California rectifica y prohíbe bodas entre homosexuales
Los magistrados de la Corte Suprema de California han confirmado la ilegalidad de las bodas entre personas del mismo sexo. Si bien, las 18.000 parejas que formalizaron su unión durante los siete meses que el estado de California lo permitía, mantendrán su legalidad. Aquellas bodas fueron autorizadas ya que suprimieron el artículo de la Constitución que definía el concepto de matrimonio. Pero ahora la reciente sentencia del tribunal refrenda la famosa “Proposición 8”, una iniciativa popular aprobada por la mayoría de los votantes en el referéndum del pasado mes de noviembre, que reconocían la institución matrimonial como la unión entre un hombre y una mujer.
En muchos países, como España, tratan de redefinir el concepto de matrimonio lo cual no sólo le perjudica y debilita sino que además infravalora la misión a la que está llamado. Los legisladores, lamentablemente excluyen el fundamento natural del matrimonio. Pues el matrimonio es la unión libre entre un hombre y una mujer que por su complementariedad sexual tienen la facultad de emanar nuevas vidas.
Los Estados no pueden promulgar leyes para deshacer términos que ya de por sí poseen su sentido específico. Todos los términos o palabras tienen su significado particular e intransferible. De hecho la Real Academia de la Lengua Española define al matrimonio como “la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales”. Ya vemos que en ningún momento dice nada al respecto de la unión entre personas del mismo sexo. Efectivamente es absurdo e injusto intentar apropiarse de algo que no te corresponde etimológicamente. En cualquier caso, las uniones de personas basadas exclusivamente en afectos y en la convivencia ni son ni deben ser jamás denominadas matrimonio, pues carecen de la dimensión procreativa inherente al matrimonio.
En definitiva, el matrimonio es una institución natural que no puede estar sujeto a las decisiones de grupos políticos. El matrimonio no se debe concebir como una simple convención social como si no gozara de ningún fundamento natural, ni tampoco equiparla a otras formas de convivencia de hecho. Las diferentes realidades han de ser tratadas de forma distinta. La competencia que le corresponde al Estado es la de cuidar y promover las riquezas naturales y propias del matrimonio y por tanto las de la familia.
Nos encontramos con la oportunidad de poder restituir legalmente el verdadero sentido del matrimonio. Claro que para saber rectificar se precisa de la humildad, y lo que ocurre es que no siempre disponemos de políticos y magistrados adecuados que procuren enmendar la actual ley en pos del bien de la sociedad. Pero lo cierto es que lo acontecido en California es, cuanto menos, edificante y esperanzador.
