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Dinero

Se niegan a cometer actos ilegales

Los sindicatos vigilan traslados forzosos de funcionarios en Cataluña para denunciarlo ante la Fiscalía

Están en alerta para evitar que la Generalitat les obligue a comenzar a trabajar para la Hacienda y Seguridad Social indepedentistas

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Inquietud entre los funcionarios de la Generalitat ante posibles traslados forzosos a las estructuras de Estado que están proyectando los partidos independentistas para iniciar el proceso de “desconexión” de España y la creación de una República catalana.

Artur Mas en el Parlament. Artur Mas en el Parlament.

Según ha confirmado El Confidencial Digital por fuentes de la Administración, sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se encuentran en “máxima vigilancia” de los empleados públicos que la Generalitat se disponga a trasladar a un organismo creado para la independencia, como una Hacienda y Seguridad Social catalanas.

Se interpreta que primero se buscará voluntarios, pero si no se completa el número de efectivos no descartan traslados forzosos. En ese caso, se recomienda dirigirse, de inmediato, al consejero en cuestión trasladando por carta sus reparos o acudir directamente a la Fiscalía para denunciar el caso.

Hacienda y Seguridad Social independentistas

La resolución de ruptura de Cataluña con España, aprobada el pasado 9 de noviembre con 72 votos a favor y 63 en contra, prevé iniciar en el plazo de treinta días “la tramitación de las leyes del proceso constituyentede Seguridad Social y de Hacienda Pública”.

Se trata, recoge el texto, de hacer posible “el proceso de desconexión democrática” de España y se advierte que no se hará caso a las decisiones que adopten las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”, “deslegitimado” desde que dictó la sentencia del Estatut en 2010.

Exigir las órdenes independentistas por escrito

Los funcionarios tienen ya prácticamente listo un protocolo de actuación contra las órdenes independentistas que puedan recibir a partir de los próximos días para crear la República catalana. Será presentado con todo detalle este jueves en Barcelona.

Tal y cómo contó ECD, el protocolo recomendará, en primer lugar, que los empleados públicos a los que se les planteen dudassoliciten el mandato por escrito.

Se trata de un modelo de reclamación para que todos aquellos funcionarios que reciban presiones políticas puedan así denunciar a sus superiores. También se les proporcionará asesoramiento jurídico de inmediato, cuando existan dudas sobre si su actuación se ajusta a la ley, especialmente una vez que la declaración independentista ha sido ya suspendida por el Tribunal Constitucional.

Juicios rápidos y hasta condenas de inhabilitación

Los funcionarios no pasan por alto los “graves riesgos” que acarrea la implicación en el desarrollo de estas “entidades nacionales”, ante los continuos recursos contra ellas que el Gobierno viene presentando en el Tribunal Constitucional.

Han valorado que se enfrentan a juicios rápidos y a condenas de inhabilitación si colaboran en la “desconexión” con España. Paradójicamente, Artur Mas no puede ser inhabilitado en razón de su cargo de presidente de la Generalitat en funciones, pero sí el resto de cargos públicos catalanes al no estar aforados.

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