Opinión

El intervencionismo público puede ahogar la responsabilidad social de las empresas

Parece pronto aún para valorar la eficacia de las diversas idiosincrasias nacionales en la lucha contra el coronavirus, en buena medida, porque el fenómeno dista mucha de alcanzar una estabilidad que permita deducir conclusiones razonables. Pero sí hay indicios para temer que las prisas de los gobiernos occidentales les lleven a dictar medidas autoritarias que dibujen un confinamiento más grave que el relativo a la movilidad de los ciudadanos.

Se abusa quizá de palabras como reconstrucción, normalización, reinvención, que apuntan a un renovado y amplio intervencionismo de los poderes públicos. Comporta el riesgo de encoger la responsabilidad y la iniciativa personal y colectiva de los ciudadanos, tan necesaria en países -como España- con déficit de sociedad civil.

He considerado estos problemas a raíz de un comentario en el blog de Antonio Argandoña, el pasado 6 de julio, sobre la reforma del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España: deja de usar el término Responsabilidad Social Corporativa y lo sustituye por Sostenibilidad. Aunque reconoce que de gustibus non est disputandum, le parece una pérdida.

Y ciertamente lo es, porque refleja una visión de la empresa demasiado centrada en la reputación, más superficial que profunda. Se comprende que, en el plano de la búsqueda de imagen, la responsabilidad social de la empresa era para más de uno un modo de hablar que sonaba mejor que la filantropía a la americana; venía a ser casi, como dice Argandoña, “la pariente pobre de la compliance, del cumplimiento normativo: lo importante es cubrir a la empresa de los posibles fallos de sus empleados y directivos”.

Tal vez los directores de comunicación prefieran ahora el término sostenibilidad..., en consonancia también con la tendencia en tantos países a hablar mucho de compromisos medioambientales, que llegan a los boletines oficiales del Estado o a las directivas de la Unión Europea. El afán regulador, aunque se queda con frecuencia en  principios poco efectivos, llega también al nuevo derecho mercantil, cada vez más cercano al derecho administrativo. Pienso, a título de ejemplo, en la discutida ley francesa “pacte”, de mayo del año pasado, sobre el crecimiento y la transformación de las empresas, con el deseo de redefinir su papel dentro de la sociedad. Por si fuera poco, esa norma faculta al Gobierno para adoptar muchas medidas por “ordenanza” (decretos legislativos no parlamentarios). No está a la zaga en este punto el ejecutivo español, con su inusitada afición al uso y quizá abuso del decreto-ley, que evita la confrontación en Congreso y Senado. Tengo más miedo a ese creciente intervencionismo que a la ideología del libre cambio absoluto que demoniza Thomas Piketty, también porque me parece chivo expiatorio irreal.

La crisis provocada por la pandemia abre enormes posibilidades para recomenzar con nuevos planteamientos, pero la sensibilidad ecológica debería sumarse a una renovada y profunda responsabilidad social de las iniciativas económicas y mercantiles. Como escribía hace un par de mes Muhammad Yunus, sabemos bien cómo reactivar la economía, pero no la respuesta a la verdadera pregunta: “¿debemos volver al mundo como era antes del coronavirus? ¿O deberíamos repensarlo?”

Sobre todo, ante la increíble libertad de elección que surge de la pandemia, a juicio del premio Nobel de la paz de 2006, deberíamos ponernos de acuerdo sobre qué economía queremos. Porque es sólo un medio, no un objetivo en sí: “una herramienta que debemos pensar y repensar una y otra vez hasta que nos lleve al mayor bienestar común posible”.

Yunus proponer configurar la reconstrucción en torno a un eje central: el social business: empresas que persigan ante todo –simplifico- resolver problemas de las personas, y no obtener beneficios para los inversores. No está claro, en cambio, que para conseguir ese objetivo, los Estados deban ser “la fuerza motriz”. Ciertamente, pueden y deben emplear herramientas clásicas del Estado del bienestar –después de sopesar con rigor sus límites-, atender a los servicios públicos esenciales, asegurar la sanidad para todos los ciudadanos. Más dudoso es que deban sostener nuevas empresas en campos donde las iniciativas de emprendimiento social tarden en emerger. Otra cosa son las también clásicas medidas de fomento. Porque la clave del cambio de paradigma ha de proceder de los ciudadanos, de las propias empresas, de los fondos de inversión, de ejecutivos con talento y visión de futuro. En todo caso, el reto es la construcción de una economía con vocación social y ecológica.

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