidad de contribuir a un auténtico orden mundial.

Carece de la autoridad con que soñaron tantos líderes mundiales del siglo XX.

Y, por si fuera poco, algunos se dirigen a los gigantes de la Web para exigirles que se comprometan decididamente a favor del derecho a una información fiable. Pero no parece plausible confiar en un cuasimonopolio poderosísimo como garante de la libertad. Como tampoco en el poder ejecutivo: no puede ser árbitro de la información, como titulaba ayer una tribuna de Le Monde. Para defender los derechos humanos sólo hay un monopolio, a mi entender: un poder judicial reforzado, en contra de la voluntad de tantos pseudolíderes políticos de esta difícil hora.