Andorra recibe con honores a diplomáticos que España estudia expulsar por vulneración de derechos humanos
No suelo sorprenderme con facilidad. El oficio del periodismo, con los años, te vacuna contra la ingenuidad y te acostumbra a convivir con la incoherencia del poder. Pero hay momentos en los que, incluso con esa coraza puesta, uno no puede evitar el asombro.
Hace apenas unos días, el embajador de la República de Chipre y su cónsul eran señalados públicamente por presuntas vulneraciones del derecho a la libertad de prensa, unos hechos de la suficiente gravedad como para anunciar la presentación inminente de una denuncia ante las Naciones Unidas. No se trataba de una polémica menor ni de un malentendido diplomático: hablamos de presiones directas a un periodista, con exigencias incompatibles con cualquier estándar democrático.
Tan serios son los hechos que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España está valorando la retirada del plácet, es decir, la autorización que permite a un diplomático extranjero ejercer oficialmente en territorio español. La retirada del plácet no es un gesto simbólico: es una medida excepcional, que implica la pérdida de confianza del Estado receptor y que, en la práctica, supone el final anticipado de una misión diplomática.
Y, sin embargo, casi simultáneamente, Andorra decide recibir a esos mismos diplomáticos con honores, al más alto nivel institucional. La ministra de Asuntos Exteriores y el jefe de Gobierno les abren las puertas mientras el país vecino estudia si deben seguir representando a su Estado en suelo español. La imagen, cuanto menos, es desconcertante.
No se trata de cuestionar la cortesía diplomática ni las relaciones entre Estados. Se trata de algo mucho más básico: el mensaje que se envía. Porque cuando un diplomático es acusado de presionar a un periodista para que entregue material protegido por el secreto profesional, el problema ya no es bilateral, ni protocolario. Es un problema de derechos humanos.
Resulta difícil de explicar que, mientras en España se analiza una posible sanción diplomática de máxima gravedad, en Andorra —mi país— se actúe como si nada hubiera ocurrido. Como si la libertad de prensa fuera un asunto secundario, incómodo o prescindible frente a la inercia de la diplomacia tradicional.
La libertad de prensa no es un privilegio corporativo ni un eslogan para discursos institucionales. Es una línea roja. Y cuando se cruza, lo mínimo exigible a las instituciones democráticas es coherencia. No gestos que parezcan más bien un ejercicio de autoprotección diplomática, donde los derechos fundamentales quedan relegados a un segundo plano.
Quizá lo más preocupante de todo no sea la recepción en sí, sino la normalización de lo inaceptable. Que se asuma que se puede presionar a un periodista y, aun así, seguir siendo recibido con honores. Que el poder se mire a sí mismo, se salude, se tranquilice… mientras el periodismo queda fuera de la foto.
Y eso, ocurra donde ocurra, debería preocuparnos a todos.
